Empresarios alertan sobre la "ley de la selva" urbanística en Tenerife: "En un año tenemos una favela en Los Cristianos"

Los empresarios claman contra la "ley de la selva" urbanística que impulsa la proliferación de asentamientos ilegales en el sur de Tenerife. El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, advierte que "en un año tenemos una favela en Los Cristianos" si no se actúa de inmediato.

Las declaraciones, realizadas este lunes 30 de marzo de 2026 a Radio Televisión Canaria y ratificadas a EL DÍA, llegan después de que gobiernos locales de los cinco municipios más afectados -Arona, Adeje, Granadilla, San Miguel y Santiago del Teide- pidieran ayuda urgente al verse desbordados por un fenómeno que va a más.

"Tienen que llegar ya las soluciones a la crisis habitacional porque lo que está pasando en Los Cristianos, donde ya hay media favela, se está dando en otros muchos puntos del sur de la isla", remarca Marichal, que detalla que "chabolismo está tomando espacios naturales y rústicos".

El máximo representante de la patronal hotelera aclara que "no se puede echar la culpa a la gente" pues "apenas hay opciones de viviendas y las que hay se siguen encareciendo". "¿Qué hacen, se quedan en la calle?", se preguntó Jorge Marichal.

"Lo que tampoco se puede permitir es que esto sea la ley de la selva", puntualizó el presidente de Ashotel, que responsabilizó a las administraciones públicas, quien añadió: "No se construye vivienda social, por mucho que se insiste en la crisis habitacional; no se mejoran los planes generales, la lentitud marca todo con la burocracia... Nadie hace nada. En Arona, por ejemplo, se acumulan las licencias que han quedado en el cajón, y no lo digo por el actual gobierno municipal, sino que es un problema que viene de muchos años atrás".

Mientras las políticas de vivienda siguen estancadas y la situación del mercado inmobiliario va a peor - en Adeje y Arona no hay alquileres que bajen de los 750 euros al mes y una habitación en una casa compartida se ha disparado hasta superar de media los 400 euros-, los poblados ilegales se extienden por una franja de 30 kilómetros de la costa y las medianías de la vertiente sureña.

Unas 4.000 personas ocupan tierras baldías, barrancos y cuevas con casetas de campaña, caravanas y estructuras precarias en núcleos diseminados en pleno corazón turístico de Tenerife y que empiezan a expandirse a Guía de Isora y Vilaflor.

Los principales poblados de casas precarias, modulares o caravanas se encuentran en puntos como la Caleta de Adeje, Camino de la Virgen, Llano Blanco, Lomo Negro, Los Vivitos, Los Migueles, Montaña de Guaza, La Mareta... La expansión imparable y sin control de estos núcleos que se comen suelo natural y rústico lleva a los ayuntamientos a lanzar un desesperado grito de socorro.

Los empresarios suman al problema de la vivienda y la llegada de europeos que buscan un estilo de vida alternativo en suelos donde está prohibido residir las colas en la autopista. De esta forma, hay incluso trabajadores del sector turístico en estos asentamientos irregulares ante la imposibilidad de encontrar una opción para la residencia.

Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), se sorprende de que esta situación vaya a más cuando "no es nada nuevo". "Llevamos años alertando de esta situación y no solo no se han buscado soluciones, sino que vamos a peor".

Cabrera recuerda por ejemplo que hace ya una década llegó a su poder un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil alertando de la situación en Lomo Negro, municipio Arona, donde en este momento ya hay unas 450 viviendas irregulares.

Estas construcciones se llevan levantando desde hace más de 20 años en suelo rústico de protección agraria, por lo que incumplen la legislación vigente. La autoridad judicial ya ha ordenado demoliciones mientras los vecinos han adoptado todo tipo de medidas para evitar los desalojos.

Unidos en una asociación, llevan años reclamando una salida para poder seguir allí en forma de moratoria, amnistía o modificación del planeamiento para regularizar sus viviendas. Muchos de ellos alegan que carecen de alternativa habitacional. El procedimiento judicial que ha dado lugar a los expedientes de restauración de la realidad física alterada fue a instancia de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

"Es un problema generalizado de gestión del territorio, tanto en espacios naturales como rústicos, que en vez de resolverse, empeora cada año", recuerda el presidente del CEST. "Los asentamientos han acabado extendiéndose, de tal manera manera de que da la sensación de que el que llegue puede ponerse a vivir donde le dé la gana".

Javier Cabrera y Jorge Marichal hablan de "anarquía y caos" en la gestión del territorio, en especial en el sur de Tenerife pero también en otros puntos de la isla. "Estos núcleos de infraviviendas ya no solo se desarrollan en suelos agrarios y barrancos, sino que además en ellos se hace negocio, como alquileres vacacionales de casetas, caravanas y todo tipo de edificaciones precarias", advierten.

"La casuística es variada y la situación es muy compleja", admite el máximo representante del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, pero "las causas son las mismas desde hace muchos años, principalmente el exceso de burocracia, que hace que todo vaya con una exasperante lentitud: la construcción de vivienda, la concesión de licencias, la liberación de suelo, los expedientes contra la indisciplina urbanística...".

"Hay una laxitud generalizada en la gestión urbanística de las administraciones que explica que las llamadas a la desesperada en busca de una solución se repiten año tras año desde hace demasiado tiempo", lamenta Javier Cabrera.

"¿El resultado? Todo el mundo hace lo que le da la gana", asegura. Pone como ejemplo las sanciones contra los propietarios de terrenos agrarios, que reparcelan el suelo, multiplican los beneficios y permiten que se asienten viviendas donde está prohibido. "Se les abre expediente, este se eterniza y las veces que se resuelve es a través de sanciones mínimas que hacen que la irregularidad les sea rentable. ¿Resultado? Otros siguen ese camino porque saben que los beneficios son mucho mayores que la sanción", concluye.

Los alcaldes del sur ya han lanzado en los últimos años gritos de socorro para que otras administraciones los ayuden a buscar soluciónes -Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno estatal- pero acto seguido se quejan de estas "no terminan de llegar".

Suscríbete para seguir leyendo