Las empresas canarias no pueden gestionar sus residuos peligrosos

La situación de la gestión de residuos peligrosos en el archipiélago ha alcanzado un punto crítico tal y como manifiesta la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias integrada por Femete y Femepa ante la falta de instalaciones propias autorizadas en las islas. Según la CREM, las plantas de la Península especialmente en Andalucía están cerrando progresivamente sus puertas a los envíos canarios dejando a más de 1.000 empresas asociadas en una situación de total incapacidad para cumplir con sus obligaciones legales y medioambientales sin que esto dependa de su voluntad. Esta crisis afecta a toda la cadena productiva desde gestoras de residuos y chatarrerías hasta talleres de automoción la industria alimentaria el sector hotelero y la construcción especialmente tras haberse superado la fecha límite del pasado 1 de abril para el tratamiento legal del amianto lo que amenaza con paralizar obras y rehabilitaciones en todo el territorio. Juan Antonio Jiménez presidente de la CREM advierte que la situación es inmanejable en las islas menores donde no existen gestores que operen con regularidad mientras que Patricia Jiménez presidenta de Femepa califica el escenario de insostenible por la falta de infraestructuras básicas para cumplir la ley. Los datos son alarmantes ya que los residuos de amianto se multiplicaron por cuatro en apenas dos años sumado a un encarecimiento del transporte marítimo que hace inviable el traslado interinsular. Ante este bloqueo institucional y técnico el sector empresarial demanda al Gobierno de Canarias soluciones urgentes que incluyan una excepción transitoria por la condición de región ultraperiférica y la creación de plantas de tratamiento locales que fomenten la economía circular. Como señala David González cumplir la legalidad se ha vuelto imposible para las empresas canarias quienes se ven penalizadas por una carencia estructural de la administración. Finalmente voces del sector como la de Yurena Rodríguez urgen a una acción conjunta entre el sector privado y las instituciones para proteger el frágil territorio canario gestionando los residuos en el propio suelo de las islas para garantizar un futuro sostenible y evitar el bloqueo total de la actividad económica.