Empresarios y sector primario de Tenerife apoyan la reforma de la Ley de Aguas para garantizar el suministro

La patronal de empresarios de la provincia tinerfeña y el sector primario apoyan la petición del Cabildo de Tenerife de introducir cambios en la Ley de Aguas de Canarias como una de las medidas para garantizar el abastecimiento de la Isla en un futuro a corto y medio plazo.

La modificación busca extender los permisos de explotación de las galerías y pozos de Tenerife por parte de las comunidades de aguas, las entidades privadas formadas por más de 30.000 tinerfeños que crearon este modelo de aprovechamiento del acuífero único en el mundo.

Esto manifestaron el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, y la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga) de Tenerife, Ángela Delgado, durante el foro organizado por la patronal empresarial y Prensa Ibérica, editora del periódico EL DÍA, celebrado este martes 28 de abril de 2026 en el Real Casino de Tenerife.

Al mantenimiento del modelo de las galerías y pozos, que en la actualidad generan el 70% del agua que se consume en la Isla, se sumaron los representantes de dos empresas dedicadas al ciclo integral del agua, José Juan González, presidente y consejero delegado de Canaragua, y Luis González, CEO y administrador de Tagua, que también participaron en el debate.

Los ponentes coincidieron en la pervivencia de un sistema que "tan buenos resultados" ha dado a la Isla, así como en la apuesta por la desalación, la regeneración y la mejora de la red de distribución para evitar fugas de agua, como medidas cruciales para saciar la sed de los habitantes de la Isla, el sector agrario y el tejido productivo con vistas a las próximas décadas.

En agosto de 2025, el Cabildo de Tenerife anunciaba que había iniciado contactos con los principales grupos políticos de la Isla para pedir un cambio en la Ley de Aguas de Canarias con el fin de mantener el modelo privado y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades propietarias de las las galerías y pozos de la Isla.

Esta ley, que se mantiene en vigor pese a ser aprobada hace 35 años (1990), establece que las comunidades de aguas –las asociaciones que reúnen a los propietarios de galerías y pozos– tienen hasta el año 2040 para mantener la explotación privada de los recursos hídricos subterráneos. A partir de ese año pasarán a manos públicas y serán las administraciones las que tomen la titularidad y la gestión, a través de concesiones administrativas.

El Gobierno insular ha iniciado el proceso para ampliar el plazo porque, aunque todavía queden 14 años para la expropiación de estas perforaciones, la incertidumbre que genera entre las comunidades ha comenzado a tener repercusiones en el sistema. Según el Cabildo, a medida que se acerque 2040 se agravarán, pondrán en riesgo el sistema de suministro de agua en la Isla y provocarán una merma en el caudal que desembocará en una crisis hídrica sin precedentes.

Esta demanda la ratificó en el foro La gestión del agua y la protección del litoral de Tenerife, presentado por el redactor jefe de EL DÍA, Moisés Álvarez, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad de la corporación insular, Blanca Pérez.

"Estamos trabajando en una iniciativa legislativa que permita extender los permisos de explotación a las comunidades de aguas", aseguró Pérez, para añadir: "Tenerife no puede prescindir de las galerías y pozos. O apoyamos al sector o tendremos un grave problema". Pedro Alfonso, responsable de CEOE Tenerife, respaldó esta propuesta siempre que este cambio garantice la libre competencia y se haga con total transparencia.

La portavoz del sector primario también abogó por mantener el modelo de las comunidades de aguas y alertó de las consecuencias que ya se están observando sobre el abastecimiento si no se modifica la Ley de Aguas y en 14 años estas cavidades que extraen el 'oro incoloro' de las profundidades volcánicas de la Isla pasan a manos públicas.

"Algunas galerías empiezan a abandonarse ante la incertidumbre que les genera a sus propietarios la Ley de Aguas", remarcó Ángela Delgado, para precisar: "No olvidemos que la mayoría del agua que se consume en Tenerife sigue viniendo de las galerías y pozos".

Mesa redonda: ¿La gestión del agua y la protección del litoral en Tenerife?

