La falta de medios y la lentitud judicial impulsan la proliferación de asentamientos ilegales en el sur de Tenerife

Decenas de infraviviendas hechas de palés, telas y otros elementos de construcción y materia natural conforman un poblado que cubre una amplia extensión de terrazas que antaño fueron cultivos. Algunas tienen un vallado que no alcanza para ocultar coches, placas fotovoltaicas, bidones de agua y caravanas. Se pueden encontrar incluso varias casas modulares con un porche que mira al mar. Regados por todos lados entre las parcelas, tuneras, cardones y lo poco que queda de los muros de las antiguas fincas aparecen montones de desperdicios gastados por el sol.

Es el mayor asentamiento ilegal del sur de Tenerife, situado en la costa de Adeje, entre la calle Idafe y la carretera que da acceso al Puertito, justo al lado de las obras de construcción de la urbanización de lujo Cuna del Alma. Y así lleva años, sin parar de crecer, con cerca de 500 residentes.

Pero hay muchos más en el corazón turístico de la Isla, algunos al lado de apartamentos coloridos, hoteles de cuatro y cinco estrellas y chalets con piscinas, otros en zonas de alto valor ecológico: Camino de la Virgen, Llano Blanco, Lomo Negro, Los Vivitos, Los Migueles, Montaña de Guaza, La Mareta... La expansión imparable y sin control de estos núcleos que se comen suelo natural y rústico lleva a los ayuntamientos a lanzar un desesperado grito de socorro.

Expresiones como "estamos desbordados", "se han sobrepasado los límites", "no podemos más" o "hay que parar esto de una vez" se repiten entre los responsables de los municipios más afectados. Alcaldes y concejales de los grupos de gobierno de Arona, Adeje, Granadilla, San Miguel y Santiago del Teide piden ayuda urgente a la administración insular, regional y estatal para frenar el auge de una indisciplina urbanística que se ha convertido en un quebradero de cabeza. "O se actúa o será tarde", coinciden.

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, avisa que la falta de medios de los ayuntamientos y la acumulación de expedientes sin resolver, tanto a nivel municipal como entre los cuerpos de seguridad, la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias y los tribunales, genera tal cuello de botella que "se está creando un caldo de cultivo muy preocupante".

"Amenaza la conservación del medio ambiente y el desarrollo del sector primario. Y me preocupa mucho porque esta sensación de impunidad está generando un efecto llamada que hace que este problema vaya a más", una reflexión que se repite entre el resto de representantes consultados.

Unas 4.000 personas ocupan tierras baldías, barrancos y cuevas con casetas de campaña, caravanas y estructuras precarias en núcleos diseminados por una amplia franja de la costa y las medianías sureñas de 30 kilómetros, desde Los Abrigos hasta la Caleta. Ya incluso están detectándose puntos de expansión en Guía de Isora y Vilaflor. Alcaldes y concejales aclaran que "la mayoría son europeos" que buscan una forma de vida alternativa, pero también hay residentes que han optado por la ocupación de terrenos en zonas donde no está permitido.

Continuas quejas vecinales

La concejala de Urbanismo de Granadilla de Abona, María Candelaria Rodríguez, denuncia que estos asentamientos ilegales "destruyen el medio ambiente, generan inseguridad y provocan continuas quejas vecinales". "Hacen fiestas, producen molestias y hasta hemos detectado compraventas de parcelas y negocios", alerta.

Granadilla ha organizado varios operativos de limpieza recientes, con los recursos municipales y la colaboración de los cuerpos de seguridad, en los que se han recogido toneladas de residuos, "pero al momento habían vuelto o se habían ido a ocupar otro sitio cercano", precisa la edil, que admite que no se atreve a acercarse a algunos de los puntos más conflictivos, como el entorno de la cueva del Santo Hermano Pedro, un lugar de peregrinación religiosa.

El concejal de Presidencia y Planificación del Territorio de Adeje, Manuel Luis Méndez, habla de que es "innegable" la crisis de la vivienda. Apenas hay opciones para el alquiler, tampoco se han construido casas de protección oficial y las pocas ofertas del mercado están por las nubes. En el mismo Adeje o en el vecino Arona no hay alquileres que bajen de los 750 euros al mes y una habitación en una casa compartida se ha disparado hasta superar de media los 400 euros.

