El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa

El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía administrativa para los conductores de las guaguas de Titsa mediante una iniciativa que plantea reforzar la capacidad de actuación de los chóferes ante comportamientos incívicos, agresiones, alteraciones del orden, daños materiales, conflictos relacionados con títulos de transporte o incumplimientos de las normas de uso del servicio. El Comité de Empresa de la compañía insular de transportes también solicita esta medida desde hace varios años.

El Gobierno insular aprobará esta petición en la sesión plenaria que se clebrará el viernes con una propuesta de Coalición Canaria y Partido Popular en la que instan al Gobierno de Canarias a modificar o desarrollar la Ley autonómica de Ordenación del Transporte por Carretera para reconocer esa potestad al personal de conducción e inspección de las empresas de transporte público regular de viajeros en guagua.

El grupo de gobierno insular señala que el personal de Titsa, especialmente quienes desempeñan funciones de conducción, supervisión, atención al usuario, intervención, inspección interna y control operativo, se encuentra «en primera línea» para que el servicio se preste con regularidad, continuidad, seguridad, accesibilidad y calidad. CC y PP argumentan que la falta de un reconocimiento expreso como policía administrativa genera inseguridad tanto para los trabajadores como para las personas usuarias, además de dificultar la tramitación de infracciones, incidencias, denuncias, sanciones o medidas de protección. Apostilla que este reconocimiento no supondría una atribución genérica de potestades públicas, sino una habilitación «precisa, proporcionada y jurídicamente segura» que estará circunscrita al servicio público de transporte regular de viajeros por carretera.

Entre los acuerdos planteados, CC y PP proponen que Titsa pueda personarse penalmente frente a los autores de agresiones o faltas de respeto graves cometidas contra cualquier trabajador de la empresa pública o vigilantes de seguridad que presten servicio para la compañía.

Una demanda también del personal

Los representantes de los trabajadores han sido insistentes en reclamar esta potestad para los chóferes. Consideran que «es muy importante, porque no es lo mismo agredir a un conductor en la actualidad que hacerlo a un agente de la autoridad», no solo por las consecuencias legales que ello tendría, sino «porque las intervenciones policiales en casos de agresión serían rápidas y no como ha ocurrido en ocasiones, que hemos tenido que esperar hasta media hora con el problema dentro de la guagua y sin agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad». 

Los conductores, objeto de las agresiones

Sostienen que la medida está más que justificada. A circunstancias como la del hombre que obligó a detener la guagua de la línea 014 colocándose en mitad de la carretera se suma la agresión a un conductor y a un pasajero de quien pretendió subir al vehículo fumando, también en febrero pasado y en el sur de la Isla. Otro chófer fue agredido en Candelaria el 23 de agosto de 2025 por un pasajero con comportamiento agresivo: había insultado y empujado previamente a varios pasajeros. Otro más denunció por lesiones a un vaijero que increpó un compañero. Las redes sociales sirven de cauce para divulgar 'hazañas' como la del joven que se grabó rompiendo un asiento. Los casos que implican a menores conllevan la intervención de la Fiscalñia, previsa denuncia. «Hay broncas que se producen de forma espontánea y que están motivadas para grabar, armar la que arman, bloquear el transporte y subir las imágenes a las redes para ganar seguidores", señalan los sindicatos. 

Colaboración con los cuerpos de seguridad

El Gobierno de la isla solicita la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Canaria y de las policías locales para tramitar denuncias por posibles infracciones en el transporte de viajeros y garantizar su rápida presencia en el caso de que se registre un aviso. Un aspecto éste muy reclamado por los sindicatos.

La iniciativa también plantea que el Servicio de Movilidad del Cabildo imparta sesiones informativas y formación sobre infracciones, sanciones y procedimientos de denuncia administrativa tanto a los cuerpos policiales como al personal de Titsa. Además, se reclama el desarrollo de campañas de información y concienciación ciudadana sobre el respeto y el uso adecuado del transporte público, así como sobre las conductas sancionables o punibles en el servicio.

Finalmente, la moción, que podría tener el carácter de institucional, propone dar traslado del acuerdo al Gobierno de Canarias, a Titsa, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los 31 municipios de Tenerife y al Área de Movilidad del Cabildo.

En la iniciativa, firmada por los portavoces José Miguel Ruano (CC) y Lope Afonso (PP), sostienen que el transporte público regular de viajeros por carretera constituye un servicio esencial para la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental y el derecho a la movilidad. En el caso de Tenerife, subrayan que la complejidad territorial de la isla, la presión sobre la red viaria y el incremento de la demanda hacen necesario garantizar el correcto funcionamiento del sistema insular de guaguas.

La legislación del Transporte por Carretera

Inciden CC y PP en que la clave está en la modificación de la Ley 13/2007, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, modificada en agosto de 2025 para ampliar la relación de infracciones graves y muy graves en materia de transporte público de viajeros. También aluden a la sentencia del Tribunal Constitucional 90/2018, que avala la posibilidad de reconocer la condición de agente de la autoridad en el ámbito del transporte público, aplicada y limitada siempre a funciones de policía administrativa y de vigilancia del cumplimiento de la normativa de transporte.

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