El Cabildo de Tenerife incumple su obligación de tener un Consejo de la Discapacidad

El colectivo de personas con discapacidad en Tenerife carece, en la práctica, de un órgano activo y visible de representación ante el Cabildo, pese a que en 2004 se aprobó el reglamento del Consejo Insular y se fijó un plazo de seis meses para su constitución. La asociación Queremos Movernos denuncia que «no hay constancia pública de convocatorias, composición, comisiones ni actividad efectiva del Consejo de la Discapacidad».

Las personas con discapacidad de Tenerife –la estadística apunta a un 12% de la población en distintos grados– siguen sin contar, al menos de forma efectiva y visible, con esa representatividad que reclaman. Queremos Movernos pone el foco en la falta de actividad pública de una entidad cuya creación quedó recogida hace más de dos décadas en la normativa insular. En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 125, de 3 de septiembre de 2004, publicó el Reglamento del Consejo Insular de las Personas con Discapacidad de Tenerife.

El texto establecía su entrada en vigor al día siguiente de la publicación y recogía, además, una disposición adicional en la que se ordenaba la constitución del consejo en un plazo de seis meses.

No hay constancia pública

Sin embargo, desde el colectivo aseguran que a día hoy no existe constancia pública de que ese órgano funcione de manera real y operativa aunque debió comenzar a hacerlo en marzo de 2005. Desconocen si llegó a constituirse en su momento, pero sostienen que no se convoca, que no hay rastro de actividad y que tampoco se sabe con claridad quiénes formarían parte de su pleno, qué asociaciones ejercerían la representación del sector o si existe alguna comisión de trabajo en marcha.

La crítica no se limita a la inactividad de ese órgano. Para la asociación, el problema de fondo es que las personas con discapacidad carecen de un cauce estable de participación institucional ante el Cabildo. Ni un consejo activo ni, siquiera, una mesa específica que permita trasladar demandas, coordinar propuestas y abordar de forma continuada las necesidades.

Queremos Movernos considera especialmente grave esta situación porque, en palabras de su portavoz. Ana Mengíbar, «impide avanzar de forma compartida en políticas públicas que sitúen a Tenerife en mejores condiciones de atención, accesibilidad, inclusión y defensa de derechos de las personas con discapacidad». A su juicio, la ausencia de ese espacio de representación deja al colectivo sin interlocución clara y sin mecanismos estables de seguimiento.

Solo en las páginas oficiales

La propia información pública disponible en la página del IASS alude al Consejo Insular de Personas con Discapacidad como el órgano llamado a servir de cauce para el conocimiento y estudio de las necesidades y demandas que se presentan en el ámbito de la discapacidad, así como para coordinar y definir líneas de actuación coherentes que garanticen la atención integral a este colectivo. Sin embargo, según denuncia la asociación, esa referencia institucional remite únicamente al reglamento aprobado en 2004 y no aporta información actualizada sobre composición, convocatorias, acuerdos o actividad reciente.

Para Queremos Movernos, esa falta de transparencia y funcionamiento efectivo evidencia que el órgano, si existe formalmente, no cumple con el sentido para el que fue concebido. La consecuencia es que las personas con discapacidad siguen sin una representación real y activa en el ámbito insular.

Suscríbete para seguir leyendo