Méndez no cree sin embargo que la principal causa de la proliferación de estos poblados sea la crisis habitacional o los bajos salarios. "En el caso del Puertito, donde en el último censo de 2024 detectamos 168 infraviviendas que ocupan de forma irregular un suelo privado, Cáritas localizó ocho familias en una situación de vulnerabilidad". El resto no recibió esa catalogación. Incluso había personas que según Méndez habían fijado allí "segundas residencias".

Ya son 4.000 las personas que ‘okupan’ suelo natural y rústico en una franja de más de 30 kilómetros

"Los ayuntamientos estamos totalmente sobrepasados, la Agencia de Protección del Medio Natural está desbordada, la justicia es muy lenta, los cuerpos de seguridad colaboran pero no tienen agentes suficientes…". El integrante del Gobierno adejero pinta un escenario "muy preocupante que va a más". Y mientras se está extendiendo otro tipo de ocupación: propietarios de terrenos rústicos reparcelan el suelo y lo venden para que allí se asienten familias que previamente han comprado casas modulares, que se pueden conseguir por precios inferiores a los 15.000 euros. "Se amparan en la creencia de que allí se pueden instalar ese tipo de edificaciones, cuando en realidad no es así".

El Consistorio adejero, de hecho, acaba de llevar a la fiscalía al dueño de un solar rústico que había reparcelado el suelo, puesto a la venta en lotes y burlado los precintos para impedir la colocación de este tipo de casas contenedor, práctica que no está permitida.

Casos como este son los que se están detectando en Santiago del Teide. Lo revela el alcalde, Emilio Navarro: "Hemos abierto decenas de expedientes por viviendas ilegales y la cifra no para de crecer. Intentamos actuar con rapidez, porque si no hacemos valer la disciplina y las leyes va a llegar un punto en que la situación se va a descontrolar completamente y se va a generar un agravio comparativo con respecto a quienes sí cumplen, que son la mayoría. El problema es que necesitamos el respaldo de otras administraciones porque carecemos de medios y no damos abasto".

Adeje tiene el mayor asentamiento. Y protagonizó el único caso en el que después de un desalojo masivo, la continuidad de los controles permitió evitar nuevos intentos. En julio de 2020, un operativo liderado por el Cabildo acabó con la okupación durante muchos años de la playa de Diego Hernández, en la Caleta, y limpió un espacio con un alto nivel de protección.

La situación en Arona

Arona está todavía peor. En esta localidad, la quinta con más habitantes de las Islas (más de 100.000) y una de las que se recibe más visitantes, se calcula que unas 2.000 personas viven de forma ilegal sobre suelo privado y público. Solo en Lomo Negro hay unas 450 viviendas irregulares. Estas construcciones se han realizado desde hace más de una década en suelo rústico de protección agraria, por lo que incumplen la legislación vigente. Así lo entiende la autoridad judicial, que ya ha ordenado demoliciones.

Los vecinos han adoptado todo tipo de medidas para evitar los desalojos. Agrupados en una asociación, llevan años reclamando una salida para poder seguir allí en forma de moratoria, amnistía o modificación del planeamiento para regularizar sus viviendas. Muchos de ellos alegan que carecen de alternativa habitacional. El procedimiento judicial que ha dado lugar a los expedientes de restauración de la realidad física alterada fue a instancia de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Reuniones sin resultados

La alcaldesa, Fátima Lemes, manifestó a la cadena SER que Lomo Negro es "un territorio frágil y de protección agraria" donde no se puede construir una casa. "Se ha destrozado un territorio virgen", matizó. En una situación irregular también se encuentran otros poblados en Arona como Los Vivitos, Los Migueles, Túnez, Montaña de Guaza o incluso en algunos puntos del mismo casco de Arona.

En mayo de 2025, el propio Ayuntamiento aronero convocó a representantes del Gobierno canario, el Cabildo y los cuerpos de seguridad. El objetivo, según aseguró la alcaldesa, fue "sentar las bases para un protocolo común que garantice una gestión coordinada y respetuosa del territorio". Solo dos meses después, los regidores de Arona, Adeje, Arico, Fasnia, Granadilla, Guía de Isora, San Miguel, Santiago del Teide y Vilaflor se reunieron en una cumbre sureña en la que también reivindicaron una solución urgente a este problema.

Pasados ocho meses, no hay protocolo y no hay soluciones a la vista. La extrema lentitud sigue marcando el desarrollo de los expedientes administrativos y judiciales, la crisis de la vivienda va a peor y los habitantes de estas colonias fuera de ordenación continúan en alza, poniendo en riesgo la gestión de un territorio ya de por sí castigado.

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