El Cabildo de Tenerife adjudica 21 viviendas públicas en La Victoria de Acentejo con una inversión de más de cuatro millones

El Cabildo de Tenerife aprueba en su Consejo de Gobierno la adjudicación de 21 nuevas viviendas públicas en el municipio de La Victoria de Acentejo. La actuación contará con una inversión de poco más de cuatro millones de euros, destinada a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, y será financiada conjuntamente por la corporación insular y el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

Nuevas viviendas para el norte de Tenerife

La promoción ha sido adjudicada a la empresa FALISA SL y se ejecutará mediante un contrato mixto, una fórmula que integra en un único procedimiento la planificación y la construcción de las viviendas. Este sistema permite agilizar la tramitación administrativa y reducir los plazos de inicio de la obra. El presupuesto, de 4.160.815,21 euros, se repartirá en tres anualidades hasta 2028, con una financiación del 40 % por parte del Cabildo de Tenerife y del 60 % por parte del ICAVI.

En este marco, la actuación de La Victoria forma parte del convenio suscrito entre ambas administraciones para el impulso de vivienda pública en la isla, dotado con 59 millones de euros, de los cuales 25 millones corresponden al Cabildo, con el objetivo de ampliar el parque de residencias protegidas en distintos municipios de Tenerife, más allá de los grandes núcleos. Asimismo, estos nuevos inmuebles se suman a otras ocho promociones realizadas durante el actual mandato, entre ellas las 47 previstas en Granadilla de Abona, 24 en Arafo, 90 en San Miguel de Abona, 30 en Güímar, 29 en El Rosario, 27 en Los Realejos y 17 en Santiago del Teide.

Programas para movilizar suelo y viviendas

La estrategia del Cabildo también incluye otras líneas de actuación para incrementar la oferta de vivienda pública. Una de ellas es Activa Vivienda, destinada a la compra y habilitación de inmuebles para alquiler social en 21 municipios. La otra es Activa Suelo, centrada en financiarla compra de terrenos por parte de los ayuntamientos para su posterior cesión al ICAVI. Precisamente, la parcela donde se levantará la promoción de La Victoria fue adquirida a través de este último programa gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la institución insular.

Sumado a todo lo anterior, en el ámbito de la vivienda, el propio Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó, también, la ampliación de tres decretos vinculados a actuaciones de rehabilitación en entornos residenciales. Se trata de prórrogas en los plazos de ejecución y justificación de varios proyectos financiados con fondos europeos, que afectan a tres grandes actuaciones de rehabilitación programada. En concreto, uno de ellos se desarrolla en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el entorno de El Cardonal (fase I), mientras que los otros dos se localizan en Santa Cruz de Tenerife, en los barrios de Añaza y en la zona de Los Gladiolos IV.

La urgencia social

Las adendas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, impulsadas conjuntamente por los ayuntamientos y el ICAVI, permiten ampliar los plazos de ejecución de estas intervenciones, fijando en el caso de Santa Cruz la finalización de los trabajos hasta junio de 2027, con plazo de justificación hasta diciembre del mismo año. En el caso de La Laguna, la ejecución se extiende hasta junio de 2028, con justificación prevista hasta diciembre de ese ejercicio.

Todas estas cuestiones vienen motivadas por la urgencia derivada de la actual crisis habitacional que sufren las Islas Canarias, en un contexto en el que, según datos de Cáritas de 2025, en Tenerife 2.853 personas carecen de un hogar digno y seguro, siendo Santa Cruz el municipio más afectado, con 998 personas en esta situación (un tercio del total). Le siguen La Laguna, Puerto de la Cruz, Arona y Adeje (1.296 personas entre los cuatro municipios). En este escenario marcado por la escalada de los precios del alquiler, el auge de la vivienda vacacional y la creciente presión social para la adopción de soluciones, las administraciones se ven obligadas a acelerar la ejecución de las políticas públicas de vivienda, con el objetivo de movilizar cerca de 1.200 recursos antes del final del mandato.

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