FEPECO denuncia un «muro burocrático»

La paciencia del sector de la construcción en Canarias ha dejado de ser una virtud para convertirse en un síntoma de hartazgo. La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) ha elevado el tono con contundencia sobre una realidad que, para la patronal, ya no admite matices: el urbanismo municipal se ha convertido en un cuello de botella estructural que asfixia la economía y agrava la crisis habitacional.

Al frente de esta denuncia, su presidente, Óscar Izquierdo, dibuja un escenario en el que la concesión de licencias de obra mayor -un acto reglado, sujeto a criterios objetivos y con un plazo legal de tres meses- se dilata de forma sistemática hasta límites difícilmente justificables. “El plazo medio ronda el año, pero lo verdaderamente alarmante es que expedientes que superan los cuatro años han dejado de ser excepcionales para convertirse en rutina”, indica.

Para Izquierdo, la consecuencia es un “muro infranqueable que bloquea inversiones, paraliza proyectos y genera un efecto dominó en toda la cadena económica. Hasta un 35% del proceso constructivo queda atrapado en la espera burocrática. Traducido a términos reales, significa que tenemos viviendas que no se construyen, empleo que no se crea y empresas que ven comprometida su viabilidad”.

Tal y como explica Óscar Izquierdo, el impacto económico es directo y cuantificable. “Cada mes de retraso encarece los proyectos por el aumento de costes financieros, materiales y mano de obra. Esta ineficiencia puede suponer un sobrecoste medio cercano a los 18.000 euros por vivienda. Un sobreprecio que no asumen las administraciones, sino el comprador final. Es decir, el ciudadano paga la factura de un sistema que no funciona. Pero el problema va más allá de lo económico. La lentitud administrativa está incidiendo de lleno en la emergencia habitacional, y la demanda angustiosa de vivienda choca con una administración que no responde, generando una paradoja insostenible: suelo disponible, promotores dispuestos y financiación en marcha, pero proyectos bloqueados en un limbo administrativo”, destaca.

La crítica no se limita a la falta de medios. Apunta también a una cultura organizativa que, según Izquierdo, diluye responsabilidades. “No pasa nada, mientras departamentos enteros se señalan mutuamente sin asumir el incumplimiento sistemático de la ley”. En este contexto, indica que “algunos ayuntamientos como Candelaria, Granadilla o Garachico son señalados directamente como ejemplos de ineficiencia escandalosa, agravada por su rechazo al Decreto-ley 3/2025, concebido precisamente para agilizar estos procedimientos”.

Simplificación administrativa

Frente a este panorama, el presidente de FEPECO plantea una batería de soluciones que pivota sobre un concepto clave: la simplificación administrativa. “No se trata de aumentar estructuras, sino de hacerlas funcionar. Más personal técnico cualificado, digitalización efectiva, unificación de criterios y eliminación de duplicidades son algunas de las medidas propuestas”, propone.

Sin embargo, la iniciativa más respaldada por la patronal es la externalización parcial de los trámites mediante entidades colaboradoras o colegios profesionales. Un modelo que ya ha demostrado su eficacia en experiencias previas, como la impulsada en La Laguna bajo el mandato urbanístico de Fernando Clavijo. El planteamiento es claro: trasladar la carga técnica a entidades homologadas que agilicen la tramitación, manteniendo en el ayuntamiento la decisión final. Para Izquierdo, esta fórmula permitiría desbloquear un sistema colapsado sin renunciar al control público. “No se trata de privatizar decisiones, sino de optimizar procesos”, asegura.

“El trasfondo del debate es más profundo de lo que parece. No se discute únicamente la eficiencia de un trámite, sino el papel de la administración en el desarrollo económico. Cuando obtener una licencia se convierte en una carrera de obstáculos, la inversión se retrae, la confianza desaparece y el territorio pierde competitividad. Paradójicamente, los propios ayuntamientos también salen perjudicados, dado que al tener menos actividad son menos ingresos por tasas, menos dinamismo económico y, en algunos casos, indemnizaciones derivadas de retrasos injustificados”, subraya Izquierdo.

FEPECO propone un mensaje difícil de rebatir: bloquear licencias no es solo retrasar obras, es frenar el desarrollo. Y en un territorio con una presión habitacional creciente, ese lujo ya no es asumible.