Una asociación medioambiental exige explicaciones sobre el uso de contaminantes químicos en el tratamiento de aguas de baño de Canarias

La vigilancia de la calidad del agua en las playas vuelve al centro del debate. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias evalúa el estado de las zonas de baño mediante controles para detectar bacterias y otros microorganismos y, en algunos vertidos que permanecen durante años sin una depuración adecuada, la única actuación consiste en la aplicación de hipoclorito para desinfectar las aguas antes de su vertido.

Frente a esto, la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm), según confirma a este medio, cuestiona el actual sistema de tratamiento y solicita, ante la falta de información pública, conocer en qué evidencias científicas se basan estos métodos que incluyen compuestos organoclorados o subproductos de la cloración. En otras palabras, sustancias que pueden formarse cuando el cloro reacciona con otras materias orgánicas presentes en el agua.

Un posible riesgo para la salud y para el medioambiente

En Tenerife existen más de un centenar de puntos de vertido de aguas al mar sin autorización, lo que supone alrededor de la mitad del total de estos focos irregulares en el conjunto de Canarias. El Ejecutivo autonómico ha reconocido en numerosas ocasiones que faltan infraestructuras para depurar las aguas residuales y personal técnico cualificado.

Cuando se añade cloro a aguas residuales con mucha materia orgánica, pueden formarse nuevas sustancias químicas como consecuencia de esa desinfección. Entre esas sustancias están los trihalometanos y otros compuestos derivados del cloro, sustancias potencialmente cancerígenas y altamente tóxicas que no solo representan un riesgo para la salud pública de los bañistas a largo plazo, sino que, además, provocan un grave impacto ecológico.

Por todo ello, la Aeccm denuncia, mediante una petición formal de transparencia, que "puedan realizarse afirmaciones públicas sobre la inexistencia de riesgos asociados a estos contaminantes organoclorados si no existen controles específicos suficientes para detectarlos o descartarlos". En otras palabras, la asociación considera que cuando una administración afirma públicamente que no existe contaminación o riesgo para la salud "debe poder acreditar científicamente esa afirmación mediante datos analíticos objetivos, accesibles y verificables por la ciudadanía".

"La gente tiene derecho a conocer no solo aquello que se analiza, sino también aquello que no se analiza y las razones técnicas que justifican dicha omisión", explica el presidente de la plataforma, Juan Rumeu. En este sentido, recuerda que la Fiscalía de Medio Ambiente, en las actuaciones judiciales relacionadas con Playa Jardín, consideró que existían vertidos continuados de aguas residuales, graves deficiencias en el sistema de saneamiento, incumplimientos administrativos y referencias al empleo de cloro en unas circunstancias que calificó de "relevantes" para la investigación.

Falta de respuestas de Salud Pública

Sin embargo, al momento de ser cuestionado sobre estos asuntos, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, tras trasladar la consulta al servicio de Sanidad Ambiental, competente en esta materia, se limita a indicar que están "estudiando la petición" y que se remiten a la información disponible en su página web sobre la normativa vigente y el programa de control sanitario de las aguas de baño.

Dicha normativa, conforme al Real Decreto 1341/2007, contempla inspecciones periódicas de playas y análisis de las aguas para evaluar su calidad sanitaria. Se centra, principalmente, en indicadores de contaminación microbiológica, como Escherichia coli y enterococos intestinales, a la vez que en otros aspectos relacionados con la seguridad, la presencia de cianobacterias, medusas o microalgas.

No obstante, este programa no responde a la cuestión planteada sobre el posible uso de hipoclorito ni hace referencia a controles específicos destinados a detectar residuos de este compuesto o contaminantes organoclorados asociados, por lo que la información facilitada no da respuesta directa a la consulta realizada.

¿Qué información solicitan?

Por su parte, en el escrito, la asociación argumenta que la Dirección General de Salud Pública tiene la obligación de proteger el bienestar de los bañistas y que la normativa, expuesta anteriormente, permite ampliar los controles cuando pueda existir un riesgo para la población. También, señala que, al no existir constancia pública de controles específicos sobre compuestos organoclorados, la preocupación social ha aumentado a causa de las numerosas informaciones sobre vertidos de aguas residuales y el uso de estas sustancias.

A partir de estas consideraciones, solicitan el acceso completo a los protocolos científicos usados para detectar compuestos derivados del cloro en las aguas de baño de Canarias, así como los análisis y datos de los últimos diez años. Asimismo, pide los informes técnicos y evaluaciones de riesgo sobre los posibles efectos en la salud humana de estas sustancias, y que se aclare si los controles que buscan bacterias y otros microorganismos es suficiente para descartar riesgos químicos procedentes del tratamiento de aguas residuales.

Organismos que respaldan la evaluación de riesgos químicos

De momento, la Aeccm no ha obtenido respuestas. "Esperamos algo muy sencillo: información pública. La gente tiene derecho a saberlo. En una sociedad democrática, la mejor herramienta para combatir la preocupación ciudadana no es pedir confianza ciega en las instituciones, sino facilitar el acceso a toda la información científica disponible. Ese es exactamente el objeto de nuestra solicitud", admite Juan Rumeu.

Todas estas cuestiones no son nuevas; ya existen precedentes internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda evaluar riesgos químicos cuando existan fuentes potenciales de contaminación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también incluye la evaluación de subproductos de la desinfección dentro de sus programas de control de aguas potables y recreativas, y la propia Directiva europea permite que los Estados miembros controlen parámetros adicionales cuando existan circunstancias que puedan afectar a la salud pública. En este contexto, la cuestión que se plantean, ante la falta de información, es sencilla: "Saber si en Canarias se está haciendo las cosas bien".

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