La acusación pide 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por prevaricación

La acusación particular solicita 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra Jorge, de Alternativa Icodense (Aicod), por un presunto delito continuado de prevaricación por omisión. La petición se formula en la causa penal que tramita la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Icod de los Vinos, después de que el magistrado juez Alejandro Andrés Martín Molina acordara, mediante un auto el pasado 8 de abril, transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, antesala de una eventual apertura de juicio oral.

Esta decisión judicial sitúa el origen del caso en la denuncia presentada por una funcionaria municipal para que se abriera un expediente disciplinario contra otra empleada pública por una posible "falta de respeto hacia un superior jerárquico" en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos poco antes de que Sierra Jorge tomara posesión tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

La denuncia sostiene que el regidor no actuó con la diligencia debida para resolver aquel expediente disciplinario, con lo que "agotó a sabiendas" –según destaca también la Fiscalía en una denuncia posterior– el plazo de trámites previstos hasta que finalmente prescribió sin emitir respuesta alguna. El magistrado considera que Sierra Jorge "decidió no continuar con la tramitación del expediente disciplinario alegando una relación de amistad con la denunciada en el mismo", extremo que situaba en el centro de la controversia la falta de impulso posterior del expediente. En su auto, el magistrado considera que al menos de forma indiciaria, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por omisión, con una pena prevista de entre nueve y quince años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo. Tanto la defensa como la acusación particular recurrieron el auto judicial sin que hasta el momento se haya resuelto ninguno de los dos.

La acusación

El escrito de acusación –al que ha tenido acceso este periódico– sostiene que Sierra Jorge, conocía que tenía competencias para impulsar la apertura de aquellos expedientes, pero "no dictó resolución, no nombró instructor y no adoptó medidas para evitar la paralización de los mismos".

La funcionaria denunciante presentó varias solicitudes para que se investigaran presuntas faltas graves atribuidas a una empleada municipal adscrita a la sección de personal. La primera petición se registró el 2 de marzo de 2023, por supuestas faltas de respeto a un superior jerárquico.

La acusación sitúa uno de los elementos centrales del caso en la existencia de una causa de abstención reconocida en un expediente administrativo. Según el relato acusatorio, la empleada pública señalada planteó una situación de enemistad manifiesta con la denunciante, circunstancia que fue aceptada por el anterior alcalde, Francisco Javier González Díaz, mediante decreto de 15 de mayo de 2023.

Tras el cambio de gobierno municipal y la toma de posesión de Javier Sierra Jorge, la denunciante habría solicitado a este que continuara la tramitación del expediente. Sin embargo, la acusación sostiene que el regidor le manifestó que "no realizaría actuación alguna". Ante esa falta de impulso, la funcionaria presentó nuevas solicitudes por registro de entrada el 30 de agosto, el 9 de octubre, el 13 de octubre y el 18 de octubre de 2023, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico.

De esta manera, "la inactividad del alcalde no fue una simple demora administrativa, sino una omisión jurídicamente relevante". La acusación sostiene que Sierra Jorge "infringió el deber positivo de actuación" que correspondía a la Administración y a su máximo responsable municipal como garante del principio de legalidad y del servicio público. La falta de actuación permitió que las infracciones disciplinarias denunciadas acabaran prescribiendo, evitando así la eventual imposición de sanciones a la empleada pública señalada.

La defensa

La representación letrada del alcalde denunciado, aclara que el escrito presentado por la acusación particular es un trámite procesal ordinario del procedimiento penal, que no supone la firmeza del auto de transformación a procedimiento abreviado. Sostiene que los recursos presentados a ese auto judicial aún deben resolverse por el Tribunal de Instancia que lo dictó o por la Audiencia Provincial, si procede. En este momento procesal, el Ministerio Fiscal aún no ha formulado acusación.

El abogado de Sierra Jorge señala que "si bien confía en la estimación de los recursos que ha presentado, lo cierto es que la pena interesada por la acusación particular se revela, prima facie, carente de fundamento y manifiestamente desproporcionada en atención a la entidad real de los hechos; no en vano, una cosa es la construcción dialéctica de la acusación y otra muy distinta su efectivo sustento jurídico y probatorio", sostiene.

Sierra Jorge, por su parte, insistió este martes en que "la solicitud de apertura del expediente disciplinario entró en el Ayuntamiento en marzo de 2023 y yo tomé posesión en junio de ese mismo año, por lo que la supuesta falta leve ya había prescrito tres meses antes de mi toma de posesión". El alcalde aclaró que "todo ello viene corroborado en un informe del Cabildo de Tenerife, que concluye que la falta supuestamente cometida por la funcionaria tiene la calificación de leve, cuyo plazo de prescripción es de un mes, por lo que habría prescrito desde el mismo mes de marzo de 2023, tres meses antes de asumir la Alcaldía". Y añadió que "habría que preguntarle al alcalde anterior (Francisco Javier González Díaz) por qué no intervino en el expediente". El regidor icodense sostiene que "este caso es una persecución personal y política, y confío plenamente en la justicia como ya manifesté a EL DÍA" el pasado mes de abril cuando publicó el auto de transformación de procedimiento abreviado.

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