El juez abre la puerta al juicio penal en Icod contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación
El magistrado del Tribunal de Instancia de Icod aprecia indicios para investigar la paralización de un expediente disciplinario a una funcionaria "amiga"

Javier Sierra Jorge, durante su toma de posesión como alcalde de Icod de Los Vinos, en junio de 2023. / El Día

La Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Icod de los Vinos ha acordado seguir adelante con una causa penal por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el actual alcalde de ese mismo término municipal, Javier Sierra Jorge, de Alternativa Icodense (Aicod). La decisión judicial gira en torno a la denuncia presentada por una funcionaria municipal que sostiene que el regidor no actuó con la diligencia debida para resolver un expediente disciplinario sobre otra empleada pública, con lo que agotó –a sabiendas, según la denuncia presentada posteriormente por la Fiscalía– el plazo de trámites previstos hasta que finalmente prescribió sin que se hubiera emitido respuesta alguna.
En un auto fechado el pasado miércoles, 8 de abril, el magistrado juez Alejandro Andrés Martín Molina ha decidido transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, es decir, que abre las puertas a la celebración de juicio. El juez entiende que «los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por omisión», al menos de manera indiciaria, con una pena prevista de nueve a quince años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo.
La resolución sitúa el origen del caso en una denuncia presentada por una funcionaria municipal para que se abriera un expediente disciplinario en el registro del Ayuntamiento de Icod de los Vinos contra otra empleada pública por una posible «falta de respeto hacia un superior jerárquico», poco antes de que el actual alcalde, Javier Sierra Jorge, tomara posesión de su cargo tras las elecciones de mayo de 2023.
El auto judicial recoge que el anterior alcalde, el nacionalista Francisco Javier González Díaz, incoó y comenzó a tramitar el correspondiente expediente disciplinario. Sin embargo, ya bajo el mandato municipal de Javier Sierra Jorge, no se continuó con su tramitación.
Relación de amistad con la denunciada
El magistrado señala en la descripción de los hechos de su auto que el investigado Javier Sierra Jorge «decidió no continuar con la tramitación del expediente disciplinario alegando una relación de amistad con la denunciada en el mismo», por lo que no siguió impulsando el expediente.
Ese es el núcleo de la resolución del juez que considera que, en esta fase procesal, «la inacción atribuida al alcalde pudo ir más allá de una simple paralización administrativa».
En este sentido, el auto expone que «la falta de designación de un instructor y la ausencia de continuidad en el procedimiento» pudieron provocar la «paralización total del expediente» y «favorecer la posible prescripción de la infracción» que se pretendía depurar en vía disciplinaria.
Sobre esa base, el magistrado Martín Molina «aprecia indicios que justifican que la causa continúe avanzando» y, por ello, se lo ha comunicado a las partes.
La decisión judicial no entra en esta fase a tratar el fondo definitivo del pleito ni supone una decisión definitiva sobre lo que conoce por ahora. Lo que hace es abrir una nueva fase procesal para que las partes concreten su postura.
La resolución señala que «la inacción del alcalde pudo favorecer que prescribiera» una posible infracción administrativa
Recursos
En concreto, el juzgado dio traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que, en un plazo máximo de diez días –que se cumplirá el próximo día 24–, presenten sus respectivos escritos de calificación y soliciten la apertura de juicio oral, pidan el sobreseimiento o reclamen diligencias complementarias para incorporar en la causa. Además, contra el auto se podía recurrir en reforma en el plazo de tres días, que habrían expirado el pasado miércoles.
Según fuentes jurídicas, tanto la acusación particular como la defensa han recurrido este auto. En el caso de la representación letrada de la funcionaria que denunció la presunta prevaricación del actual alcalde icodense, presentó hace días un escrito solicitando que se incluyan en el auto más hechos que aquilatarían su posición acusatoria. Igualmente, la defensa de Sierra Jorge presentó su recurso a primera hora de la tarde de ayer.
La resolución supone que el magistrado juez titular de la Plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Icod de los Vinos «aprecia indicios suficientes para que la investigación avance» hacia una fase en la que Fiscalía y acusación deberán decidir si sostienen formalmente la acusación.
El alcalde defiende que el asunto se dirimió previamente en la Jurisdicción Social, que desestimó el caso
Por su parte, el alcalde icodense –preguntado por este periódico– admitió ayer la existencia de esta causa en los tribunales pero señaló que no podía ofrecer «toda la información» sobre el asunto por «la necesidad de proteger a las personas implicadas». No obstante, precisó que la resolución remitida –el auto judicial– «no es firme, al haber sido recurrida por las partes».
Sierra Jorge sostuvo además que sobre los hechos en cuestión «ya existen pronunciamientos» tanto de la Consejería de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife como de la Jurisdicción Social, «ambos en sentido desestimatorio» respecto a las pretensiones de la persona denunciante. Según indicó, «esos mismos hechos son los que han servido de base para la denuncia presentada».
El alcalde se refiere al fallo en primera instancia de un tribunal de lo Social por una denuncia al Ayuntamiento sobre su protocolo de acoso y un informe del Cabildo en cuyas conclusiones avaló a la Corporación local. La funcionaria ha anunciado un recurso a la sentencia aún pendiente de su presentación ante la misma jurisdicción, según las fuentes.
Sierra Jorge enmarcó estos procedimientos judiciales en lo que considera una «campaña de desprestigio personal impulsada por razones políticas». Pese a ello, afirmó que mantiene una «plena confianza en la Justicia» y expresó su deseo de que el asunto quede esclarecido cuanto antes.
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