La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina

El Ayuntamiento de Candelaria consigue una victoria judicial histórica en un largo pulso contra el Estado que va a permitir a los vecinos volver a disfrutar de su piscina pública. La Audiencia Nacional falla a favor del Consistorio y le reconoce el derecho a renovar el permiso para que la pileta siga ocupando el dominio público marítimo-terrestre. Anula de esta manera la resolución de la Dirección General de Costas del Gobierno central, del 27 de diciembre del 2022, que denegó esta autorización, en una sentencia de gran profundidad que trasciende lo jurídico y ahonda en la realidad social y geográfica de Tenerife.

La resolución, fechada el 11 de febrero por la Sala de lo Contencioso-Administrativo y que fue dada a conocer este lunes, supone todo un bofetón al Ejecutivo nacional y permitirá al Consistorio candelariero reabrir la emblemática zona de baño, que permanece cerrada desde el inicio de la pandemia del covid en 2020. Lo podrá hacer, eso sí, una vez lleve a cabo actuaciones para su mejora y adaptación a la normativa.

Allí, además de disfrutar del mar, a salvo de la bravura con que las olas suelen golpear esta parte de la costa tinerfeña, los vecinos participaban en talleres infantiles, sesiones de baño para mujeres embarazadas, ejercicios terapéuticos y otras actividades que tanto han echado de menos estos seis años. A partir de esta resolución, lo van a volver a hacer en un plazo por determinar que no será muy largo.

La piscina se mantendrá en el mismo lugar de siempre

El fallo firmado por cuatro magistrados (Fernando Ruiz, Amalia Rodríguez, Luis Moya y Ricardo Fernández) sienta un precedente al ir más allá de la perspectiva judicial y tocar hasta la sociológica y la sanitaria. Así, describe un recinto mucho más importante que una simple pileta. Para permitir que la piscina se mantenga en el mismo sitio de siempre –justo al lado del muelle–, pese a que invade el dominio público marítimo-terrestre –la primera línea de costa que la ley protege de forma severa–, los jueces usan argumentos que ponen los beneficios para la sociedad y la salud por encima de la legalidad y las afecciones medioambientales.

"No se trata de meras piscinas municipales, sino de instalaciones que permiten disfrutar del aire marino y darse baños con seguridad", señala la resolución. Los jueces insisten en que "no se trata de piscinas destinadas exclusivamente a una actividad deportiva, sino la esencia es el disfrute del ambiente marino, la cercanía del mar y aprovechar los beneficios del aire marino en la respiración y el sistema nervioso".

Un largo y polémico proceso

La decisión pone fin a un largo y polémico proceso iniciado hace 56 años. Costas puede apelar pero tiene muy pocas opciones de lograr una resolución favorable pues solo puede hacerlo a través de un recurso de casación, un medio de impugnación extraordinario que prospera en muy contadas ocasiones.

La piscina municipal inicia su andadura en 1970, cuando el Gobierno central concede un permiso para su construcción y uso pese a invadir la primera línea de costa. La pileta permanece abierta aún cuando en 1985 caduca la autorización. En todo ese tiempo se hicieron sucesivas actuaciones e incluso se le puso un nuevo nombre: en 2018 pasó a llamarse Piscina Municipal Juan Pérez Cruz, en homenaje el nadador que más éxitos deportivos cosechó para el municipio.

El Ayuntamiento inicia en 2011 un nuevo expediente para regularizar la situación que culmina con el desistimiento de Costas, a pesar de que la propuesta contaba con informes favorables del servicio provincial. En 2018, la Dirección General, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, somete las condiciones por las que se podrá otorgar la concesión. El Ayuntamiento presenta alegaciones y, en 2020, acepta las condiciones pero aclara que no está de acuerdo con el canon anual. Propone que sea de 39.413 euros y no de 62.352.

Costas denegó el permiso en 2022

Costas deniega el permiso en 2022. Alega que la piscina no cumple con la Ley de Costas pues se puede construir fuera del dominio público, destruye áridos naturales, carece de título habilitante para el tratamiento de residuos y va en contra del afán de garantizar el uso público de la primera franja costera al cobrar una entrada.

La Audiencia Nacional considera, sin embargo, que Candelaria y los ayuntamientos de otros municipios –como San Juan de la Rambla y Los Silos– han construido piscinas públicas "en aquellos puntos de la costa en los que por su topografía y batimetría no son posibles otras soluciones". "Producen un impacto mayor en el paisaje, pero a cambio de una mayor seguridad en el baño", detallan los magistrados.

"Se trata de garantizar a todos el disfrute del mar con seguridad, especialmente a los abuelos, niños y personas con dificultades funcionales", matiza el fallo, que aclara: "En determinadas zonas de la isla no sería posible para estas personas disfrutar del mar y de los beneficios del aire marino para la salud con una mínima seguridad".

Sobre el cobro de una entrada, la Audiencia corrige a Costas al dejar claro que no se hace con un fin de explotación económica, sino para "compensar los costes de mantenimiento". "Contempla también precios reducidos para determinados grupos", puntualiza. Los últimos precios por un pase de un día, antes de su cierre en 2020, eran de dos euros para un persona adulta, 1,20 para familias numerosas y menores de 10 años, y gratis para pensionistas y menores de 3 años.

En un entorno urbano

El alto tribunal admite que "estos proyectos entran en colisión con los valores ambientales de la costa, transformándola y afectando a los valores paisajísticos", pero acto seguido aclara que "esto deberá analizarse caso por caso". En el de la piscina de Candelaria recuerda que "se encuentra en un entorno urbano, con un frente de mar muy degradado por la intensa edificación".

Por todo ello, los jueces obligan a Costas a dar marcha atrás y conceder el permiso al Consistorio para reabrir la piscina, siempre y cuando cumplan con los compromisos que ya había adquirido: despejar la zona de servidumbre de protección, la franja que se encuentra inmediatamente después del dominio público marítimo-terrestre y también protegida por ley, y obtener la autorización de vertidos.

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