Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'

El 63% de los conductores de Titsa rechazan la condición de agente de la autoridad como policía administrativa que promueve el Gobierno del Cabildo de Tenerife, según constata una encuesta realizada por Intersindical Canaria entre los trabajadores en la que participó un tercio de los 1.500 afectados. La medida genera oposición porque supone "una responsabilidad más sobre las que ya tenemos".

La representación de los trabajadores aclara que las agresiones, los insultos y otras problemáticas similares que se producen en el interior de las guaguas han disminuido respecto a años anteriores, "según nuestra percepción". Apunta que "desde una perspectiva sindical y laboral", reconocer a los conductores de Titsa como agentes de la autoridad "tiene ventajas evidentes", pero también "riesgos importantes que conviene analizar con detalle".

No esconden el lado positivo

Entre los argumentos a favor estaría la mayor protección frente a las agresiones, ya que los conductores son "la primera línea del servicio público" y, en ocasiones, sufren insultos, amenazas o agresiones físicas. La condición de agente de la autoridad "podría endurecer las consecuencias legales para quienes los agredan y aumentar el efecto disuasorio".

También sería positivo, según estas fuentes, el "reconocimiento de la función pública", ya que "el transporte público es un servicio esencial". Por eso, reconocer una autoridad limitada en el ejercicio de las funciones "reforzaría el respeto hacia el personal encargado de prestarlo".

Asimismo se alcanzaría "más seguridad en el trabajo", ya que "muchos conflictos surgen por impagos, incumplimientos de normas o incidencias con pasajeros". Una protección jurídica reforzada "podría reducir situaciones de tensión".

Por último, el apoyo institucional, ya que empresa y administraciones tendrían "más argumentos para exigir medidas de seguridad, formación y recursos para los trabajadores".

Argumentos en contra con más peso

Sin embargo, han pesado más argumentos en contra como "el aumento de responsabilidades", pues Intersindical entiende que "no se puede conceder autoridad sin exigir responsabilidades adicionales". Los conductores podrían verse sometidos a más controles, expedientes o exigencias legales sobre sus actuaciones.

IC plantea la duda sobre una "posible confusión de funciones", pues la misión principal de un conductor es dirigir con seguridad y atender al usuario, "no ejercer funciones policiales". Existe el riesgo de trasladarles tareas que deberían corresponder a vigilantes de seguridad o fuerzas policiales.

Incluso, de forma paradójica, "es posible que se genere mayor conflictividad" cuando algunos usuarios perciban al chófer como una figura sancionadora, aumentando la confrontación en determinadas situaciones.

La fuerza sindical aboga por la necesidad de una formación continua y específica en mediación, gestión de conflictos, normativa administrativa y derechos fundamentales.

Alternativas razonables

Una alternativa razonable sería reclamar el reconocimiento legal reforzado frente a agresiones; la presunción de veracidad en determinadas incidencias del servicio; más cámaras de seguridad y sistemas de protección; refuerzo de la vigilancia en líneas conflictivas; protocolos rápidos de actuación ante agresiones; asistencia jurídica gratuita al trabajador agredido e incremento de las sanciones por agresiones a conductores de transporte público.

De esta forma, valora el sindicato, se obtendrían muchas de las ventajas de la condición de agente de la autoridad "sin cargar al conductor con obligaciones que no forman parte de su función principal".

Para Intersindical Canaria, podría ser más beneficioso reivindicar una protección jurídica equiparable a la de los agentes de la autoridad en materia de agresiones y respeto al servicio público sin convertir al conductor en una autoridad con funciones cuasi policiales. Esto protege al trabajador y evita que asuma responsabilidades ajenas a su profesión.

Una medida reivindicada hace tiempo

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, reconoce que "el porcentaje de actos vandálicos es muy pequeño" pero también que los conductores, a través del Comité de Empresa, reclaman históricamente la medida porque perturban a los profesionales y al pasajero. En este sentido, explica que "venimos trabajando con el Gobierno de Canarias, y las negociaciones están muy avanzadas, para que se pueda modificar la Ley de Transporte a fin de dotar de autoridad a nuestros conductores y conductoras". Eso supondría la actuación inmediata ante cualquier hecho y mantener la presunción de la verdad a la hora de interponer la denuncia.

Incide Dávila en que "la posibilidad de dotarlos de autoridad para actuar ante un acto vandálico está consensuada con nuestros trabajadores, que lo reclaman hace tiempo". Sentencia que "hemos dado un paso adelante" con la moción que se presenta este viernes al pleno del Cabildo, que, esperan, saldrá adelante con unanimidad e, incluso, con un carácter institucional. Adelantó el inicio, en breve plazo, de campañas de sensibilización para que tanto en la guagua como en el tranvía se actúe de una forma cívica.

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