Vecinos de Las Bajas, en Güímar, inician un retorno paulatino a sus hogares tras cinco años de espera

El regreso de los vecinos de Las Bajas al caserío se realiza de forma muy paulatina. Durante las primeras semanas solo tres de ellos retornaron después de que la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, decretara (el pasado día 12 de mayo) "levantar de forma condicionada y reversible el cierre y precinto existente en el camino de Las Bajas, permitiendo nuevamente el acceso y uso de la zona afectada".

Eran una veintena cuando en marzo de 2021 abandonaron este lugar habitado que se encuentra junto al mar a la altura del túnel de la autopista del sur (TF-1), al paso por Güímar. Se trata de un núcleo de casas-cueva que evidencia el deterioro de los cinco años transcurridos sin estar habitado. De hecho, la acción del mar y los temporales que se han sucedido en este tiempo dejan su huella en forma de piedras, techos rotos, suciedad, suelo muy dañado... y las verjas que impedían el acceso al lugar.

Salieron de Las Bajas para que el Ayuntamiento de Güímar realizara los trabajos necesario que permitieran asegurar el talud situado sobre las casas-cueva, dañado y en mal estado según los informes municipales. La obra fue contratada por 342.685 euros y cuando fue paralizada, en agosto de 2021, la facturación superaba el millón de euros. La empresa adjudicataria trasladó el impago de las facturas a la vía judicial, que le ha dado la razón. Los vecinos salieron del lugar con el compromiso de que estarían fuera de los mismos durante cuatro o cinco meses. Han tardado cinco años en ser autorizados a retornar a lo que fueron sus hogares.

Amparados en el anonimato, algunos de aquellos moradores aseguran que no volverán porque «ya tenemos la vida por otro lado y nos va mejor y porque los que hay allí necesita mucho gasto». No obvian las críticas al gobierno que los desalojó (PSOE-CC), pero «mientras podamos, no volvemos».

Las Bajas es un caserío que también está afectado a nueve expedientes de recuperación posesorio de la zona de dominio público marítimo-terrestre, en la actualidad sin resolver al completo en la vía judicial. Ese es otro problema que tendrá que afrontar la población del lugar.

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