¿Dónde están los 185 millones que los empresarios, que extrajeron áridos en los barrancos de Güímar, deben pagar?

El comienzo de la construcción de la central hidroeléctrica de Tenerife en el barranco de Badajoz se anuncia para el año próximo. Para ello, utilizará dos de los grandes hoyos que crearon cinco empresas que durante casi medio siglo extrajeron el árido de la Isla de este enclave. Su ejecución requiere recalificar el suelo afectado y que el Gobierno de Canarias ejecute la sentencia del Tribunal Supremo por la que esta Administración es responsable de recaudar los 185 millones de euros a los que fueron condenados los empresarios, dinero que se destinará a la reparación del daño que causó la actividad industrial mediante la rehabilitación.

Hasta el momento, el pronunciamiento del Ejecutivo regional es que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias encargó a la empresa pública Gesplan la elaboración de un estudio de recuperación ambiental del ámbito afectado. Lo dijo su titular, Mariano Hernández Zapata. «Siempre hemos defendido que la mejor opción para restaurar ambientalmente el desastre ecológico del Valle de Güímar es impulsar ahí una central de hidrobombeo, aprovechando que ya contamos con el espacio necesario para los embalses. Hoy podemos decir que ese problema histórico ha encontrado una solución», señaló el consejero.

Sin embargo, transcurridos casi 21 años desde que se inició el proceso por delito ecológico, la realidad es que «el mutismo» impera en torno a la ejecución de la sentencia del Supremo. «Nadie gana un juicio y tira el cheque a la papelera», expresa el abogado denunciante, Carlos Álvarez. Espera que el Ejecutivo autonómico informe cuánto ha recaudado y quién ha pagado. Recuerda que tres empresarios evitaron la cárcel con un acuerdo que incluye rehabilitar y pagar esa restauración.

En el Ayuntamiento de Güímar su alcaldesa, Carmen Luisa Castro, se limita de destacar que la elección de los barrancos del municipio para construir la central hidroeléctrica evidencia que «no estaba loca» cuando, entre 2015 y 2019, propuso algo similar y otros proyectos para aprovechar los hoyos de las canteras de áridos. Mientras, en la zona aledaña a los hoyos reina la incertidumbre sobre la repercusión que tendrá la nueva infraestructura energética en el futuro de la titularidad de sus propiedades.

La sentencia establece que el Ejecutivo regional debe rehabilitar los barrancos con el dinero de los condenados

La recaudación de los 185 millones a los que fueron condenados los areneros es una de las incógnitas que persiste entre los denunciantes, que reclaman el cumplimiento estricto de la sentencia. Con la desestimación de los recursos de los empresarios, el Tribunal Supremo respalda el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué dice la sentencia?

«Se ordena la adopción, a cargo de cada uno de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad, en la forma descrita en los hechos declarados probados en la presente resolución, declarándose la responsabilidad subsidiaria de las empresas Áridos del Sur S.A., responsable de la explotación de la cantera denominada Badajoz; entidad mercantil Hermanos Morales Martín S.L., responsable de la explotación de la cantera denominada cantera Badén II, y la mercantil Extracción de Áridos Canarios S.A., responsable de la explotación de la cantera denominada Extracsa. A tal efecto, deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las Administraciones competentes».

La central hidroeléctrica no tiene proyecto aprobado, aún, pero se conoce que ocupará dos canteras de áridos de las seis existentes. La situada a mayor altura es la denominada Badajoz, propiedad de Áridos del Sur, SA, empresa del empresario Antonio Plasencia. Es una de las de mayor dimensión. La segunda es la cantera Agache, de Áridos Puertito de Güímar, SL, emplazada en Los Guirres, junto a la Autopista del Sur (TF-1). Su propietario, Fulgencio Díaz, falleció antes de ser juzgado. La obra de la central comenzará en este hoyo. Carlos Álvarez entiende que cualquier obra en este enclave pasa por el cobro previo de la cuantía que se estableció.

Los 185 millones a los que fueron condenados los empresarios es una cifra muy inferior a los estudios previos realizados. El único peritaje que se incluyó en el procedimiento judicial fue realizado el año 2010 y por encargo de la acusación particular. En aquel momento, la valoración del daño ocasionado por las industrias extractoras de árido en los barrancos de Badajoz, Los Ríos, Guirres y Guaza o Fregenal durante una actividad que en esta zona de la Isla data de la década de los años 60 del siglo pasado, según consta en diversos documentos oficiales, fue cuantificado en 203 millones de euros.

La futura central hidroeléctrica requiere dos de los hoyos, uno está junto a la TF-28 y el otro, junto a la autopista

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), que no formó parte del caso, elaboró el documento ‘Evaluación económica para la proposición de Ley sobre Ordenación de los Barrancos de Güímar y restauración de ese espacio: restablecimiento de drenaje territorial’. Esta tasación fue confeccionada en febrero de 2016 con motivo de un acuerdo plenario adoptado por el Cabildo. La misma cifró en casi 345 millones de euros la inversión necesaria para recuperar la zona eliminando el estropicio causado para la retirada de áridos.

Planes inejecutables

La Audiencia Provincial descartó las propuestas de los empresarios condenados para reparar los daños. Para ello, tuvo en cuenta el informe (de 37 páginas) que emitió la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sobre los planes de restauración de las explotaciones del ámbito de los Barrancos de Güímar. En su informe del 29 de octubre de 2020 los consideró «inejecutables» porque su aplicación generaría contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud. Todo ello como consecuencia de la necesidad de realizar 1.712.811 viajes de camión para rellenar los huecos.

La restauración ambiental de los barrancos de Güímar debe ser financiada por los empresarios condenados –Antonio Plasencia, José Enrique Morales, Francisco del Rosario y Pedro Sicilia– en virtud de lo que estableció la Audiencia Provincial el 17 de marzo de 2016 y ratificó el Tribunal Supremo el 16 de noviembre de 2023. Por ello, Carlos Álvarez espera que el Gobierno de Canarias recaude los 185 millones de euros antes de alcanzar cualquier otro acuerdo con los empresarios infractores, que siguen siendo los dueños del suelo. Cabe recordar que el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, declaró el pasado febrero que el Ejecutivo regional negocia la disponibilidad del terreno para hacer posible la central hidroeléctrica.

En juego está una inversión superior a mil millones de euros para construir una infraestructura esencial para la Isla. Una obra de Red Eléctrica de España que tendrá 200 megavatios de potencia y permitirá almacenar unos 3.200 megavatios a la hora. Se trata de una producción suficiente para cubrir un tercio de la demanda eléctrica diaria de Tenerife. La vida útil de esta infraestructura será superior a los 75 años, según la previsión del Ministerio de Transición Ecológica. Se espera que esté a pleno rendimiento en 10 a 12 años. Por ahora, también se cuestiona la falta de un salto de agua para su funcionamiento óptimo.

Francisco Hernández Armas, concejal del Partido Popular en el Gobierno municipal actual que renunció a su acta el pasado octubre, es uno de los impulsores del movimiento social y político que derivó en el precinto de las canteras, al tiempo que uno de los denunciantes en un procedimiento judicial contra «el mayor atentado medioambiental y ecológico de Canarias», según definición del exalcalde Rafael Yanes. Mientras estuvo en activo, Hernández Armas insistió en la necesidad de que Güímar sea compensada por el daño que infringieron los empresarios de la actividad arenera. En muchos plenos municipales llegó a asegurar que «le han robado y le siguen robando a Güímar».

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