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Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz prepara una ordenanza para reducir sus 2.300 viviendas vacacionales

La futura normativa municipal incluirá un estudio de capacidad de carga para analizar el mercado, el territorio y el impacto social

Puerto de la Cruz prepara una ordenanza para limitar las viviendas vacacionales en la localidad.

Puerto de la Cruz prepara una ordenanza para limitar las viviendas vacacionales en la localidad. / ED

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Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz elabora una ordenanza para reducir las 2.300 viviendas vacacionales que existen en la ciudad turística del norte de Tenerife. La medida, impulsada por el área de Ciudad Sostenible, busca ordenar esta actividad y adaptar la normativa local a la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Más de la mitad de estos alojamientos se concentran en el casco y en el barrio costero de Punta Brava.

Los datos municipales reflejan una amplia diferencia entre el número de alojamientos existentes y los que completaron los trámites administrativos. De las aproximadamente 2.300 viviendas vacacionales contabilizadas, solo unas 320 presentaron la comunicación previa de inicio de actividad clasificada, procedimiento que permite al Ayuntamiento comprobar las condiciones en las que se desarrolla la actividad. Además, únicamente 63 cuentan con un informe favorable de uso emitido por el Cabildo de Tenerife.

La ordenanza establecerá las condiciones y los límites para implantar el uso turístico en viviendas, además de abordar la situación de los alojamientos que ya operan en la ciudad. Su elaboración incluirá un estudio de capacidad de carga que analizará el mercado de alquiler y compraventa, la capacidad ambiental del territorio, los efectos sociales sobre la población residente y la respuesta de las infraestructuras y los servicios públicos.

El contrato para redactar la ordenanza cuenta con un presupuesto estimado de 14.950 euros y un plazo máximo de ejecución de tres meses desde su formalización. Los trabajos comprenderán la consulta pública previa, la preparación del borrador, la redacción del documento para su aprobación inicial y el correspondiente informe jurídico. También incluirán el análisis de las alegaciones presentadas durante la información pública y la elaboración del texto para su aprobación definitiva.

El concejal de Ciudad Sostenible y primer teniente de alcalde de Puerto de la Cruz, David Hernández (ACP), sostiene que la diferencia entre la actividad existente y su reconocimiento administrativo lleva al Ayuntamiento a acelerar el proceso: "El desajuste entre la actividad real y su reconocimiento formal es uno de los factores que nos lleva a acelerar la tramitación de la nueva ordenanza para vivienda vacacional".

Resto de Ayuntamientos de Tenerife

Puerto de la Cruz se suma así a otros ayuntamientos de Tenerife que ya tomaron medidas para ordenar la vivienda vacacional, cuya proliferación se asocia a la drástica caída de casas residenciales en régimen de alquiler en todas las Islas. Granadilla de Abona aprobó definitivamente en febrero de 2025 su primera ordenanza municipal para regular esta actividad, después de que el texto recibiera el respaldo unánime del pleno. La norma se planteó para establecer requisitos urbanísticos y garantizar un mayor equilibrio entre la explotación turística y el uso residencial de las viviendas.

Adeje también adoptó medidas tras la entrada en vigor de la Ley 6/2025. El Ayuntamiento anunció que no admitiría a trámite nuevas altas previas para el inicio de actividad, ni consultas previas relacionadas con viviendas vacacionales, a la espera de aplicar el nuevo marco de ordenación.

Santa Cruz de Tenerife ya sometió a consulta pública una propuesta de ordenanza para regular urbanísticamente estos alojamientos, mientras que La Laguna ha anunciado la adaptación de sus instrumentos de planeamiento a la normativa autonómica. Las actuaciones municipales muestran un cambio hacia un modelo en el que cada ayuntamiento deberá determinar dónde puede desarrollarse el alquiler vacacional, con qué condiciones y qué límites resultan necesarios para proteger el parque residencial.

El debate tiene especial relevancia en Tenerife, que concentra la mayor oferta de vivienda vacacional del Archipiélago. Según los últimos datos publicados por el Instituto Canario de Estadística, en mayo de 2026 había 38.337 viviendas vacacionales disponibles en Canarias, un 20% menos que un año antes. Tenerife reunía el 41% del total, lo que equivale a unas 15.700 viviendas ofertadas en plataformas digitales. En el conjunto de las Islas, esta modalidad sumaba 156.997 plazas alojativas.

La legislación autonómica establece, con carácter general, que al menos el 90% de la edificabilidad residencial debe reservarse exclusivamente a ese uso. Este porcentaje solo podrá reducirse cuando un estudio municipal justifique que una mayor presencia de alojamientos turísticos no compromete el derecho de la población a acceder a una vivienda.

La expansión de este tipo de alojamientos coincide con las dificultades para acceder a una vivienda habitual en varias zonas turísticas y metropolitanas de Tenerife. La propia Ley 6/2025 señala que el número de viviendas vacacionales registradas en Canarias creció un 25,7% entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, al pasar de 38.603 a 48.541, y vincula la nueva regulación con la necesidad de equilibrar la actividad turística, la disponibilidad residencial y la capacidad de los territorios.

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