Una granja marina de Adeje, bajo escrutinio: el Gobierno de Canarias habría omitido al Miteco en la tramitación

El Gobierno de Canarias tramitó la concesión de una granja marina frente a las costas de Adeje sin informar al organismo estatal competente en la gestión del espacio protegido afectado. Así consta en un oficio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), firmado el 15 de junio, que conoció el expediente por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina el pasado 22 de mayo. La concesión acuícola fue adjudicada en febrero a Socat Canarias SL en la Zona de Interés Acuícola ZIA-TF-5, situada entre la Playa del Veril y la Playa de Troya, en Adeje. El proyecto contempla la instalación de 24 jaulas de producción, de 25 metros de diámetro, en dos entramados permanentes de 100 por 600 metros sobre 45 hectáreas de fondo marino. La previsión de la empresa es producir 3.000 toneladas anuales de lubina, dorada y medregal.

El área elegida se solapa con la Zona Especial de Conservación marina Franja Marina Teno-Rasca, integrada en la Red Natura 2000. Su protección se debe a la presencia de especies como el delfín mular y la tortuga boba, además de bancos de arena. Según el plan de gestión de la ZEC, el área coincide con una de las franjas con más avistamientos de estas especies en el suroeste de Tenerife.

No se solicitó el estudio de impacto ambiental

El Ministerio señala que la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, gestora de la ZEC, no fue consultada durante la tramitación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. El expediente avanzó con la convocatoria del concurso, la selección del adjudicatario y la fase de información pública sin que se hubiera solicitado el informe de afección.

El proyecto llegó al ministerio por otra vía: el traslado del decreto de oposición aprobado por el Ayuntamiento de Adeje. A partir de esa comunicación, el departamento estatal requirió a la Consejería toda la documentación vinculada a la concesión, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias y el plan de vigilancia ambiental.

La legislación estatal establece que cualquier proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una Zona Especial de Conservación debe someterse a una evaluación adecuada de sus repercusiones. La normativa obliga a comprobar que la actuación no perjudicará la integridad del espacio.

Solicitud de paralizar la concesión de forma definitiva

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), al revisar el oficio ministerial de junio, sostiene que la omisión del organismo estatal competente compromete la validez del procedimiento. La entidad reclama la paralización definitiva de la concesión y advierte de que una ZEC no puede tratarse como un área de explotación industrial, sino como un espacio para la conservación.

La organización ecologista presentó alegaciones durante el trámite de abril. En ellas advirtió la ausencia del estudio de impacto ambiental entre la documentación sometida a exposición pública, la falta del informe de compatibilidad con las estrategias marinas y posibles deficiencias en la firma del proyecto técnico.

A esas objeciones se suma la denuncia de que la documentación facilitada durante la fase de participación fue incompleta y apareció parcialmente censurada. Además, la consulta presencial del expediente se remitió a Las Palmas de Gran Canaria, pese a que la instalación se ubica en Adeje, circunstancia que, según los ecologistas, dificultó el ejercicio efectivo del derecho de participación pública.

Una zona de alto valor

El debate sobre la piscifactoría se produce en un área de alto valor ambiental y turístico. Estudios financiados con fondos comunitarios por el propio Gobierno de Canarias han analizado las interacciones entre la acuicultura y el delfín mular en esta franja marina, con patrones que en otros lugares han derivado en impactos relevantes sobre las poblaciones.

El Ministerio comunicó que emitirá el informe de afección sobre la ZEC una vez reciba y analice la documentación solicitada al Ejecutivo autonómico. Hasta entonces, el expediente queda bajo la atención del órgano estatal encargado de velar por la conservación del espacio marino protegido, cuyo pronunciamiento será determinante para valorar si la instalación proyectada resulta compatible con la Red Natura 2000.

La concesión queda así rodeada de dudas administrativas y ambientales. El proyecto, planteado para una producción intensiva en 45 hectáreas de mar, afronta ahora el examen del Miteco después de haber avanzado sin la intervención previa del gestor de la ZEC.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria no se pronunció ayer sobre esta cuestión.

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