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La plataforma contra los vertidos en Playa Jardín califica de “muy preocupante” que el Ayuntamiento no informara del último episodio de contaminación

Los vecinos critican la falta de transparencia y la demora de las soluciones definitivas para el saneamiento del barrio de Punta Brava

La plataforma contra los vertidos en Playa Jardín califica de "muy preocupante" el último episodio de contaminación

El Día

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Alexis Vella

Alexis Vella

Puerto de la Cruz

La plataforma Stop Vertidos al Mar, integrada por vecinos del barrio de Punta Brava que desde hace años denuncian los problemas de saneamiento, reacciona al último episodio de contaminación microbiológica detectado en Playa Jardín entre el pasado 22 y el 24 de junio. El colectivo cuestiona la gestión realizada durante esos días y considera "muy preocupante" que la ciudadanía "no fuera informada de la incidencia ni se adoptaran medidas preventivas" mientras se evaluaba la calidad del agua.

En representación del colectivo, su presidenta, Tania Hernández, defiende que "la transparencia es un principio básico cuando está en juego la salud pública" y sostiene que la falta de información durante esos días "genera incertidumbre y deteriora la confianza de vecinos, usuarios y visitantes". A su juicio, este episodio vuelve a poner de manifiesto que "los problemas estructurales de Playa Jardín siguen sin estar plenamente resueltos" y que, más allá del resultado puntual de las analíticas, es necesario impulsar "soluciones definitivas a las deficiencias del sistema de saneamiento y un control permanente y riguroso" de la calidad del agua.

Sus críticas no son nuevas. Coincidiendo con el primer aniversario de la reapertura de Playa Jardín, la plataforma ya alertó de que la mayoría de las actuaciones comprometidas para solucionar el problema de los vertidos seguían sin completarse o acumulaban retrasos.

Entre ellas señalaban la ampliación de la depuradora comarcal, situada en la misma Punta Brava -para aumentar su capacidad de tratamiento-, la puesta en funcionamiento a pleno rendimiento del tratamiento terciario que permite reutilizar el agua depurada, la sustitución del emisario submarino de la misma depuradora -por el que se vierten las aguas al mar-, la regularización de las estaciones de bombeo que trasladan las aguas residuales hasta la depuradora y la renovación de la envejecida red de alcantarillado del barrio.

Dos personas otean el mar en playa Jardín, en Puerto de la Cruz

Dos personas otean el mar en playa Jardín, en Puerto de la Cruz / María Pisaca

Ahora, la reacción de la plataforma se produce después de que trascendiera un episodio de contaminación microbiológica registrado entre el 22 y el 24 de junio en Playa Jardín. La detección de microorganismos asociados a vertidos de aguas residuales, con valores que superaban los límites reglamentarios y resultaban perjudiciales para la salud, coincidió con la celebración de las fiestas de San Juan, según denunció el propio colectivo el pasado 22 de julio.

El episodio de contaminación detectado en junio

Concretamente, la plataforma fue la primera en alertar públicamente de la incidencia tras consultar las analíticas oficiales, y considera que "nunca" debió asumir ese papel, al entender que "correspondía a las administraciones competentes informar a la ciudadanía de un episodio con posibles repercusiones para la salud pública". Y es que de acuerdo con el Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Aguas de Baño de Canarias, este tipo de incidencias conlleva la recomendación de prohibir temporalmente el baño hasta disponer de nuevos resultados favorables.

Sin embargo, fue precisamente la aplicación de este protocolo la que originó la discrepancia entre el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Dirección General de Salud Pública. Mientras el departamento autonómico sostiene que tomó las muestras el 22 de junio y que, tras obtener al día siguiente los resultados que detectaban la contaminación microbiológica, avisó al Ayuntamiento el 23 de junio mediante llamada telefónica y correo electrónico −las vías oficiales− para que prohibiera temporalmente el baño, el Consistorio mantuvo inicialmente que no había recibido ningún aviso oficial.

Discrepancia entre el Ayuntamiento y Salud Pública

La controversia continuó cuando el alcalde, Leopoldo Afonso, reconoció durante el último pleno que el Ayuntamiento sí recibió el correo electrónico de Salud Pública, aunque aseguró que no fue visto hasta el 24 de junio. El regidor defendió además que el Consistorio encargó por su cuenta unas analíticas cuyos resultados fueron favorables, si bien estos no se han hecho públicos y las únicas determinantes para acordar el cierre de una playa son las realizadas por Salud Pública.

Sobre esas pruebas, la plataforma asegura que el alcalde se comprometió durante una rueda de prensa a reunirse con sus representantes para mostrarles las analíticas encargadas por el Ayuntamiento. Un encuentro que, según afirma la presidenta, "nunca llegó a celebrarse". El colectivo sostiene, además, que ha solicitado en varias ocasiones reuniones con el gobierno municipal, tanto por registro como por mensajes, sin haber obtenido respuesta.

Los vecinos reclaman más transparencia

Para Hernández esta falta de información y de interlocución institucional refuerza la necesidad de actuar con mayor claridad. Aunque reconoce que la incidencia registrada este junio fue "corta y puntual", advierte de que, si las infraestructuras pendientes continúan retrasándose y este tipo de episodios no se comunican "con la máxima transparencia", existe el riesgo de "cronificar una situación que ya tuvo consecuencias muy graves para Playa Jardín y para la imagen del municipio". Pese a ello, confía en que lo ocurrido "sea una excepción y no el inicio de una nueva dinámica similar a la vivida el pasado año".

Los vecinos de Punta Brava reclaman ahora al Ayuntamiento que explique con claridad qué procedimientos estaban vigentes durante esos días, cómo se aplicaron y qué cambios se implantarán para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Consideran que "los protocolos de comunicación y actuación no han funcionado como deberían" y reclaman una mayor coordinación entre las administraciones para que quienes viven y disfrutan de la costa no vuelvan a asumir las consecuencias de "tantos fallos institucionales".

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