La justicia suspende la orden de cese de las actividades del Real Casino de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz prepara las alegaciones

La justicia suspende de forma provisional la resolución de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz que ordenó el cese inmediato de las actividades abiertas al público que organiza el Real Casino de Tenerife. La medida permite a la sociedad privada más antigua de Canarias mantener su agenda de actos mientras se resuelve el procedimiento por la vía administrativa y judicial.

El Ayuntamiento ha recibido en la mañana de este lunes 25 de mayo de 2026 la resolución de la jueza Cristina Escamilla, titular de la plaza número 3 de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, y ya prepara las alegaciones.

En el escrito, fechado este viernes 22 de mayo, la magistrada no aclara por qué ha adoptado esta decisión, sino simplemente se limita a enumerar las razones que según la ley permiten la adoptación de esta decisión extraordinaria, definida como cautelarísima en la nomenclatura judicial.

La medida anula transitoriamente la resolución del Ayuntamiento, emitida el 14 de mayo, que ordena el cese inmediato de las actividades del Real Casino de Tenerife en su sede de la plaza de la Candelaria de la capital chicharrera al considerar que carecen del título habilitante exigido por la normativa canaria de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

En concreto, la decisión afecta a los eventos que celebra la entidad en los restaurantes de la segunda y la cuarta planta, los dos bares, el gimnasio y otras dependencias interiores como la guardería, la ludoteca y las salas de eventos, fiestas, conciertos y karaoke.

Las actividades canceladas por Urbanismo son las que quedan al amparo de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, es decir, aquellas de libre acceso que requieran medidas de seguridad, como bailes, conciertos, eventos y galas. La razón es que la sociedad organiza estos eventos sin las autorizaciones exigidas ni la comunicación previa.

El Real Casino presentó un recurso contencioso-administrativo para suspender esa orden, petición que ha sido aceptada por la magistrada hasta que se resuelva el procedimiento. La entidad recreativa considera que al ser un club de naturaleza privada y sin ánimo de lucro, queda exento de la obligación legal de solicitar licencia municipal.

La sociedad defiende que los actos que organiza "tienen carácter estrictamente privado, familiar o docente, y no están abiertos a la pública concurrencia, que está expresamente vetada". Por tanto, concluye que conforme al art. 2.3 de la Ley 7/2011 de 5 de abril organiza desde hace 15 años una serie de actividades sin que se le haya exigido autorización ni comunicación previa. "Las actividades del RCTF están imperativamente excluidas del régimen de intervención administrativa previa de la mencionada ley”, puntualiza la institución.

El Real Casino es el único club privado del municipio capitalino que ha optado por la vía del pleito judicial en vez de la regularización de sus instalaciones para obtener los permisos con los que poder celebrar actos abiertos a la libre concurrencia.

Con otras sociedades -como el Club de Tenis Tenerife, el Círculo de Amistad XII de Enero y el Real Club Náutico-, el Consistorio mantiene conversaciones desde hace meses para legalizar la organización de eventos que precisen, según la ley de espectáculos públicos, comunicación previa y título habilitante. Es una medida que busca preservar la seguridad de las personas y evitar ruidos y otras molestias que afecten a los vecinos.

La Gerencia de Urbanismo ya trabaja para presentar alegaciones a esta cautelarísima, para lo que tiene tres días, y remitir todo el expediente administrativo, tal y como ha solicitado la jueza en el auto que anula la orden de cese de las actividades.

Hay que recordar que la resolución de Urbanismo no implica el cierre del Real Casino de Tenerife, ni siquiera la imposibilidad de ofrecer actos en los que no hay libre acceso ni tienen una envergadura suficiente para que requieran medidas de protección recogidas en la normativa canaria.

El Ayuntamiento argumenta que la orden de suspensión de los actos en las dependencias del Real Casino se ampara en que la sociedad recreativa carece de las autorizaciones que exige la ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos y que, además, estos eventos están abiertos al público en general, no solo a los socios.

El Servicio de Disciplina Urbanística sostiene que lo determinante no es la forma jurídica de la sociedad, sino la naturaleza real de las actividades que ofrece y el acceso de personas que no forman parte de la institución a eventos y servicios. Subraya que en realidad esas actividades y el uso de las dependencias no están limitadas de forma exclusiva a los socios, sino que pueden acceder a ellas otras personas, por ejemplo a través de invitaciones.

El Casino puede de esta manera proseguir con su programación hasta que se resuelva el expediente. Ya de hecho, tal y como informó la junta directiva en un comunicado enviado este sábado 23 de mayo, acogió el viernes una actividad denominada Tardeo en la Terraza, que fue "un éxito de convocatoria de socios y sus invitados".

En esa nota, el club, presidido desde el 30 de enero por la abogada y política del PP Beatriz Barrera, anunció "el normal funcionamiento" de sus servicios, como los de ludoteca, gimnasio, cursos, cafetería, restaurante y eventos, como la celebración el mismo viernes 22 del almuerzo en honor a Santa Rita, patrona de los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz, "entre los que se encontraban autoridades municipales, todo en un clima de normalidad institucional".

En paralelo a esta resolución, anulada ahora por la justicia, sigue su curso otro expediente abierto al Real Casino. Propone una sanción de más de 25.000 euros por exceso de ruidos durante los actos de conmemoración, entre junio y julio de 2025, del 185 aniversario de la fundación de la sociedad recreativa. Ambos expedientes parten de la denuncia de una vecina de la calle San José, en la trasera de la sede de la institución.

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