El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
Los estudiantes protestan contra la propuesta de eliminar la convocatoria de julio, que consideran un recorte académico y una pérdida de oportunidades

El Día

Los peores presagios del alumnado de la Universidad de La Laguna (ULL) finalmente se han cumplido: el Claustro ha aprobado el nuevo estatuto y, por tanto, a partir del próximo curso tendrán un llamamiento de exámenes menos. La votación ha salido adelante con el voto a favor de 147 de los 250 miembros que componen este órgano. Para validar la nueva norma era necesario que contara con el respaldo de la mitad de participantes más uno, un mínimo que han superado.
El estudiantado, que durante las últimas semanas ha expresado su descontento con esta propuesta, no ha tardado en reaccionar. Primero, en los minutos previos a la votación, invadieron el Edificio del Rectorado y después, durante la sesión, presentaron su dimisión en bloque, tanto los grupos del Claustro -Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), Libertad Estudiantil (LI), Asociación de Estudiantes de la ULL (AEULL), Ágora y Estudiantes en defensa de la Facultad de Educación (EDFE)- como el Consejo Estudiantil.
Ante de aprobar el texto definitivo se habían votado los únicos tres artículos que no estaban consensuados del reglamento, entre ellos el 106, correspondiente a la evaluación. Este punto tenía dos opciones: recortar un llamamiento y reforzar la evaluación continua (dos convocatorias y dos evaluaciones) o mantener el esquema actual de evaluación (dos convocatorias y tres evaluaciones en total). Finalmente, es la primera de ellas -la opción por la que el alumnado protesta- la que ha obtenido la mayoría (145 votos, el 67,13% del total), frente a los 68 votos (31,48%) que recibió la opción B y las 3 abstenciones (1,39%). "Por tanto, la opción que pasa al texto definitivo es la A", sentenció el secretario tras hacer públicos los datos.
¿Cómo queda el sistema de evaluación?
El próximo curso, el sistema de evaluación quedaría de la siguiente manera: habrá una convocatoria ordinaria (celebrada en enero y mayo, según cuatrimestre) y otra extraordinaria (en junio), pero solo con un llamamiento, es decir, una única oportunidad en lugar de las dos que existían hasta ahora.
La tensión en la sesión ordinaria del Claustro había ido aumentando conforme avanzaba la mañana y alcanzó su punto álgido tras conocer los resultados de esa primera votación, correspondiente a los artículos. Como consecuencia, el rector se vio obligado a aplazar el encuentro, que se estaba desarrollando desde las 9:00 horas de ayer. Al no poder continuar con el orden del día y tras un receso de 15 minutos, decidió que finalmente la reunión se retomaría a la tarde, pero de manera telemática.
En el tiempo intermedio los alumnos tomaron el Rectorado y los representantes de los grupos estudiantiles, en sus intervenciones, intentaron por todos los medios que el profesorado y el propio García escucharan sus protestas.
Todos los grupos unidos
Esta polémica ha conseguido algo que no suele ser muy habitual en la universidad: poner de acuerdo a toda la representación estudiantil. Se han movilizado todos los representantes de los grupos claustrales, el Consejo de Estudiantes y las 23 delegaciones que, por primera vez, se han sumado en bloque a una protesta de este tipo. Todos ellos ya habían advertido que eran minoría en el Claustro y que, al ser una propuesta planteada por un grupo del profesorado, había muchas probabilidades de que saliera adelante.
El estudiante José Luis Rodríguez, como portavoz de AEULL, manifestó que la manera de proceder había sido "una auténtica vergüenza" y que habían querido silenciarles. "Supuestamente lo han hecho por nuestro bien, pero no se decide sobre nosotros sin contar con nuestro apoyo", reivindicó.
Paro académico en Educación
Desde el Grupo de alumnos EDFE reconocieron que han perdido una votación: "No fingiremos que no tendrá consecuencias". Asimismo, argumentaron que no consideran que este último llamamiento sea incompatible con el refuerzo de la evaluación continua, por lo que no entienden por qué han optado por reducir oportunidades. "Es más sencillo recortar derechos que corregir problemas", apostilló su representante. De cara al próximo curso solo esperan que el profesorado tenga razón con este cambio, que aumente la calidad y que se reduzcan las desigualdades. "Queremos que se haga uso del servicio de inspección y que se sancione a los docentes que no cumplan con la evaluación continua", sentenciaron. También anunciaron que en septiembre habrá un paro académico en la Facultad de Educación.
¿Qué dice el profesorado?
Uno de los momentos más tensos de la jornada llegó en la última intervención, la del Programa Alternativo para el Profesorado (PAP), el grupo que lanzó esta propuesta. La portavoz, Gloria Rojas, defendió que el examen de convocatoria puede servir para calificar, pero no necesariamente para aprender. "El verdadero derecho del estudiantado es recibir una educación de calidad y sus estándares se miden por los niveles de aprendizaje permanente, duradero y alcanzable", afirmó. Desde su perspectiva, la evaluación continua "bien diseñada" es sinónimo de progreso académico y social. "No compartimos para nada la premisa de que un segundo llamamiento sea un derecho, es un error mayúsculo y una concepción tradicionalista del aprendizaje", argumentó tras ser abucheada por los alumnos presentes.
Andrés Hernández, como representante de ACE, subió al atril para poner en duda el planteamiento de Rojas. "En la asignatura que imparte en Derecho, Derecho del Trabajo, la evaluación se realiza mediante dos pruebas, cada una de ellas vale un 50% de la nota final, ¿eso le parece la evaluación continua que quiere implantar su grupo?", afeó.
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