Ecologistas de Tenerife denuncian ante la Comisión Europea dos proyectos urbanísticos en Palm-Mar por posible daño a Montaña de Guaza

Un amplio grupo de colectivos ecologistas de Tenerife ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, contra la autorización de dos proyectos urbanísticos previstos en Palm-Mar, en el municipio de Arona. Las actuaciones señaladas son 'The Cliff', de la promotora belga Los Menceyes Properties, y 'Edificio Gara', de la madrileña Metrovacesa. Según la denuncia, ambos proyectos podrían causar daños significativos en el entorno de la Montaña de Guaza, un espacio protegido del sur de Tenerife.

La queja también ha sido trasladada al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Arona, con el objetivo de dejar constancia de que las administraciones competentes conocen los hechos denunciados y las posibles infracciones ambientales señaladas por los colectivos.

Las parcelas afectadas se sitúan parcialmente dentro del Monumento Natural Montaña de Guaza y de la Zona de Especial Protección para las Aves Rasca y Guaza, espacios que forman parte de la Red Natura 2000. Esta red ecológica europea incluye Zonas Especiales de Conservación y Zonas de Especial Protección para las Aves, con el fin de garantizar la supervivencia a largo plazo de especies y hábitats amenazados en Europa.

Flora, fauna y hábitats bajo amenaza, según los informes

Los colectivos sostienen que ninguno de los dos proyectos ha sido sometido a la evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000 que, según denuncian, exige el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats cuando una actuación puede afectar de forma significativa a un espacio protegido.

La queja se apoya en informes elaborados por personas expertas, científicas y colectivos especializados en flora, fauna y geología, basados en la información disponible y en trabajos de campo realizados entre 2025 y 2026. Sus conclusiones, según la documentación aportada por los ecologistas, apuntan a impactos graves, irreversibles y no compensables.

En el ámbito de la flora, los informes señalan la presencia de comunidades vegetales de tabaibal-cardonal, un hábitat de interés comunitario incluido en el Anexo I de la Directiva Hábitats. También documentan decenas de taxones endémicos de Tenerife, Canarias y la Macaronesia, además de especies vegetales con niveles de protección comparables a los de la viborina triste, cuya presencia fue determinante en la paralización de Cuna del Alma.

Especies en peligro de extinción

En cuanto a la fauna, los informes citados por los colectivos alertan de la posible afección a especies catalogadas en peligro de extinción por la normativa canaria y estatal. Entre ellas figura la pimelia tinerfeña costera (Pimelia canariensis), un escarabajo endémico de Tenerife con una capacidad de dispersión muy limitada, lo que haría prácticamente irreversible una extinción local.

También se menciona el lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia), del que, según la nota, sobreviven apenas dos poblaciones en toda la isla. Una de ellas se encuentra a escasos metros de las obras proyectadas y atraviesa desde hace años un acusado declive.

Los informes sobre avifauna apuntan además a la presencia nidificante de la pardela cenicienta (Calonectris borealis) en la zona de obras. La Directiva Aves de la Unión Europea establece normas para proteger las aves silvestres, sus huevos, nidos y hábitats, y obliga a los Estados miembros a adoptar medidas de conservación.

Los ecologistas cuestionan las actuaciones previstas en la ladera

La documentación incorporada a la queja sostiene que la ladera de Montaña de Guaza es un sistema estabilizado y que no representa riesgo para personas ni infraestructuras. Por ello, los colectivos rechazan las intervenciones previstas, entre ellas cementación, instalación de mallas metálicas y hormigonado de grandes superficies dentro del espacio protegido.

A su juicio, estas actuaciones alterarían de forma irreversible el régimen hídrico, la dinámica geomorfológica y los valores paisajísticos y patrimoniales del enclave. La conclusión de los informes, según la queja, es que la opción técnicamente más justificada y segura sería la no intervención.

Posible vulneración del Derecho europeo y estatal

La denuncia presentada ante Bruselas sostiene que la autorización de los proyectos supondría una vulneración del Derecho de la Unión Europea. Los colectivos consideran que la Sentencia número 395/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que eximió el proyecto de evaluación ambiental al invocar unas Normas de Conservación aprobadas en 2008, no puede prevalecer sobre las obligaciones establecidas por la Directiva Hábitats.

Según la queja, ninguna norma interna ni resolución judicial de carácter formal puede evitar la evaluación adecuada de un proyecto concreto si existe una posibilidad razonable de afección significativa sobre un espacio de la Red Natura 2000. Los ecologistas sostienen que, en este caso, esa posibilidad no solo es razonable, sino que está respaldada por los informes científicos incorporados al expediente.

Los colectivos firmantes reclaman a todas las administraciones competentes la paralización de cualquier tramitación de licencias relacionada con los proyectos y la realización de una evaluación adecuada de repercusiones sobre la Red Natura 2000 antes de adoptar cualquier decisión autorizatoria.