Energía
Luz verde a la nueva macroplanta fotovoltaica de Arona, pese a su impacto ambiental y paisajístico
Aprobado por el Gobierno de Canarias, el proyecto de Disa, con casi cinco megavatios y cinco hectáreas, deberá cumplir estrictos controles ambientales y patrimoniales antes de iniciar las obras

Instalaciónes de generación de energía eólica y fotovoltaica en Arico, en el sur de Tenerife. / Arturo Jiménez

El Gobierno de Canarias da luz verde a una nueva macroplanta fotovoltaica en Arona que ocupará cerca de cinco hectáreas de terreno y cubrirá de paneles solares una zona con alto potencial agrícola y espacios que requieren protección ambiental. Con un presupuesto superior a los 259.000 euros, el proyecto, promovido por Disa, tendrá una potencia de casi cinco megavatios y necesitará una línea de media tensión para llevar la electricidad hasta la red, un trazado que atraviesa zonas de barrancos protegidas y que ha generado discrepancias entre distintas administraciones.
La línea de evacuación, el principal escollo del proyecto
Precisamente, el principal conflicto es que dicha línea de evacuación pretende discurrir por terrenos que el Plan Insular de Ordenación de Tenerife clasifica como Áreas de Protección Ambiental, donde este tipo de instalaciones están prohibidas con carácter general. El Cabildo de Tenerife consideró que esos tramos no encajaban con el planeamiento insular y planteó estudiar un trazado alternativo, además de reclamar una justificación más detallada que determine el impacto ambiental y paisajístico que puede generar una infraestructura de este calibre.
Y es que el recorrido afecta a un hábitat de interés comunitario formado por distintas especies autóctonas, como el tabaibal dulce y las baleras, estas últimas asociadas al cauce del barranco de Llano Azul. Por ese motivo, el informe de la Dirección General del Medio Natural obliga a Disa, como medida de protección, a reforzar el balizado de las zonas sensibles y evitar cualquier vertido o derrame en el cauce durante las obras.
Cabildo y Arona, en contra
En la misma línea, los informes del Cabildo advirtieron de que la planta supone renunciar al posible aprovechamiento agrícola de estos terrenos, que están siendo considerados para una futura Reserva Agraria Estratégica. Disa defendió durante la tramitación que la parcela lleva más de tres décadas en desuso, que no dispone de una red de riego próxima y que sus características hacen más adecuado su aprovechamiento para la producción solar. El Cabildo, no obstante, alertó de que la acumulación de proyectos fotovoltaicos podría reducir progresivamente el suelo disponible para recuperar actividades agrícolas.

Placas fotovoltaicas y aerogeneradores en el sur de Tenerife. / ELDÍA
Por su parte, el Ayuntamiento de Arona también muestra reparos por la ubicación de la planta. El Consistorio considera que estos terrenos pueden ser “estratégicos para el futuro del municipio” y para la posible expansión de los núcleos próximos, que se encuentran a 220 metros de distancia. Por esta razón, advierten del impacto paisajístico por la cercanía a zonas residenciales y sostienen que no resulta adecuado instalar una infraestructura de estas características “prácticamente pegada” a las viviendas. Por ello, aseguran que seguirán defendiendo la preservación de estos suelos dentro de sus competencias.
Planta de utilidad pública
Pero, pese a estas discrepancias, el proyecto encontró una vía para sortear las incompatibilidades detectadas con el planeamiento. En enero de 2025, el Gobierno de Canarias declaró la instalación de interés general y, posteriormente, mediante el Decreto 101/2026, acordó su ejecución y ordenó modificar el planeamiento afectado. La decisión se justificó por la necesidad de impulsar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables en Canarias. En consonancia, la autorización declara, ahora, la planta de utilidad pública, una figura que adquiere especial relevancia porque permite actuar sobre los terrenos necesarios para construir la conexión de la instalación con la red.
El problema es que Disa, aunque dispone de las parcelas donde se colocarán los paneles, no dispone de buena parte de los terrenos por los que discurrirá la línea de evacuación. Por tanto, la declaración permite recurrir a la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados si no se alcanzan acuerdos con sus propietarios, haciendo posible la ejecución de la conexión. Para ello, la entidad energética tendrá un plazo máximo de cinco años para ejecutar y poner en servicio la instalación desde la obtención del permiso de acceso, con una prórroga excepcional hasta los ocho años.
Condicionada a nuevos controles ambientales
Sin embargo, la autorización no permite a Disa comenzar las obras de forma inmediata. El permiso queda condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos ambientales, patrimoniales y técnicos que deberán completarse antes de entrar en la fase constructiva. Entre ellos, la empresa tendrá que incorporar al proyecto de ejecución un apartado específico sobre el cumplimiento de la ordenanza insular que regula las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, además de elaborar un estudio de los valores patrimoniales de los terrenos que incluya una prospección arqueológica para comprobar que no existen restos o elementos de interés.

alcaraván común / El Día
Por otro lado, tendrán que realizar controles ambientales para evaluar el impacto sobre el alcaraván común, una ave endémica especialmente sensible a la transformación del suelo y presente en el entorno de la instalación. El seguimiento deberá permitir comprobar si la planta provoca el desplazamiento de estas aves, la pérdida de hábitat o dificultades para sus movimientos y, para su posterior protección, el vallado deberá incorporar señales visibles intercaladas en la malla para reducir el riesgo de colisión e iluminación nocturna mediante sistemas de presencia.
Asimismo, la Dirección General de Salud Pública ha recomendado reducir las emisiones de polvo, ruido y vibraciones durante las obras y realizar mediciones de los campos electromagnéticos en las zonas próximas al recorrido de la línea de evacuación. También se deberá proteger la flora autóctona que pueda verse afectada por los movimientos de tierra, con su traslado a viveros para su posterior reintroducción en zonas libres de la instalación. Con todo ello, si finalmente comienzan las obras, la planta, denominada Llano de los Bebederos I, contará con 8.610 módulos fotovoltaicos de 700 vatios cada uno, capaces de aprovechar la radiación solar por sus dos caras, que estarán instalados sobre estructuras ancladas al terreno.
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