PSOE y sindicatos alegan contra la ley que "da cobertura a la vigilancia privada en el Teide"

El PSOE de Tenerife ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias para impedir que trabajadores de empresas privadas asuman funciones de vigilancia e inspección ambiental reservadas hasta ahora al personal funcionario. La Asociación Profesional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan) y el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) también alegan al docuemnto al considerar que se atribuyen a trabajadores privados competencias propias del personal funcionario.

Aunque la norma tendrá alcance autonómico, los socialistas sitúan el Teide en el centro de su preocupación. Consideran que el deterioro del Parque Nacional y la decisión del Cabildo de la Isla de adjudicar parte de su vigilancia a una empresa privada convierten el anteproyecto en una vía para consolidar ese modelo.

El Grupo Socialista en el Cabildo solicita la supresión del artículo 117.2 y de la disposición adicional decimoprimera. A su juicio, ambos preceptos permitirían que los guardas rurales no se limitaran a tareas auxiliares, sino que sus actuaciones gozaran de presunción de veracidad y sus actas tuvieran valor de documento público.

El portavoz socialista, Aarón Afonso, advierte de que esos efectos podrían servir de base para iniciar procedimientos sancionadores. “No estamos hablando de funciones auxiliares, sino de actuaciones con consecuencias jurídicas para la ciudadanía”, afirma.

Afonso sostiene que la vigilancia, la inspección y el control ambiental deben continuar en manos de funcionarios especializados, al tratarse de potestades públicas vinculadas a la protección del interés general. “No vamos a permitir que funciones reservadas a funcionarios acaben en manos de vigilantes privados”, señala.

Un proceso de externalización de servicios

El PSOE enmarca sus alegaciones en la oposición mantenida durante los últimos meses a la externalización de la vigilancia del Teide. En abril, su secretaria general en Tenerife, Tamara Raya, rechazó la adjudicación del servicio a una empresa y reclamó la incorporación de agentes de Medio Ambiente que hubieran superado los correspondientes procesos selectivos.

Para Raya, el anteproyecto profundiza en un modelo que prioriza la contratación externa frente al fortalecimiento de los servicios públicos. “Canarias necesita más agentes, más medios y mayor capacidad de actuación para proteger su patrimonio natural”, sostiene.

Aarón Afonso advierte de que las actas de personal privado podrían tener presunción de veracidad y servir de base para expedientes sancionadores

Los socialistas subrayan que el debate no se limita a quién controla los accesos o informa a los visitantes. Sus alegaciones cuestionan que personal contratado por una empresa privada pueda levantar actas con efectos jurídicos equiparables a las de un funcionario y que su versión tenga una presunción reforzada dentro de un expediente.

“¿Alguien se imagina que una persona que no fuera policía pudiera multarnos por caminar por nuestras calles o circular por nuestras ciudades?”, plantea Afonso para ilustrar el alcance que, a su juicio, tendría la reforma.

Para el Grupo Socialista, estas advertencias deberían llevar al Gobierno de Canarias a rectificar durante la tramitación. La futura ley, sostiene, debe reforzar los equipos públicos de vigilancia e inspección y preservar la seguridad jurídica tanto de los trabajadores como de la ciudadanía.

La polémica adquiere especial relevancia en el Teide, donde la presión de visitantes, los problemas de movilidad y el deterioro de determinados enclaves han obligado a endurecer la regulación y aumentar la vigilancia. Los socialistas no cuestionan la necesidad de controlar mejor el Parque Nacional, sino el modelo elegido para hacerlo.

Servicio de apoyo a los agentes de Medio Ambiente

El Cabildo incorporó en abril a once guardas rurales para reforzar la seguridad y conservación del Teide. El contrato fue adjudicado a Segurmáximo, única empresa presentada al concurso. Estos efectivos operan en accesos y puntos clave, como Chipeque y La Rambleta, con tareas de vigilancia, apoyo a los agentes de Medio Ambiente y asistencia a los visitantes.

La Corporación insular cuenta además con más de 70 agentes de Medio Ambiente con 20 efectivos incororados durante este año, tras asumir plenamente las competencias sobre el Parque Nacional y aprobarse el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).

La Asociación Hermandad Española de Guardas Rurales defendió en su momento la legalidad del despliegue. Su presidente, Víctor Villalobos, sostuvo que el servicio cumplía la normativa y que estos profesionales estaban habilitados para realizar tareas de vigilancia y control en el espacio protegido.

El PSOE mantiene, sin embargo, que una cosa es prestar apoyo y otra ejercer funciones con efectos sancionadores o propios de la autoridad pública. Por ello reclama que la ley deje expresamente en manos del personal funcionario la inspección y el control ambiental. “Nuestros espacios naturales hay que defenderlos y protegerlos, no venderlos al mejor postor”, concluye Afonso.

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