Los ecologistas alaban que Cuna del Alma pase al control judicial

Los colectivos ecologistas celebran que la construcción de la urbanización de lujo Cuna del Alma quede bajo el control de la justicia. Estas asociaciones fueron las que presentaron la denuncia que llevó el miércoles a la jueza del Juzgado de Instancia Número 1 de Arona a suspender parte de las obras de este proyecto, en concreto las que se desarrollan en la zona de servidumbre de protección. Sandra Peraza justifica la medida cautelar en que las actuaciones «difícilmente tendrían encaje» en la Ley de Costas, que garantiza el uso y acceso público a estos espacios salvo por razones muy justificadas que la magistrada considera que no se dan en este caso.

Los colectivos creen que la decisión judicial supone «un cambio de escenario radical en este controvertido desarrollo urbanístico». Exponen que, a diferencia de las cinco anteriores suspensiones, esta última «ha sido adoptada por un juzgado en el marco de un procedimiento penal tras apreciar la jueza indicios de una posible ilegalidad y riesgo de daños irreparables sobre el territorio». Este hecho, según los verdes, marca «un punto de inflexión». «El proyecto deja de estar bajo el control exclusivo de las administraciones que lo autorizaron y pasa a estar sometido a supervisión judicial».

Las anteriores suspensiones fueron decretadas por el Gobierno de Canarias, cuando lo comandaba el pacto de las flores (PSOE, ASG, NC y Podemos), y se archivaron con la llegada del pacto de CC y PP en este mandato. Incluyeron sanciones y tuvieron que ver con daños a yacimientos arqueológicos, la falta de un informe de impacto ambiental y la amenaza sobre especies protegidas, en especial la planta viborina triste. El actual Ejecutivo regional no solo solventó estos expedientes, sino que autorizó, a través de la Dirección General de Costas, las obras que ahora han sido precintadas.

Esta última paralización es la primera que adopta un juzgado. «Ya no se trata de una discrepancia técnica o administrativa, ya no está en manos de lo que quiera el político, ahora estamos ante una actuación que podría tener consecuencias legales de mayor alcance y que apunta precisamente al político», señalan en un comunicado colectivos como Tagoror Permanente Rotativo, La Gaveta 20A, Rebelión Científica Canarias o la Asamblea Reivindicativa Canaria.

Los denunciantes subrayan que la magistrada adopta esta medida cautelar, que la promotora del proyecto ya ha anunciado que recurrirá, en el marco de una causa penal por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente, falsificación de documentos públicos, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. «La intervención judicial no se queda por tanto solo en la paralización, sino implica además la activación de diligencias de investigación, nuevas periciales, la posible intervención de unidades especializadas y la consolidación de pruebas que pueden resultar determinantes en el desarrollo del procedimiento», matizan en un comunicado.

Otro colectivo ecologista que se ha pronunciado es Greenpeace. Celebra la decisión tomada por la magistrada pero aclara que «se debería paralizar todo el proyecto, debido a sus graves afectaciones ambientales y sociales, y restaurar ecológicamente la zona ya destrozada». Se trata de unos terrenos privados, cuya urbanización está permitida, que prevén más de 3.600 camas residenciales y turísticas.

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