Luz verde a aportar arena del Tajogaite en Icod

La playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, lleva décadas perdiendo arena. La ceniza que el volcán Tajogaite expulsó durante la erupción de 2021 en La Palma lleva casi cinco años acumulada en acopios. Desde la Viceconsejería de Infraestructuras se propone unir ambos problemas en una sola solución: regenerar la playa icodense con arenas de origen volcánico procedentes de aquella erupción.

Una actuación experimental, la primera de este tipo que se acomete en el archipiélago, que acaba de superar su principal escollo administrativo y ambiental gracias a una gestión rigurosa y sostenida en el tiempo.

Detrás de este hito hay un trabajo institucional que arrancó en agosto de 2023. Fue el viceconsejero de Infraestructuras, Francis González, quien en enero de 2025 presentó personalmente la iniciativa en Madrid a la Dirección General de la Costa y el Mar, abriendo la vía de colaboración con el Estado que exige una obra de interés general de estas características. Desde entonces, su departamento ha pilotado un expediente complejo, respondiendo con solvencia técnica a cada requerimiento ministerial hasta lograr el pronunciamiento favorable de Biodiversidad, dependiente del Gobierno de España.

El resultado llegó el pasado 5 de junio: la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica concluyó que el proyecto ”no supondrá una afección negativa significativa” sobre los valores naturales de la ZEPA marina de los acantilados de Santo Domingo y Roque de Garachico, el espacio protegido colindante. El aval estatal despeja el camino de la actuación y dispensa de la evaluación de impacto ambiental simplificada, un logro que acredita la calidad de la documentación técnica elaborada por encargo de la Viceconsejería a través de Gestur Canarias, y pone de manifiesto el valor de los estudios, informes, análisis y trabajos realizados desde que se conocieron en agosto de 2023 las conclusiones del Colegio de Ingenieros de Santa Cruz de Tenerife.

Las cifras concretan el alcance de la operación. Se podrán verter 20.000 metros cúbicos de material extraído de los acopios de cenizas de La Palma, un aporte que se traducirá en un incremento estimado de 6.313 metros cuadrados de playa seca. El método elegido, tras un riguroso análisis de alternativas, es la aportación sobre la playa desde embarcación mediante tubería flotante, con posterior extendido con maquinaria terrestre y ligera. El propio Ministerio avala esta fórmula como la de menor afección al medio marino, al minimizar la turbidez y la dispersión de partículas finas.

Francis González asegura que “la aportación de arena es total y absolutamente compatible con el proyecto aprobado técnicamente por Costas del Gobierno de España en 2023 y que está pendiente de la tramitación ambiental”. Asimismo, añade que “este proyecto, el aprobado técnicamente en enero de 2023, es necesario para conseguir el perfil y la estabilidad que necesita la playa”. “La oportunidad que tenemos con la aportación de la arena del Tajogaite es poder disfrutar de una playa accesible y digna lo antes posible”, concluye.

La apuesta de la Viceconsejería trasciende lo local. Si el seguimiento confirma los beneficios esperados, la técnica podría replicarse en otras playas canarias en regresión, abriendo una fuente de áridos inédita para la regeneración costera. La actuación encierra además un ejercicio ejemplar de economía circular: da utilidad a un nuevo recurso.

El compromiso ambiental del proyecto queda garantizado por las condiciones asumidas. La modelización de la pluma de turbidez previa a las obras, un proyecto de restauración que compensará en su caso la superficie de hábitat afectada, y aportaciones solo en condiciones de calma y protección estricta de cetáceos y tortugas, con observación del entorno antes de cada operación.

El expediente entra ahora en su fase municipal. El Ayuntamiento de Icod de los Vinos podrá pronunciarse, en el plazo de un mes, sobre las obras y sobre la compatibilidad urbanística a partir del 1 de septiembre; un plazo fijado con sensibilidad institucional para no interferir en el periodo estival.