El alcalde de Puerto de la Cruz se retracta y reconoce ahora que recibió un correo de Salud Pública que informaba de la contaminación en Playa Jardín

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, se retracta y reconoce ahora que el Ayuntamiento recibió un correo electrónico de la Dirección General de Salud Pública en el que el departamento del Gobierno de Canarias alertaba del episodio de contaminación en Playa Jardín entre el 22 y el 24 de junio de 2026.

La detección de microorganismos asociados a vertidos de aguas residuales, con valores que superaban los límites reglamentarios y dañinos para la salud de las personas, coincidió con la celebración de las fiestas de San Juan, la noche del 23 al 24 de junio, según denunció el PSOE el pasado jueves 23 de julio.

En esa comunicación, la Dirección General de Salud Pública, organismo competente en materia de vigilancia de la calidad de las aguas de baño, solicitaba el cierre provisional de Playa Jardín. Esta medida quedó reflejada en el Náyade, el sistema de información nacional de las aguas de baño del Ministerio de Sanidad que en el caso de Canarias recibe los informes de la propia Dirección General de Salud Pública.

Afonso reconoció la existencia de la comunicación oficial de Salud Pública durante el pleno municipal de este lunes 27 de julio tras una pregunta del portavoz del PSOE, Marco González. En su intervención, el alcalde aseguró que el correo electrónico "no fue visto hasta el día 24 de junio" y detalló que el Ayuntamiento encargó el 23 de junio unas analíticas a una empresa independiente, cuyos resultados fueron favorables, aunque estos no se han difundido públicamente.

La versión ofrecida ahora por el alcalde contrasta con la que mantuvo cuatro días antes del pleno durante una rueda de prensa extraordinaria celebrada el pasado viernes 23 de julio, cuando afirmó que "no constaba ningún tipo de aviso oficial" durante los días en que se registró la anomalía.

En el pleno y tras admitir que sí había recibido el correo electrónico, la fórmula que emplea Salud Pública para comunicar a todos los ayuntamientos los informes sobre contaminación en el mar, el alcalde portuense añadió que la misma tarde del 24 de junio el Consistorio remitió un oficio al departamento del Gobierno canario para comunicar que había procedido, por su cuenta, a realizar analíticas para acreditar que todo seguía en orden.

El alcalde no precisó durante su intervención qué motivó el encargo de esas analíticas ni el envío posterior del oficio, actuaciones que, según su relato, se produjeron antes de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento del correo remitido por Salud Pública. En cualquier caso, las únicas analíticas que cuentan para que un ayuntamiento decrete el cierre de una playa por vertidos son las de Salud Pública.

La versión municipal también difiere de la mantenida por la Dirección General de Salud Pública, que ha reiterado a este periódico que el protocolo se aplicó conforme a lo previsto. Según explica el departamento autonómico, las muestras fueron tomadas el 22 de junio dentro del calendario oficial de vigilancia sanitaria y los resultados microbiológicos, obtenidos al día siguiente, detectaron una contaminación microbiológica de "corta duración".

Salud Pública sostiene que ese mismo 23 de junio comunicó la incidencia al Ayuntamiento "por los cauces habituales", mediante llamada telefónica y correo electrónico, para que el Consistorio adoptara la medida de prohibición temporal del baño. Afonso, por su parte, precisó durante el pleno que al Ayuntamiento "no le constan llamadas telefónicas" pero sí la recepción del correo electrónico.

Hasta este lunes, el Consistorio había sustentado su posición de que no tuvo conocimiento del episodio de contaminación a través de un certificado emitido por la secretaria municipal, que concluía que no constaba la entrada de ninguna comunicación oficial.

El episodio trascendió después de que PSOE de Tenerife denunciara que Náyade había reflejado una contaminación microbiológica de corta duración en el punto de muestreo PM5, situado en la zona de El Charcón, una de las tres calas de Playa Jardín, la zona de baño más importante de Puerto de la Cruz.

El portavoz del PSOE en Puerto de la Cruz, Marco González, exigió este martes responsabilidades políticas por la "deriva de ocultación, manipulación y falta de transparencia del Gobierno municipal en relación con el episodio de contaminación registrado en Playa Jardín".

González señaló que el Gobierno municipal portuense (PP-ACP-CC), por boca del alcalde, Leopoldo Afonso (PP), ha ido cambiando su versión desde el pasado viernes, cuando en rueda de prensa aseguró que no había recibido ninguna comunicación de Salud Pública, hasta el pleno de este lunes, en el que terminó admitiendo que sí había recibido un correo. “No estamos ante un error menor, sino ante una estrategia de ocultación que ha ido desmoronándose en apenas unos días”, denunció el exalcalde.

El PSOE exige responsabilidades políticas por la "deriva de ocultación, manipulación y falta de transparencia del Gobierno municipal"

El caso, que de nuevo azota a la costa portuense, refleja ciertos paralelismos con lo ocurrido en 2024. Aunque el deterioro de la calidad del agua venía detectándose desde 2016 y los informes técnicos ya advertían en 2022 de vertidos continuados de aguas residuales por la saturación de la depuradora de Punta Brava y las deficiencias de la red de saneamiento, fue el 21 de junio de 2024 cuando los análisis de la Dirección General de Salud Pública detectaron una elevada concentración debacterias presentes en las aguas fecales. Apenas unos días después, el 3 de julio, el Ayuntamiento decretó la prohibición indefinida del baño en las tres calas por riesgo para la salud pública. El cierre se mantuvo durante 347 días.

Seis días más tarde, el 9 de julio, se confirmó la existencia de una grave rotura en el emisario submarino que vertía aguas residuales a escasos metros de la costa. Las investigaciones desarrolladas entre agosto de 2024 y enero de 2025 por el Gobierno de Canarias y el Cabildo concluyeron que la contaminación respondía a un problema estructural del sistema de saneamiento, provocado por la saturación de la depuradora de Punta Brava, la fisura del emisario, las conexiones obsoletas y pozos negros del barrio y el mal funcionamiento de varios aliviaderos del litoral. Tras 347 días de cierre y la ejecución de obras de emergencia para reparar estas infraestructuras, Playa Jardín reabrió al baño el 17 de junio de 2025, una vez recuperados los parámetros microbiológicos exigidos.

Ahora, más de un mes después de la incidencia registrada en Playa Jardín, las explicaciones conocidas hasta el momento siguen sin dibujar una versión plenamente coincidente sobre cómo y cuándo se comunicó un aviso que, según el protocolo sanitario, conllevaba la recomendación de prohibir temporalmente el baño. La controversia derivada de estos hechos ha llevado al Grupo Socialista a anunciar la solicitud de un pleno extraordinario con el objetivo de que el Gobierno local dé explicaciones sobre la gestión de este episodio de contaminación y aclare las contradicciones surgidas en torno a la recepción de las comunicaciones remitidas por la Dirección General de Salud Pública. El PSOE también ha reclamado el acceso a toda la documentación relacionada con el caso y la asunción de responsabilidades políticas.

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