Confirmada la condena al promotor del 'Bollullo Beach' por destruir suelo protegido en La Orotava

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la condena impuesta al promotor del restaurante Bollulo Beach, en La Orotava, por un delito contra la ordenación del territorio en el espacio natural protegido de El Rincón.

La resolución, fechada el 6 de abril de 2026, desestima en su totalidad el recurso de apelación presentado por Luis Francisco Arocha García y su empresa Mercafruve S.L.U., y ratifica así la sentencia dictada en primera instancia.

El tribunal mantiene la pena de un año y seis meses de prisión, una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, la inhabilitación especial durante un año para profesión u oficio relacionado con la construcción hostelera, y la obligación de restaurar el equilibrio ecológico alterado.

Demolición de terrazas, kiosco y estructura acristalada

La sentencia confirma también la obligación de demoler las construcciones ejecutadas ilegalmente en la zona. Entre ellas figuran dos terrazas pavimentadas de 15 por 40 metros, una estructura acristalada de 10 por 15 metros, un kiosco-barra de 4 por 4 metros y una caseta para el montacargas o güinche de la playa.

Además, el condenado deberá hacer frente a las costas del procedimiento judicial.

Según los hechos probados, las obras fueron realizadas entre enero de 2018 y marzo de 2021 en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y sobre suelo rústico de litoral y costero, sin licencia urbanística y sin la autorización obligatoria de la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

La actuación vulneró la Ley de Costas y el Plan Especial de El Rincón, según recoge la resolución.

La Audiencia rechaza todos los argumentos de la defensa

El tribunal ha rechazado todos los motivos de impugnación alegados por la defensa, entre ellos la supuesta indefensión, el error en la valoración de la prueba, la vulneración de la presunción de inocencia y el llamado error de prohibición.

La Audiencia considera acreditado que el promotor actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad, ya que existían numerosos informes técnicos, tanto municipales como autonómicos, que advertían de que esas obras no podían autorizarse por ejecutarse en una zona protegida de costas y sobre una edificación que ya había sido declarada ilegal.

La propia sentencia subraya que el acusado realizó obras “una y otra vez sin solicitar las preceptivas autorizaciones administrativas”, intentando después promover expedientes para legalizar lo ya ejecutado.

También concluye que “cualquier persona es necesariamente conocedora de la necesidad de obtener autorizaciones para construir en zona de protección de costas”, por lo que no cabe alegar desconocimiento.

Ecologistas en Acción denuncia que persisten actividades ilegales

Tras conocerse la resolución, la Coordinadora El Rincón – Ecologistas en Acción, que ejerció la acusación popular en el procedimiento, valoró de forma positiva la ratificación de la condena.

La organización recuerda que lleva denunciando estos hechos desde 2018 y confía en que la sentencia permita restaurar el equilibrio ecológico de la playa del Bollullo y frenar nuevas actuaciones sobre este espacio protegido.

No obstante, advierte de que el promotor seguiría desarrollando actividades presuntamente ilegales en la zona. Entre ellas, señala la explotación actual de una vivienda vacacional en el enclave, una actividad que considera incompatible con la calificación de esos suelos rústicos protegidos.

También mantiene sus sospechas sobre el llamado chiringuito de la playa, cuya reforma y ampliación fueron denunciadas desde el inicio. Según la asociación, la estructura fue modificada, se amplió su volumen y se cambió su uso original para convertirla en restaurante, todo ello en zona de tránsito y servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

Anuncian acciones contra una licencia municipal

Ecologistas en Acción sostiene además que, aunque el Ayuntamiento de La Orotava concedió licencia para esas obras, en el expediente y en el proceso judicial quedó patente que las actuaciones eran contrarias a la Ley de Costas y que esa autorización nunca debió otorgarse.

Por ello, la asociación ha anunciado que solicitará la revisión y nulidad de esa licencia por la vía contencioso-administrativa.

Recurso posible ante el Supremo

Contra la resolución de la Audiencia Provincial todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Aun así, la ratificación de la condena supone un importante respaldo judicial a la protección urbanística y ambiental de El Rincón, espacio declarado de interés autonómico por la Ley 5/1992 por su valor paisajístico.