El PSOE lleva al juzgado el Plan General de San Miguel de Abona por "crear inseguridad"

El Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona abre un debate político y judicial en el municipio tras su aprobación por parte del Gobierno de Canarias. El PSOE lleva al juzgado el documento al considerar que genera "graves perjuicios" a vecinos, especialmente por la reclasificación de terrenos que antes eran urbanos y ahora pasan a suelo rústico, así como por la existencia de viviendas que, según los socialistas, quedan fuera de ordenación.

El portavoz del PSOE en San Miguel de Abona, José Carlos Rodríguez, sostiene que el plan provoca "inseguridad jurídica" y preocupación entre familias afectadas y defiende que su formación acude a los tribunales para proteger los intereses de la ciudadanía. Los socialistas consideran que el documento salió adelante sin consenso suficiente ni diálogo con las personas afectadas.

Frente a estas críticas, el gobierno municipal nacionalista subraya que el PGO no fue aprobado por el Ayuntamiento, sino por el Gobierno de Canarias, y que el procedimiento cumplió con los plazos de exposición pública y alegaciones. También señalan que las demandas presentadas fueron "mínimas" y que "la mayoría proceden de empresas con intereses urbanísticos, no de particulares".

El grupo de gobierno defiende que se trata de una herramienta de planificación "trabajada durante más de una década por equipos técnicos, administraciones y organismos sectoriales, y que aportará estabilidad, seguridad jurídica y una visión de futuro para el municipio". Admiten que pueden existir discrepancias sobre decisiones concretas de ordenación, pero rechazan convertir el planeamiento en una cuestión partidista.