El colectivo de guardas rurales defiende su encaje legal en el Teide

La Asociación Hermandad Española de Guardas Rurales defiende la participación de estos profesionales en las tareas de vigilancia del Parque Nacional del Teide y ha rechazado que su incorporación suponga asumir las competencias reservadas a los agentes de Medio Ambiente.

El colectivo responde así a las alegaciones presentadas contra varios apartados del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias por el PSOE de Tenerife, la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias —Afmacan— y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias —Sepca—.

Las objeciones se refieren al artículo 117.2 y a la disposición adicional undécima del anteproyecto. Sus promotores consideran que la redacción puede ampliar las facultades reconocidas a los guardas rurales en los espacios naturales protegidos y atribuir efectos administrativos a sus actuaciones. También sostienen que determinadas tareas deben continuar reservadas a funcionarios públicos.

La Hermandad Española de Guardas Rurales mantiene, por el contrario, que estos profesionales forman parte del personal de seguridad privada reconocido por la legislación estatal y que su intervención debe entenderse como un apoyo a los servicios públicos, no como una sustitución.

La asociación está presidida por Víctor Villalobos y señala que los guardas rurales deben actuar dentro de las competencias que les concede el ordenamiento jurídico y bajo la coordinación establecida por la Administración responsable del espacio.

Una profesión regulada por el Estado

La Ley de Seguridad Privada incluye a los guardas rurales entre las profesiones de seguridad privada. La habilitación para ejercer depende del Ministerio del Interior y exige superar la formación y las pruebas correspondientes.El artículo 34 de esta norma les atribuye funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas y en las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales situadas en ellas. La legislación también contempla determinados servicios de vigilancia en recintos y espacios abiertos delimitados, además de actuaciones complementarias a la seguridad pública cuando sean acordadas por el órgano competente.

La asociación utiliza este marco legal para defender que la participación de los guardas rurales puede incorporarse a un dispositivo de vigilancia siempre que sus funciones estén delimitadas y no invadan las potestades administrativas, policiales o sancionadoras atribuidas a los empleados públicos.

El colectivo niega que pretenda obtener la condición de funcionario o sustituir a los agentes de Medio Ambiente. Según su comunicado, su función sería reforzar la vigilancia y comunicar las incidencias detectadas a los responsables públicos.

Las competencias de los agentes ambientales

La legislación canaria atribuye al Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente la custodia, protección y vigilancia de los espacios naturales, la flora, la fauna y el paisaje del Archipiélago. También le encomienda funciones relacionadas con la prevención de incendios, la inspección ambiental y el control de actividades que puedan afectar al territorio.

Las organizaciones que han presentado alegaciones consideran que estas competencias podrían solaparse con algunas de las funciones previstas para los guardas rurales. También cuestionan que personal privado pueda formular documentos con efectos dentro de procedimientos administrativos o intervenir en materias como el tráfico y la denuncia de infracciones.

La asociación de guardas rurales no entra en su comunicado en el detalle de esas facultades. Su posición se limita a defender la legalidad de la profesión y su posible participación como personal de apoyo, sin atribuirle competencias propias de los agentes de la autoridad.

El modelo aplicado por el Cabildo

El debate coincide con la implantación del nuevo sistema de vigilancia del Parque Nacional del Teide por parte del Cabildo de Tenerife. La corporación insular plantea que los agentes de Medio Ambiente dirijan el operativo y tengan como personal auxiliar a guardas rurales, informadores y educadores ambientales.

El modelo también prevé la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Canaria y las policías locales. El Cabildo sostiene que los guardas rurales no sustituirán a los funcionarios ambientales, sino que desarrollarán tareas complementarias bajo su supervisión.

El PSOE de Tenerife y varias organizaciones sindicales han pedido que se revise esta contratación. Argumentan que la vigilancia y la potestad sancionadora deben quedar en manos de los agentes públicos y cuestionan el ámbito territorial en el que la Ley de Seguridad Privada permite actuar a los guardas rurales.

La Hermandad Española de Guardas Rurales reclama que el debate diferencie entre las funciones de vigilancia privada y las competencias administrativas de los agentes de Medio Ambiente. El alcance definitivo de ambas figuras dependerá de la redacción que adopte la futura ley y de los protocolos que regulen su aplicación en cada espacio protegido.

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