Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales con un plan de inspecciones
Se revisará, durante dos años y prorrogable hasta cuatro de manera anual, el cumplimiento de la ley autonómica en este ámbito

El Médano, el núcleo de Granadilla de Abona que concentra mayor número de viviendas vacacionales / Carsten W. Lauritsen
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona pone orden en las 2.000 viviendas vacacionales del municipio con un plan de inspecciones, control y comprobación del cumplimiento de la legalidad. La iniciativa, aprobada en pleno el pasado 20 de julio y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pretende revisar qué casas dedicadas al alquiler turístico cumplen con la Ley 6/2025 de 10 de diciembre dictada por el Gobierno de Canarias.
El criterio de actuación establecido por el Consistorio granadillero se corresponde con las distintas situaciones previstas en la ley regional que regula el alquiler vacacional. De esta manera, se comprobará el estado de este tipo de establecimientos en el municipio antes de la entrada en vigor de la legislación autonómica, se determinará el régimen transitorio aplicable a aquellas viviendas que presentaran la comunicación previa para ejercer esta actividad y se actuará, en caso de que sea necesario, sobre las que no se ajusten al sistema legal que regulaba esta actividad antes de la entrada en vigor de la actual normativa. Concretamente, el régimen jurídico del Decreto 113/2015 del 22 de mayo. Además, el objetivo es elaborar un catálogo o inventario municipal de la vivienda vacacional en Granadilla de Abona.
Tres grandes grupos
El Ayuntamiento establece en el plan administrativo de comprobación o cruce de datos tres grandes grupos. En primer lugar, se filtran las concordancias entre viviendas inscritas en el Registro General Turístico del Gobierno de Canarias y comunicaciones previas de actividades clasificadas presentadas antes de la entrada en vigor de la ley actual. En el segundo grupo entran las vacacionales inscritas en el Registro General Turístico del Gobierno de Canarias que no presentaron comunicación previa para ejercer la actividad clasificada antes de la entrada en vigor de la ley. Por último, están las que sí presentaron comunicación previa antes de la entrada en vigor de la normativa, pero que no constan inscritas en el Registro General Turístico del Gobierno de Canarias.
En cuanto al orden de inspección, también determinan tres categorías. La prioridad es inspeccionar aquellas viviendas que estén en situación de posibles incumplimientos de la ordenación territorial, urbanística y sectorial en esta materia de uso turístico residencial. Especialmente, las que estén en suelo rústico fuera de asentamiento, ya que no resultarían compatibles con las leyes vigentes. Las siguientes se examinarían por ámbito geográfico. Es decir, los núcleos en los que se concentren mayor número de residencias de este tipo. Por último, se supervisarán los edificios que acumulen más espacios de uso turístico. La intención del Ayuntamiento granadillero es clara al comenzar por los focos con mayor concentración de viviendas vacacionales y los casos más delicados desde el punto de vista urbanístico.
El plan tendrá una duración de dos años y podrá ampliarse anualmente hasta un máximo de cuatro años. Esto es lo permitido en la ley que regula la vivienda vacacional en Canarias. Habrá un seguimiento trimestral de ejecución del plan y una memoria final. La comisión de seguimiento estará integrada por las concejalías de Urbanismo, Hacienda y Vivienda.
El Médano, mayor número de VV
La localidad costera de El Médano es la zona de este municipio del sur de Tenerife que concentra el mayor número de viviendas vacacionales, por lo que será uno de los primeros núcleos a los que llegue la inspección urbanística y turística promovida por la concejalía de Urbanismo de la Corporación granadillera donde gobierna Coalición Canaria, Partido Popular y Vox tras una moción de censura en marzo de 2025 a la socialista Jennifer Miranda.
Otros municipios de Tenerife como Candelaria, Santa Cruz, La Laguna, Adeje y La Guancha siguen la misma línea que Granadilla de Abona para controlar y regular el uso turístico de la vivienda en sus territorios.
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