"No tenemos a dónde ir": así se vive en el poblado ilegal de Tenerife donde se desplegó un operativo policial contra la okupación

Una simple visita al asentamiento ilegal de Los Vivitos, en Arona, refleja fielmente por qué este municipio turístico del sur de más de 90.000 habitantes es el segundo más golpeado por el sinhogarismo en Tenerife, según un reciente informe de Cáritas.

En medio de residuos regados por todos lados, hay construcciones de todo tipo: auténticas viviendas hechas de bloques con puertas y ventanas, otras más rudimentarias de chapa de madera pero con una puerta metálica que impide el paso a la parcela y algunas incluso poseen cámaras de videovigilancia, alarmas, placas solares y depósitos de agua.

La macrooperación policial desplegada el pasado martes en este emplazamiento ubicado en suelo rústico, junto a la autopista TF-1, entre Buzanada y Guaza, precintó 17 edificaciones, inspeccionó un total de 64 construcciones y dio un ultimátum de tres meses para marcharse a las 94 personas identificadas. Fue la segunda actuación realizada por los cuerpos de seguridad en este punto, aunque esta ha sido de mayor envergadura.

El Ayuntamiento de Arona, con este operativo y otros que anuncia para los próximos meses, busca acabar con la proliferación de estos asentamientos ilegales, cada vez más numerosos no solo en Arona, sino en la costa y las medianías del sur de Tenerife.

Las rachas de viento llenan todo de polvo. La calima y un intenso calor extreman las condiciones en Los Vivitos, que ocupa antiguas fincas donde aún perviven los muros que separaban los cultivos. Sin los mínimos servicios esenciales, la mayoría de sus habitantes asegura que no tiene otra alternativa.

Es el caso de un matrimonio colombiano, de unos 40 años, que prefiere permanecer en el anonimato. Ella trabaja en un hotel turístico y él está de baja laboral. Tienen dos hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista. Cada día gastan 10 euros en gasolina para alimentar el generador que les proporciona electricidad.

La familia llevaba una década en Tenerife y vivía de alquiler en Las Chafiras, donde pagaba 1.000 euros mensuales. Sin embargo, una cláusula del contrato elevó el alquiler hasta 1.400 euros tras retrasarse cinco días en un pago. Sin capacidad para asumir ese incremento, se vieron obligados a abandonar la vivienda. La búsqueda de otro alquiler fue, según relatan, una auténtica odisea por las exigencias económicas: tres meses de fianza, gastos de inmobiliaria y múltiples requisitos para acceder a una vivienda.

En una caseta de campaña

Tras pasar un mes en el camping Nauta, llegaron a Los Vivitos. Primero vivieron en una caseta de campaña y después construyeron un pequeño cuarto de apenas seis metros cuadrados, donde descansan los cuatro miembros de la familia. El habitáculo dispone de una pequeña cocina, un depósito de agua, una lavadora y un improvisado baño. Incluso han conseguido instalar un aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas.

La madre insiste en que su situación es temporal. "Siempre hemos trabajado. Somos gente trabajadora y vamos a luchar para salir de aquí", asegura. Sus hijos estudian en Las Zocas y el menor recibe allí la atención especializada que necesita.

No todos comparten ese objetivo. Algunos vecinos, entre ellos un hombre que lleva ocho años en el asentamiento, aseguran que no tienen dónde ir y que no abandonarán el lugar pese al ultimátum policial.

Además, denuncian que la población de Los Vivitos ha crecido de forma acelerada y calculan que ya viven entre 200 y 300 personas. Incluso alertan de la aparición de especulación con las parcelas del asentamiento.

Todos coinciden en señalar el mismo origen del problema: la crisis de la vivienda. Reclaman que las administraciones regulen el mercado del alquiler para evitar que más personas terminen viviendo en asentamientos como Los Vivitos, una realidad que ya se extiende por otros puntos de Arona, como Guaza, Lomo Negro, El Fraile, Costa del Silencio y Las Galletas.

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