El PP defiende el gas como la garantía frente a los apagones en Tenerife

El Partido Popular (PP) de Tenerife defendió ayer la implantación del gas como la garantía frente a los apagones. El que consideran combustible de transición, que llega por los puertos, será el eje del nuevo modelo energético mientras se desarrollan las renovables que a día de hoy apenas suponen el 20% del total. El presidente insular de los populares, Lope Afonso, aseguró que la incorporación como puente permitirá contar con plantas de generación "menos contaminantes", abaratar el coste de la producción eléctrica y reforzar la competitividad de los fondeaderos tinerfeños.

Afonso subrayó, además, el papel estratégico del puerto de Granadilla que el Cabildo quiere impulsar como plataforma logística y nodo energético del sur de Tenerife. En este sentido, vinculó este desarrollo a iniciativas como el impulso del hidrógeno verde y el eventual traslado de los tanques de la refinería de Santa Cruz.

La renovación de las centrales térmicas y la diversificación de los puntos de generación serán claves para reforzar la seguridad del sistema eléctrico. La Isla pasará de contar con tres puntos de generación a siete, lo que permitirá aumentar la capacidad de respuesta ante incidencias y reducir de forma notable el riesgo de un cero energético, aunque evitarlo por completo "nunca puede garantizarse", aseguró el consejero autonómico de Energía, Mariano H. Zapata, que acompañó a Afonso.

Reducción del 40% de las emisiones

Varias de las nuevas plantas adjudicadas en el concurso de renovación de centrales térmicas funcionarán con gas, entre ellas la prevista en Granadilla. Defendieron que este combustible reducirá en torno a un 40% las emisiones respecto a las instalaciones que actualmente operan con fuel o gasóleo, además de mejorar la eficiencia y los costes de generación.

En cuanto a la central de Las Caletillas, su desmantelamiento se producirá una vez entren en funcionamiento las nuevas infraestructuras energéticas. Los plazos que se manejan oscilan entre cuatro y seis años, periodo necesario para completar la tramitación administrativa y ejecutar las obras.

El PP criticó la negativa mantenida durante el anterior mandato a facilitar la implantación del gas en Tenerife y lo atribuyó a motivos políticos. A juicio de Lope Afonso, ese freno "solo contribuyó a que se siguiera quemando fuel de forma innecesaria" en la central térmica de Candelaria, así como a "más años de contaminación, menos eficacia en el sistema y menos oportunidades de diversificación". El popular defendió este enfoque por "realista, pragmático y útil para los ciudadanos".

Los populares posicionaron a la Isla como "la más sólida y prometedora de Canarias" en el futuro energético. Al respecto, Alonso calificó la futura central hidroeléctrica de Güímar como "el proyecto a medio plazo que hará realidad las energías renovables en Tenerife".

El consejero Hernández Zapata consideró "un salto histórico en materia energética la implantación de las plantas de emergencia para afrontar de manera inmediata el déficit y evitar apagones". Resaltó, por último, el desbloqueo del concurso ordinario, "que llevaba trece años parado", para garantizar el suministro eléctrico.

El ejemplo de Las Palmas

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas resolvió negativamente el pasado noviembre la posibilidad de otorgar 15.440 metros cuadrados de suelo y 38.226 de lámina de agua a Totisa Energía para la construcción y explotación de una planta de gas natural licuado destinada a la carga y descarga, almacenamiento, comercialización y regasificación, así como a la producción de energía eléctrica.

Esta resolución llegó después de que la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias emitiera en octubre una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable por los riesgos "inaceptables" que supondría para la ciudadanía. Días después, la propia empresa presentó en la Autoridad Portuaria de Las Palmas un escrito renunciando a continuar con el proyecto. El ente anuló la concesión de dominio público en esa reunión de noviembre, cerrando un expediente que se inició siete años antes, en 2018, cuando Totisa solicitó suelo en el Puerto de Las Palmas para realizar su proyecto y, un año después, ganó el trámite de competencia frente a empresas del sector como Endesa y Enagás.

Colectivos vecinales y ecologistas de la Isla alzaron su voz desde el principio contra la planta de gas. A este rechazo se unieron más tarde el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que vieron reforzada su postura tras el informe de la Dirección de Salud Ambiental del Gobierno de Canarias, que alertaba de los peligros para la población de la capital grancanaria y de toda la Isla. La visión del PP sobre el futuro de la energía en Tenerife es la contraria.