El Cabildo de Tenerife suelta lastre en sus participaciones en empresas: abandona Bodegas Insulares tras 35 años como socio

El Cabildo de Tenerife suelta lastre en sus participaciones en empresas y abandona de forma definitiva el accionariado de Bodegas Insulares de Tenerife (Bitsa) después de 35 años como socio. El pleno ratificó la enajenación del 45,66% del capital social que todavía permanecía en manos de la institución, una participación que pasará ahora a los viticultores.

La decisión culmina el proceso iniciado para poner fin al modelo público-privado creado en 1992 con el propósito de modernizar la producción vitivinícola, garantizar la recogida de uva y favorecer el paso de la venta a granel a la comercialización de vinos embotellados con denominación de origen.

El acuerdo salió adelante con la abstención del Grupo Socialista. El consejero de Sector Primario, Valentín González, del Partido Popular, y el socialista Javier Parrilla no participaron en la votación debido a su condición de miembros del consejo de administración de Bitsa.

Una denuncia en el origen

La salida del Cabildo tiene su origen en una denuncia presentada por la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias —Avibo— ante la Comisión Europea por una posible situación de competencia desleal.

La denuncia cuestionaba las condiciones en las que Bitsa utilizaba las instalaciones de titularidad insular y la ventaja que podía representar la participación de una administración pública en una empresa que competía directamente con bodegas privadas.

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea trasladó en 2022 sus advertencias a las autoridades españolas y planteó la posible existencia de una ayuda pública incompatible con las reglas comunitarias. Bruselas reclamó modificar la relación contractual y establecer un canon anual ajustado a las condiciones del mercado.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, defendió que la salida responde al cumplimiento de las normas de competencia y permite que el propio tejido productivo asuma “con plena autonomía” el liderazgo y la gestión futura de la compañía.

Valentín González recordó que la intervención pública estuvo justificada durante la década de los noventa por las dificultades que atravesaba el sector. El consejero considera, sin embargo, que los objetivos iniciales se han cumplido después de tres décadas de actividad.

Avances en estos 35 años

Entre esos avances, el gobierno insular destaca la profesionalización de los productores, la creación de infraestructuras sólidas de elaboración y comercialización y la mayor notoriedad alcanzada por los vinos de Tenerife.

La salida del accionariado no implica el cierre de la bodega ni el cese de la actividad empresarial. Bitsa continuará funcionando como compañía privada y utilizando las instalaciones de la Bodega Insular de Tacoronte en régimen de arrendamiento.

El sistema fue cuestionado ante la Comisión Europea por una posible distorsión de la competencia

El antiguo contrato que regulaba el uso de la bodega expiró el 31 de diciembre de 2023. El Cabildo decidió no prorrogarlo y concedió un periodo transitorio para asegurar la vendimia de 2024. Posteriormente, las instalaciones salieron a concurso público y fueron adjudicadas a la propia Bitsa por un canon anual de 94.021 euros.

La Corporación conservará, por tanto, la propiedad de la infraestructura, pero dejará de intervenir como accionista en la elaboración, el embotellado y la venta de vino. Las marcas y la actividad comercial quedarán bajo el control de los socios privados.

Cuestionamiento del Grupo Socialista

El Grupo Socialista cuestionó la decisión al considerar que existían alternativas para adaptar el canon o modificar la fórmula societaria sin abandonar Bitsa. Parrilla ha advertido en distintas ocasiones del impacto que la pérdida del respaldo público podría tener sobre los pequeños viticultores que dependen de la empresa para colocar su producción.

El gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular sostiene, por el contrario, que la compañía puede continuar operando de forma autónoma y que el Cabildo seguirá apoyando al sector mediante ayudas, promoción, formación e inversiones, pero sin participar directamente en una actividad comercial.

Unas cuarenta empresas dependientes

La desvinculación de Bitsa no supone una retirada general de la Corporación insular de sus empresas y entidades dependientes. El Cabildo mantiene alrededor de cuarenta organismos y sociedades vinculadas a ámbitos estratégicos como el transporte, la cultura, el turismo, la tecnología o la acción social.

Su estructura incluye cuatro organismos autónomos, doce sociedades mercantiles íntegramente insulares, otras diez compañías en las que es socio mayoritario, cuatro consorcios y cinco fundaciones. Entre las entidades más relevantes se encuentran Transportes Interurbanos de Tenerife —Titsa— y Metropolitano de Tenerife.

La diferencia, según el grupo de gobierno, es que esas entidades prestan servicios públicos o desarrollan actividades consideradas estratégicas, mientras que la participación en Bitsa situaba al Cabildo dentro de un mercado en el que compiten diferentes operadores privados.

La votación cierra así una etapa iniciada hace 35 años. Bodegas Insulares deja de ser una sociedad mixta y pasa a estar controlada por los viticultores, mientras la Corporación conserva la propiedad de la bodega física de Tacoronte y pone fin a su participación directa en el negocio del vino.

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