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Litoral

Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna

Ayuntamiento y Costas coinciden en la necesidad de actuar de manera coordinada para devolver este espacio natural de La Punta al uso público

Club privado de Charco de la Arena. |

Club privado de Charco de la Arena. | / ARTURO JIMÉNEZ

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La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna y la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias instan al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a que ordene la ejecución de la sentencia que obliga a la sociedad privada del club Charco de la Arena, en Punta del Hidalgo, a su demolición a fin de recuperar el espacio natural. El pasado marzo, el Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación presentado por la propiedad del club contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenó su demolición, tras la denegación de la prórroga de la concesión y, por tanto, el uso de este espacio del litoral.

Para reforzar el interés general del Ayuntamiento en la recuperación de la zona, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna presentará al Gobierno de Canarias los proyectos de intervención previstos en este punto del litoral, como son la recuperación del Camino de la Costa (también llamado de San Juanito) y las acciones contempladas en la agenda urbana local.

Con estos informes, el Ejecutivo autonómico solicitará un acta de reversión del espacio natural al Ministerio para la Transición Ecológica, con lo que el dominio volverá a propiedad del Estado que, a su vez, lo cederá (mediante la firma de un convenio) al Ayuntamiento de La Laguna para que ejecute los proyectos de intervención en el litoral, incluyendo las acciones previstas en el espacio hoy ocupado por el Charco de la Arena.

De ello hablaron ayer el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el director general de Costas y Gestión de Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta; el concejal de Urbanismo, Adolfo Cordobés, y técnicos del área de Urbanismo, de los servicios jurídicos municipales y de la Dirección General de Costas. El objetivo del encuentro ha sido establecer los pasos a seguir tras la sentencia en firme de la Audiencia Nacional.

Luis Yeray Gutiérrez asegura que la reunión «marca el inicio del cronograma de las actuaciones que tenemos previstas para los próximos meses para que la recuperación medioambiental del Charco de la Arena se produzca cuanto antes». Teniendo en cuenta la sentencia definitiva, «el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias presentaremos al Estado la hoja de ruta que vamos a poner en marcha para que los vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo y la ciudadanía, en general, puedan volver a disfrutar de este rincón del litoral que lleva tantos años en manos de una entidad privada».

Por su parte, Antonio Acosta resalta la coordinación entre ambas instituciones, «alineadas en la necesidad de abrir los espacios públicos a la ciudadanía». Ratifica que «iremos de la mano ante el Estado para acelerar este objetivo común que afecta a los espacios públicos del litoral lagunero». En lesa línea, Acosta sostiene que, «entre todas las instituciones debemos abrir esos enclaves para el uso vecinal y, a través de reuniones como estas, las dos administraciones vamos a trabajar de la mano para que sea una realidad lo antes posible».

Los datos. Una concesión de 1964. La justicia obliga a revertir el suelo al estado anterior

El pasado 4 de marzo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena y convirtió en firme la sentencia de la Audiencia Nacional que, en febrero de 2025, desestimó el recurso contra la resolución por la que se denegó la ampliación de la concesión. Asimismo, estableció que se debe revertir el terreno a su anterior estado. La sociedad está obligada a demoler el club edificado a mediados de la década de los 60 del siglo pasado. En concreto, fue el 17 de julio de 1964 cuando se otorgó por orden ministerial la concesión a Sergio González Machado para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre «con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina». El 31 de enero de 1992, la Dirección General de Costas se dirigió al Servicio de Costas en Tenerife en relación con el exceso de ocupación en la concesión. Un decenio después, el 5 de noviembre de 2002, la Sociedad Charco de la Arena solicitó al Servicio Provincial de Costas la «regularización de la titularidad real de la concesión». Esgrimieron un contrato privado con González Machado. El 9 de julio de 2018, se autorizó la transferencia de la concesión a favor de la sociedad que, el 5 de marzo de 2018, solicitó la prórroga de la concesión y la legalización de las instalaciones. Petición que fue rechazada.

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