El Ayuntamiento de Santa Cruz justifica la orden de cese de las actividades del Real Casino por razones de salubridad, seguridad y protección del medio ambiente

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife niega que la orden de cese inmediato de las actividades que organiza el Real Casino de Tenerife sea desproporcionada, como ha criticado la sociedad privada más antigua de Canarias, y justifica la medida por razones de salubridad, seguridad de las personas y protección del medio ambiente.

En un comunicado institucional, el Consistorio aclara que ha mantenido "durante un prolongado periodo de tiempo numerosas reuniones y contactos" con representantes del Real Casino, con el objetivo de "facilitar la adecuación de determinadas actividades a la normativa vigente".

"La actuación municipal [suspendión de los actos] no responde, por tanto, a una intervención súbita o desproporcionada, sino a un proceso continuado en el tiempo orientado a encontrar soluciones compatibles con la legalidad", matiza el Ayuntamiento.

El 14 de mayo, la Gerencia de Urbanismo ordena el "cese inmediato" de las actividades de la entidad privada, cuya sede se encuentra en la plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña, al considerar que carecen del título habilitante exigido por la normativa canaria de actividades clasificadas y espectáculos públicos. La decisión se adopta tras una investigación del Servicio de Disciplina Urbanística a raíz de la denuncia de un vecino por ruidos molestos.

La resolución, firmada por la concejala de Urbanismo, Zaida González, concluye que el Real Casino de Tenerife alberga actos «clandestinos» susceptibles de autorización administrativa previa, «sin que conste la cobertura legal necesaria». Entre ellos se encuentran bailes, actuaciones musicales, conferencias, cenas y galas.

El Consistorio chicharrero, asimismo, abre también un expediente, con una propuesta de sanción de más de 25.000 euros, al Real Casino por exceso de ruido en la celebración, entre junio y julio de 2025, de una serie de actos por el 185 aniversario de su fundación.

El Casino, que ha pedido por la vía contencioso-administrativa una medida cautelarísima de suspensión urgente de esta orden municipal de cese de las actividades, ha respondido este sábado 23 de mayo de 2026 con un desafío al Ayuntamiento.

La junta directiva anuncia en un comunicado que mantiene las actividades a pesar de la orden municipal de suspensión de las mismas emitida por la Gerencia de Urbanismo, que cataloga de "absolutamente desmedida".

Apunta, asimismo, que "ya se han solicitado las correspondientes medidas cautelares, lo que implica que la ejecución de la orden de cierre queda suspendida mientras los tribunales resuelven sobre el fondo del asunto".

En la nota, el Real Casino de Tenerife aclara que "prueba de que continúan los actos" es la celebración este viernes 22 de mayo de la actividad Tardeo en la Terraza, que "fue un éxito de convocatoria de socios y sus invitados".

"Asimismo, cabe destacar el funcionamiento normal de nuestros servicios como los de ludoteca, gimnasio, cursos, cafetería, restaurante y eventos, como la celebración del almuerzo en honor a Santa Rita, patrona de los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz, entre los que se encontraban autoridades municipales, todo en un clima de normalidad institucional", añade el comunicado.

La resolución municipal detalla que quedan prohibidos los eventos en los restaurantes de la segunda y la cuarta planta del club privado, los dos bares, el gimnasio y otras dependencias interiores como la guardería, la ludoteca y las salas de eventos, fiestas, conciertos y karaoke.

El Ayuntamiento ha respondido pasadas las 13:00 horas de este sábado. Aclara que la normativa autonómica aplicable —la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias— "establece la obligación de obtener el correspondiente título habilitante para aquellas actividades susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones de salubridad, generar riesgos para las personas o producir afecciones medioambientales, entre ellas las acústicas".

El club de la alta sociedad chicharrera carecía de estas licencias a la hora de organizar eventos de todo tipo. La exigencia de dicho título habilitante, precisa el Consistorio en su comunicado institucional, "no constituye una mera formalidad administrativa, sino un mecanismo legal esencial para garantizar la seguridad de las personas, la adecuada prevención de riesgos, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigibles y la protección de derechos de terceros".

El Consistorio corrobora que todo se inició por "una denuncia vecinal" y afirma haber constatado tras varias inspecciones de sus técnicos "episodios de contaminación acústica superiores a los límites legalmente establecidos". "Como consecuencia de dicha constatación, y en cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a la administración municipal en materia de disciplina y control de actividades, se ha incoado el correspondiente procedimiento sancionador, actualmente en tramitación y pendiente de resolución definitiva, con plena garantía de los derechos de audiencia y defensa de la entidad afectada".

