La guerra por un edificio singular de Tenerife se recrudece: el Cabildo acude a la justicia para detener el derribo del silo

Nuevo episodio de la guerra abierta entre las administraciones canarias y la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, dependiente del Gobierno estatal, por un edificio singular de Santa Cruz. El Cabildo de Tenerife anuncia este domingo 19 de abril de 2026 que acude a la justicia para detener el derribo del silo del Puerto, un inmueble de gran valor patrimonial.

José Miguel Ruano, consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, detalla que la corporación insular presentará este lunes 20 de abril un escrito en los juzgados de lo contencioso para solicitar medidas cautelarísimas que frenen la eliminación del silo ante la "singularidad" del edificio.

Ruano critica que la Autoridad Portuaria no haya respondido a la petición de la corporación insular, cursada por primera vez en noviembre del año pasado, de realizar un estudio sobre el valor patrimonial del silo, un edificio construido en los años sesenta del siglo pasado para el almacenamiento de cereal, dentro de la política implementada por la dictadura franquista a través del Servicio Nacional del Trigo.

"Ni siquiera ha permitido que nuestros técnicos entren al inmueble para hacer una valoración, cuando hemos mostrado en todo momento una actitud colaborativa", lamentó el consejero de la Presidencia.

"A la vista de que la Autoridad Portuaria no solo no responde, sino que sigue adelante con el procedimiento para demoler el silo e incluso ha adjudicado la actuación a una empresa, nos vemos obligados a recurrir a la justicia para hacer cumplir la ley del patromonio histórico español", dejó claro Ruano.

El procedimiento para demoler el antiguo silo de grano del Puerto de Santa Cruz de Tenerife sigue adelante, a pesar de los intentos del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, del Ayuntamiento chicharrero y del Colegio Oficial de Arquitectos (COA) por salvar el inmueble.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife desoye, de momento, las peticiones y advertencias de estas administraciones, y no solo ha continuado con el proceso de licitación para derribar el edificio, sino que ya la Mesa de Contratación ha propuesto un adjudicatario. Se trata de la empresa Hercal Diggers, elegida entre siete propuestas para eliminar el edificio en un plazo de siete meses y por un importe de 990.140 euros, medio millón menos de lo planteado por el organismo estatal en un principio.

El edificio dejó de usarse hace más de 30 años.Pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga fue derribada. Otros silos, de otras tipologías, han sido recuperados para diferentes usos, convirtiéndolos en teatros, centros culturales, museos u oficinas.

El Gobierno de Canarias pidió a principios de esta semana al Estado, titular del silo al encontrarse en suelo portuario, frenar su eliminación. Envió un escrito al Ministerio de Cultura para que se adopten medidas cautelares y urgentes, alertando de un riesgo "inminente e irreversible" sobre el único silo portuario que queda en España.

Asimismo, también remitió un escrito a la propia Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife exigiéndole una visita al interior del inmueble, para comprobar si se encuentra en estado de ruina, tal y como lo ha señalado el Puerto chicharrero.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, dependiente del Ejecutivo regional, recuerda que, al tratarse de un bien ubicado en dominio público portuario estatal, la competencia para su protección corresponde a la Administración General del Estado, lo que limita la capacidad de actuación de la comunidad autónoma.

Por ello, se solicita al Ministerio de Cultura que actúe con urgencia mediante la apertura de un proceso de diálogo con Puertos del Estado, la adopción de medidas cautelares que paralicen la demolición y la valoración de iniciar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). El Gobierno de Canarias insiste en que la intervención estatal resulta imprescindible para evitar la pérdida irreversible de un elemento único del patrimonio industrial y cultural del archipiélago.

Según el departamento del Gobierno canario, el silo constituye una pieza excepcional dentro del patrimonio industrial español, al formar parte de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en la posguerra. Destaca, además, por ser el único silo portuario tipo P que se conserva en España, lo que le otorga un carácter "singular en el contexto nacional". A ello se suman sus valores arquitectónicos y tecnológicos, así como su relevancia como hito paisajístico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, el Cabildo ha exigido a la Autoridad Portuaria que informe, a través de la elaboración de un estudio técnico, de la situación y de los valores patrimoniales del silo, advirtiéndole que incurrirá en responsabilidades legales si no lo hace.

En cuanto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es su Catálogo de Bienes, aprobado de manera inicial recientemente, el que propone a la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña la protección de este edificio por su "gran relevancia histórica y cultural". Además, el Consistorio chicharrero ha planteado buscar una solución para el silo entre todas las administraciones.

El Colegio Oficial de Arquitectos fue el primero que intentó, en noviembre del año pasado, salvar la citada construcción, después de que EL DÍA informarse sobre la licitación del derribo de este edificio por parte de la Autoridad Portuaria.

La Autoridad Portuaria defiende que es una construcción "obsoleta", para la que "no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, que es para lo que fue diseñada y construida». Añade que dada la configuración del inmueble, tampoco es posible reestructurar su interior para poder utilizarlo para otro tipo de usos. Además, el organismo estatal apunta que la estructura del edificio se encuentra «extremadamente deteriorada», debido a su abandono.

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