La Justicia tumba el recurso del Cabildo y confirma la caducidad ambiental del Circuito del Motor de Tenerife
El TSJC avala en abril de 2026 la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de 2011 del proyecto en Granadilla tras años sin iniciar obras
Movimiento de tierra en el Circuito del Motor de Tenerife. / Arturo Jiménez
El pasado mes de noviembre, la carrera por el Circuito del Motor de Tenerife se paraba en seco. En las manos del TSJC quedaba el futuro inmediato de la construcción de una de las obras más polémicas de los últimos tiempos en la Isla. Esa espera ha llegado a su fin... mostrando la bandera negra de descalificación inmediata.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso del Cabildo de Tenerife y confirma la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Circuito del Motor de Tenerife, un revés judicial clave para el futuro de esta infraestructura proyectada en el sur de la isla.
El fallo respalda la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que ya había determinado que la DIA aprobada en 2011 había perdido su vigencia al no iniciarse las obras en el plazo establecido.
Obra del Circuito del Motor. / María Pisaca / MARÍA PISACA
La clave: una DIA de 2011 sin ejecutar en Granadilla
El procedimiento judicial parte de la demanda presentada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza contra el proyecto denominado “Parque Internacional del Motor de Tenerife”, en Granadilla de Abona.
El colectivo ecologista argumentó que la falta de ejecución durante más de una década invalidaba la evaluación ambiental, un criterio ahora ratificado por el TSJC.
Más causas abiertas y críticas por el impacto ambiental
Este caso es uno de los cuatro procedimientos judiciales aún en marcha en el TSJC relacionados con el circuito. Entre los asuntos pendientes figuran el acceso norte (fase 2), la adaptación a planes de defensa contra avenidas y modificaciones en la pista de velocidad.
Desde ATAN advierten que el proyecto supone un elevado coste económico para las arcas públicas y denuncian su impacto ambiental en un contexto que califican de “crisis ecológica” en la isla.
La organización también alerta de una “regresión de los valores naturales” en Tenerife, vinculando esta situación a decisiones políticas y proyectos de desarrollo que, a su juicio, comprometen el equilibrio ambiental del territorio.
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