Conviene recordar, señala el gobierno municial, que "el ruido no constituye únicamente una molestia cotidiana, sino que afecta directamente al derecho al descanso, a la intimidad domiciliaria y al libre desarrollo de la vida personal y familiar en el hogar, derechos que cuentan con protección constitucional y que han sido reiteradamente reconocidos por la jurisprudencia de nuestros tribunales".

El Ayuntamiento recuerda que tiene "la obligación legal de garantizar el equilibrio entre el legítimo desarrollo de actividades sociales y culturales y la protección de los derechos de los vecinos, actuando siempre conforme al principio de interés general y al sometimiento pleno a la legalidad".

La Gerencia Municipal de Urbanismo subraya igualmente que las actuaciones practicadas "responden exclusivamente al ejercicio de las potestades legales de inspección, control y disciplina administrativa atribuidas a la administración municipal, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de actividades clasificadas, seguridad, protección ambiental y convivencia ciudadana".

En este sentido, el Ayuntamiento señala que los procedimientos de regularización y adecuación administrativa "no afectan de manera singular al Real Casino de Tenerife, sino que forman parte de las actuaciones que se vienen desarrollando respecto de distintos clubes y entidades sociales de la ciudad cuya situación administrativa requiere adaptación a las exigencias legales actualmente vigentes".

El principio de igualdad en la aplicación de la ley, remarca el gobierno capitalino, "obliga a la administración a actuar con los mismos criterios respecto de cualquier entidad, institución o actividad sometida al ámbito de aplicación de la normativa".

Por ello, la actuación municipal "no responde a criterios arbitrarios ni discrecionales, ni supone cuestionamiento alguno de la relevancia histórica del Real Casino de Tenerife, sino al ejercicio responsable de las competencias que la legislación atribuye a la administración pública en materia de seguridad, convivencia y protección de derechos".

El Real Casino ha solicitado la anulación del expediente que desembocó en la orden de cese de las actividades al alegar que tiene carácter estrictamente privado y que sus instalaciones no están abiertas al público, sino solo a los socios, en la actualidad alrededor de 2.000.

La sociedad, fundada en 1840, puntualiza que las actividades que ha venido desarrollando durante tantos años carecen de ánimo de lucro, sino que se circunscriben a su masa social, por lo que considera que no precisan de una autorización expresa ni comunicación previa al Ayuntamiento.

La Gerencia de Urbanismo rechazó todas las alegaciones. El departamento sostiene que lo determinante no es la forma jurídica de la sociedad, sino la naturaleza real de las actividades que ofrece y el acceso de personas que no forman parte de la institución a eventos y servicios. Subraya que en realidad esas actividades y el uso de las dependencias no están limitadas de forma exclusiva a los socios, sino que pueden acceder a ellas otras personas, por ejemplo a través de invitaciones.

El Servicio de Disciplina Urbanística manifiesta que durante las inspecciones se observaron espacios destinados a restauración, cafetería y eventos de ocio de todo tipo «de pública concurrencia o asimiladas». «Se ha corroborado que existe una organización de eventos, utilización de sistemas de invitación, difusión externa de determinadas actividades y acceso de terceros ajenos a la condición estricta de socio».

En la nota remitida este sábado, Urbanismo añade que "la legislación únicamente excluye de este régimen determinadas celebraciones de carácter estrictamente familiar o privado que no estén abiertas a la pública concurrencia". "Sin embargo, la realidad funcional de las actividades desarrolladas en el inmueble objeto del expediente no puede equipararse jurídicamente a ese tipo de supuestos excepcionales previstos por la ley", precisa.

"Las actividades de restauración, ocio y eventos desarrolladas en la entidad", defiende el Ayuntamiento, "se dirigen a una colectividad amplia de personas y presentan características propias de pública concurrencia, con independencia de la naturaleza asociativa de la institución o de la existencia de la condición formal de socio". "La normativa vigente atiende a la naturaleza material y funcional de la actividad desarrollada y no exclusivamente a la forma jurídica de la entidad titular".

El Consistorio, en cualquier caso, muestra su "disposición al diálogo y a la colaboración institucional para facilitar que la entidad pueda adaptar sus actividades a las exigencias legales vigentes en condiciones de seguridad jurídica y convivencia adecuada con el entorno residencial".

Asimismo, desea expresar "de forma clara el reconocimiento institucional hacia el Real Casino de Tenerife como una de las entidades sociales, culturales y recreativas más relevantes de la historia de la ciudad y de Canarias". "Su trayectoria histórica y su aportación a la vida social y cultural de Santa Cruz forman parte del patrimonio colectivo de la capital", concluye.

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