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Los sindicatos rechazan la jornada de 35 horas en el Ayuntamiento de Santiago del Teide

El Consistorio de Santiago del Teide ve "difícil de entender" el rechazo sindical a mejoras laborales y económicas para la plantilla municipal

Policía Local de Santiago del Teide

Policía Local de Santiago del Teide / El Día

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Santiago del Teide

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha expresado su malestar por el rechazo de la representación sindical a la propuesta municipal para implantar la jornada de 35 horas semanales en distintos servicios públicos, según el gobierno local. La iniciativa incluía también jornadas reducidas de 30 horas durante determinados periodos festivos, para mejorar las condiciones laborales.

El Gobierno local considera que la negativa sindical frena una medida que incorporaba mejoras directas para los empleados públicos. La Administración sostiene que la propuesta buscaba alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores.

Tampoco subir la hora extraordinaria

A este rechazo se suma la decisión de CSIF de «no aceptar la propuesta económica planteada por el Ayuntamiento» para actualizar el valor de las horas extraordinarias y los refuerzos de la Policía Local. El planteamiento establecía diferentes cuantías según la categoría profesional, el horario y el día de prestación.

Las cantidades podían alcanzar los 35,20 euros brutos por hora para policías C1, los 35,70 euros para oficiales y los 36,20 euros para la Jefatura en determinadas fechas. El Consistorio considera que esta actualización mejoraba las retribuciones.

El Ayuntamiento considera «difícil de entender» que se rechacen propuestas que incluyen mejoras laborales y económicas para la plantilla. La corporación defiende además compatibilizar las demandas laborales con las necesidades de los servicios públicos.

Vía de diálogo abierta

El Gobierno municipal recalca que mantiene abierta la vía del diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales, aunque advierte de que cualquier acuerdo debe garantizar la legalidad, la sostenibilidad financiera y la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía. La Administración mantiene así su propuesta y apuesta por seguir buscando consensos.

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