Más de seis millones para gastos pese al no de la interventora del Ayuntamiento de Güímar

El Ayuntamiento de Güímar aprobó, con informe desfavorable de la Intervención municipal, el uso de casi 6,7 millones de euros para pagar obras de emergencia por la borrasca Therese, cuatro meses del servicio de recogida de basura y el salario de 15 trabajadores de la empresa que lo presta, además de la sentencia por los trabajos realizados en el talud de Las Bajas, así como la compra de suelo e inmuebles, entre otras cuestiones.

Además de emitir informe desfavorable, la Intervención municipal advierte que, al término del ejercicio, con estas medidas se incumplirá el principio de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y el plan económico y financiero aprobado por el Consistorio el pasado 23 de diciembre. De hecho, asegura que este Ayuntamiento ya incumple el precepto de estabilidad presupuestaria porque al concluir el primer trimestre ya está en negativo por más de 480.000 euros.

«Una cosa es el informe técnico y otra la decisión política del interés general», defendió la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, quien aseguró que con la modificación de crédito y suplemento de crédito aprobado no hay un endeudamiento del Consistorio.

La Intervención apunta que el Consistorio incumple la estabilidad presupuestaria así como la regla del gasto

El concejal de Hacienda, Obras y Servicios Municipales, José Miguel Hernández, defendió el proceder del gobierno al que pertenece y orientó a la oposición, de forma especial al edil de USP, César Bethencourt, a acudir a la Fiscalía si entiende que se incurre en una ilegalidad.

Entre las cuestiones que atenderá el Ayuntamiento de Güímar con estos casi 6,7 millones de euros está el pago de casi 515.000 euros a la empresa que ejecutó la obra del talud de Las Bajas. Se corresponde con la cuantía estipulada por sentencia judicial consecuencia de la paralización de los trabajos una vez que se detectaron facturas que triplicaban el importe por el que se contrató el trabajo. Hernández culpó al concejal socialista, Airam Puerta, de este problema ya que fue el alcalde que firmó la contratación de la obra. «Es el auténtico culpable del sobrecoste», aseguró. Hernández formaba parte de este mismo grupo de gobierno.

Coalición Canaria sostuvo que el gobierno que forman PP, dos concejales del PSOE y Nueva Canarias «aprobó una modificación de 6,68 millones con informe desfavorable, sin justificar la inaplazabilidad, con riesgo de incumplir estabilidad, regla de gasto y el plan económico-financiero; con gastos de residuos vinculados a un contrato en nulidad, sin omisión de función interventora y con partidas genéricas sin detalle suficiente».

El concejal nacionalista Cristian Santana cuestionó los 498.000 euros para obras de emergencia a causa de la borrasca Therese. El informe de la Intervención señala: «No consta en la Intervención de fondos de la entidad ningún reconocimiento de obligación, ni pago relacionado con obras de emergencia Borrasca Therese». La respuesta también fue clara: falta otra cantidad similar que aportan los gobiernos central y canario, expuso el concejal de Urbanismo, Francisco del Rosario.

Más de medio millón se empleará en pagar a la empresa que ejecutó la obra del talud de Las Bajas por orden judicial

El caso de la concesión de la recogida de residuos, el suplemento de crédito aprobado con los votos del Gobierno municipal aporta más de 1,3 millones que se suman a los más de 2,3 millones con que ya contaba. Se da la circunstancia de que la medida «se corresponde con previsiones vinculadas a la futura licitación del servicio». El mismo tiene un contrato «en situación de nulidad», si bien durante este año se ha cargado más de 355.000 euros por un contrato de suplemento.

La interventora accidental recuerda que el Ayuntamiento de Güímar está sujeto a un plan económico y financiero que prevé una liquidación de casi 22,5 millones. Por ello, la funcionaria advierte en su informe que «la utilización del remanente de tesorería para gastos generales para financiar modificaciones presupuestarias que, al final del presente ejercicio, terminen siendo ejecutadas debido al reconocimiento de obligaciones, dará lugar a incumplimiento de los objetivos establecidos en el referido plan», lo que, señala, tendrá consecuencias legales para la Administración municipal. n

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