Estrés postraumático, agorafobia o depresión crónica: los daños psicológicos que arrastran las mujeres con discapacidad sobrevenida por violencia machista

Más de la mitad de las mujeres tinerfeñas que sufren discapacidad sobrevenida por violencia de género arrastra daños psicológicos, como estrés postraumático o ansiedad severa. Así lo pone de relieve el Cabildo de Tenerife en uno los primeros estudios realizados en España sobre este tipo de discapacidad que resulta del impacto directo de la violencia de género. Un informe que pone el foco en una realidad poco documentada y que apenas aparece reflejada en los registros oficiales.

Según los datos del estudio, entre las mujeres que sí cuentan con reconocimiento oficial de discapacidad, la causa más frecuente está relacionada con problemas psicológicos y emocionales. En concreto, el 54% presenta una discapacidad sobrevenida vinculada a la salud mental, con síntomas como estrés postraumático, agorafobia, crisis de pánico, depresión crónica e ideación o intentos de suicidio recurrentes.

La investigación, elaborada por Coordicanarias, analiza la situación de 23 mujeres de diez municipios de Tenerife a través de entrevistas en profundidad y encuestas. Aunque se trata de una primera aproximación, el informe permite acercarse a una realidad que hasta ahora había permanecido muy invisibilizada: mujeres que sobreviven a la violencia de género, pero arrastran secuelas que condicionan su autonomía, su estabilidad económica y su vida cotidiana.

La salud mental, principal secuela reconocida

El estudio señala que la discapacidad sobrevenida asociada a la salud mental es la más frecuente entre las participantes que han logrado obtener la certificación oficial. Estas secuelas no siempre son visibles, pero pueden limitar de forma intensa la vida diaria de las mujeres.

Los síntomas recogidos en el informe muestran el impacto prolongado de la violencia machista. El estrés postraumático, la ansiedad severa, la agorafobia o la depresión crónica aparecen como consecuencias directas de procesos de maltrato sostenidos durante años.

Junto a los problemas de salud mental, el estudio también identifica secuelas derivadas de la violencia física, así como discapacidades de tipo sensorial e intelectual.

Más de un 40% no tiene reconocida la discapacidad

Otro de los datos relevantes del informe es que más del 40% de las mujeres participantes no cuenta con reconocimiento oficial de discapacidad. En muchos casos, los plazos de espera para obtener la certificación superan los dos años, lo que retrasa el acceso a recursos, prestaciones y apoyos especializados.

Esta demora deja a muchas mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. A las secuelas de la violencia se suman la falta de ingresos, las dificultades laborales y los problemas para acceder a una vivienda estable.

El informe advierte de que los circuitos de atención a la violencia de género y los procesos de reconocimiento de discapacidad funcionan actualmente de forma separada. Por eso, una de las principales propuestas es mejorar la coordinación entre ambos sistemas.

Once años de convivencia con el agresor

La investigación refleja que el 87% de las mujeres con discapacidad sobrevenida convivió con el agresor. Además, esa convivencia se prolongó durante una media de once años, lo que ayuda a entender la gravedad de las secuelas detectadas.

Durante ese tiempo, las participantes sufrieron varios tipos de violencia de forma simultánea. La más frecuente fue la violencia psicológica, presente en el 98,7% de los casos. También se registró violencia física en el 82,6%, violencia sexual en el 74% y violencia económica en otro 74%.

El estudio recoge además que el 40% sufrió violencia vicaria, una forma de maltrato ejercida a través de hijos, hijas u otras personas cercanas.

Precariedad, soledad y falta de recursos

Las mujeres entrevistadas tienen una edad media de 50 años y proceden mayoritariamente de entornos socioeconómicos vulnerables. El 40% vive sola y nueve de cada diez no conviven en pareja.

La precariedad económica atraviesa buena parte de los casos analizados. La media de ingresos se sitúa en 737 euros al mes y el 80% de las mujeres no trabaja. Entre quienes sí tienen empleo, la mayoría desarrolla su actividad en el sector de la hostelería.

Estos datos muestran que la violencia no termina cuando cesa la convivencia con el agresor. Las consecuencias pueden mantenerse durante años y afectar a la salud, al empleo, a la vivienda y a la capacidad de reconstruir una vida autónoma.

Medidas para mejorar la atención

A partir del diagnóstico, el informe plantea varias líneas de actuación. Entre ellas, incorporar protocolos específicos para atender los casos en los que confluyen violencia de género y discapacidad sobrevenida.

También propone mejorar la coordinación entre los servicios de atención a víctimas y los procesos de valoración de discapacidad, agilizar los plazos de reconocimiento y reforzar el acompañamiento en materia de vivienda y empleo.

Otra de las recomendaciones es impulsar espacios grupales desde el tercer sector, donde las mujeres puedan compartir experiencias, encontrar apoyo y construir redes de seguridad.

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