Nueva condena al Ayuntamiento de Güímar por el talud de Las Bajas: deberá pagar 120.000 euros en intereses

El Ayuntamiento de Güímar ha sido condenado a pagar más de 120.000 euros en concepto de intereses a la empresa que ejecutó los trabajos para consolidar el talud de Las Bajas. La decisión judicial responde a la reclamación que presentó tras la paralización de la obra, que permanece inconclusa.

Hasta el momento, el Consistorio güimarero cuenta con condenas correspondientes a este expediente cuyo importe supera el millón y medio de euros en indemnizaciones a la empresa, según la información que facilita el gobierno municipal.

Las Bajas es un caserío situado junto al túnel de la autopista del Sur al paso por Güímar. Un informe técnico estableció la existencia de riesgo alto e inminente de desplome de la ladera situada sobre las viviendas-cueva del poblado en febrero de 2021. Al desalojo siguió una obra de emergencia adjudicada en marzo de ese año por 342.865 euros.

El momento del cierre

La paralización de los trabajos tuvo lugar en agosto de 2021, después de que la Alcaldía detectara certificaciones de obra por un importe global superior al millón de euros. La empresa que realizaba la obra inició los procedimientos judiciales en 2022.

En noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Güímar decreta el cierre inmediato del acceso a las viviendas y al barrio, la vigilancia semanal más el cerramiento y la señalización de todo ello. En 2022, varios vecinos de Las Bajas intentaron volver a sus casas. Un episodio que se repitió durante el tiempo transcurrido hasta ahora. En 2024, se refuerza el vallado y las medidas de seguridad para impedir el acceso. En varias ocasiones, las vallas aparecen rotas y se registran actos vandálicos.

Una decisión avalada

Gustavo Pérez, el alcalde que decretó la paralización de la obra, defiende su decisión y alude a un dictamen del Consejo Consultivo que consideró conforme a derecho la medida de resolver el contrato de emergencia al entender que la empresa ejecutó trabajos que modificaban sustancialmente el contrato sin autorización municipal.

Asimismo, aclaró que el propio expediente refleja que, tras conocer la documentación técnica que planteaba una ampliación extraordinaria de las obras y de su coste, el Ayuntamiento ordenó la suspensión de los trabajos para que los servicios técnicos y jurídicos analizaran la situación.

Durante el mandato anterior

Tanto la contratación como la ejecución y paralización de los trabajos se desarrollaron durante el mandato 2019-2023 y un gobierno formado por PSOE y CC. El alcalde que inició el expediente fue el socialista Airam Puerta y el que detuvo la obra, el nacionalista Gustavo Pérez.

El pasado mes de mayo, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, decretó «levantar de forma condicionada y reversible el cierre y precinto existente en el camino de Las Bajas, permitiendo nuevamente el acceso y uso de la zona afectada». Lo hizo con base en un informe técnico externo elaborado por el ingeniero técnico industrial Víctor Ernesto Mendoza Fernández, tal y como especifica en el decreto.

A finales del pasado mes de julio, se procedió a la retirada del vallado que impedía el acceso a las casas, actuación que dejó expedito, al mismo tiempo, un paso utilizado por peregrinos que acuden desde el Sur a la Villa Mariana el día de la fiesta de la patrona, la Virgen de Candelaria.

Cabe recordar que la Dirección General de Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, considera que las viviendas de Las Bajas se encuentran en suelo de dominio público marítimo terrestre y, por tanto, desautoriza el uso residencial. En la actualidad, la situación de este poblado de Güímar sigue pendiente de las últimas resoluciones oficiales.

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