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La presidenta de Asaga en Tenerife calificó de falsa esa creencia que asocia estas explotaciones a los llamados aguatenientes o aguamangantes. Delgado recordó que las participaciones de las comunidades están ampliamente repartidas entre miles de agricultores y ganaderos de la Isla, y citó un ejemplo: "Una vez hicimos un estudio sobre los accionistas de una de las principales galerías de la Isla, la del Cedro. El principal, con un 10%, era el Ayuntamiento de Icod de los Vinos".

Luis González, de la empresa Tagua, recordó que la Ley de Aguas se aprobó en 1990 para adaptar la normativa nacional a la canaria y prevé una transición de un régimen de autorización de explotación a otro basado en las concesiones públicas.

"Hay que poner de relieve que el sistema ha funcionado gracias a la inversión privada de miles y miles de tinerfeños", realizada desde finales del siglo XIX. "Prorrogar el régimen actual tiene todo el sentido del mundo. Es un modelo que ha funcionado y que habría que potenciar".

Juan José Pérez, de Canaragua, se movió en esa misma línea: "Hay que prorrogar las autorizaciones de explotación para dar seguridad jurídica y no poner el riesgo un sistema que ha dado muy buenos resultados".

En este contexto, y teniendo en cuenta que la caída de la generación de agua ha sido constante desde 1965, cuando Tenerife alcanzó el pico de producción de sus 1.500 galerías y pozos –hoy están activas 589 galerías y 180 pozos–, Blanca Pérez recordó el "gran esfuerzo" que ha desplegado el Cabildo este mandato para ampliar toda la red y procurar que las futuras generaciones no sufran restricciones generalizadas.

Blanca Pérez recordó el "gran esfuerzo" que ha desplegado el Cabildo este mandato para ampliar toda la red y procurar que las futuras generaciones no sufran restricciones generalizadas

Blanca Pérez recordó el "gran esfuerzo" que ha desplegado el Cabildo este mandato para ampliar toda la red y procurar que las futuras generaciones no sufran restricciones generalizadas

La consejera de Medio Natural subrayó la puesta en marcha de un ambicioso programa de más de 500 millones de euros estructurado en cuatro ejes: la construcción de desaladoras sostenibles que se surtan de energía renovable, la creación de nuevas depuradoras que incrementen la reutilización y la mejora de las existentes; el incremento de la inversión en las galerías y pozos, y la ampliación de las redes de saneamiento. Matizó que todavía hay muchos puntos de Tenerife donde las viviendas no están conectadas al alcantarillado, lo que provoca daños al medio ambiente.

El objetivo, según explica Blanca Pérez, es incrementar la producción de agua desalada y regenerada y mantener o al menos minimizar la caída experimentada en los últimos años de la que se obtiene de los pozos y galerías, como consecuencia de la sobreexplotación del acuífero.

El gobierno insular calcula que con estas actuaciones se pasará de producir 196.000 millones de litros al año, cantidad equivalente a 78.400 piscinas olímpicas, a 217.000 millones. Con ello, la disponibilidad de agua superaría a la demanda, que en el año 2033 se situará en torno a los 203.000 millones de litros.

Las empresas del ciclo del agua reclaman una mayor inversión y más agilidad en el desarrollo de los proyectos de refuerzo del ciclo integral del agua

Las empresas del sector reclamaron, por su parte, una mayor inversión y más agilidad en el desarrollo de los proyectos de refuerzo del ciclo integral del agua. Luis González defendió que los cálculos apuntan a que Canarias necesita 4.000 millones de euros para renovar todas sus infraestructuras y que todo pasa por la colaboración público privada.

"La prioridad es tener buenos niveles de ejecución de los proyectos", aportó José Juan González, que también reclamó a las administraciones que "premien las buenas prácticas, no las penalicen, como ocurre ahora". "Por ejemplo, los pliegos de los concursos para la construcción o renovación de las infraestructuras hidráulicas deben tener en cuenta a quienes apuesten por las energías renovables", concluyó.