Tenerife invierte más de 500 millones para garantizar el suministro de agua en la próxima década

Tenerife desarrolla un plan multimillonario para garantizar el abastecimiento de agua a la población, el sector primario y el tejido empresarial en la próxima década. Las repetidas advertencias del Consejo Insular de Aguas y los expertos en materia hidráulica llevan al Cabildo a poner en marcha un ambicioso programa de más de 500 millones de euros. Las proyecciones para dentro de seis años del Plan Hidrológico de Tenerife 2027-2033 avisan de una situación crítica: la demanda de los habitantes y turistas de la Isla, así como de los sectores productivos, superaría por primera vez en la historia contemporánea a la generación (196.000 millones de litros anuales) si se mantienen las infraestructuras actuales.

La respuesta de la corporación insular llega con una batería de medidas que supone un hito sin precedentes en un servicio esencial que hoy cobra especial relevancia al conmemorarse el Día Mundial del Agua. Están estructuradas en cuatro ejes: la construcción de desaladoras sostenibles que se surtan de energía renovable, la creación de nuevas depuradoras y la mejora de las existentes, el incremento de la inversión en las galerías y pozos, y a nivel legislativo un cambio en la Ley de Aguas para mantener el modelo actual –que caduca en 2040– y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades que explotan los recursos subterráneos de la Isla.

El objetivo, según explica la consejera de Sostenibilidad del Cabildo tinerfeño, Blanca Pérez, es incrementar la producción de agua desalada y regenerada y mantener o al menos minimizar la caída experimentada en los últimos años de la que se obtiene de los pozos y galerías, como consecuencia de la sobreexplotación del acuífero. El gobierno insular calcula que con estas actuaciones se pasará de producir 196.000 millones de litros al año, cantidad equivalente a 78.400 piscinas olímpicas, a 217.000 millones. Con ello, la disponibilidad de agua superaría a la demanda, que en el año 2033 se situará en torno a los 203.000 millones de litros.

Los inconvenientes de ser isla

Las dificultades para saciar la sed de territorios insulares como Tenerife son mayúsculas. Tanto que se han alcanzado soluciones que parecen hasta milagrosas, como esas perforaciones que llegan a superar el kilómetro y medio para chupar el líquido de las entrañas volcánicas de la Isla. Una orografía que impide que el agua se estanque, un clima que intercala periodos cortos de intensas lluvias –como este otoño e invierno– con otros prolongados de profunda sequía –como los últimos cinco años–, una demanda que no para de crecer –con el aumento de la población y de la presión turística–, el protagonismo de unos cultivos de plátano que necesitan mucho riego, la explotación intensiva durante más de un siglo de los ríos subterráneos...

El Cabildo calcula que con las mejoras producirá 217.000 millones de litros al año, los suficientes para saciar la sed de la Isla

Aunque parezcan abundantes, las precipitaciones que ha traído el carrusel de borrascas aportan apenas unos vasos en un océano de necesidades. Sí es verdad por ejemplo que la balsa de Trevejos, en Vilaflor, se llenó la madrugada de este sábado con las lluvias del último temporal, Therese, pero son aportes mínimos si se miran desde una perspectiva global. Además, el proceso que transcurre entre que la lluvia se filtra y pasa a ser captada por galerías y pozos es tan largo que hoy muchos isleños beben agua de hace cientos de años. Lo apunta el doctor en Ingeniería Hidráulica y profesor de Ingeniería Agroforestal en la Universidad de La Laguna, Juan Carlos Santamarta: «La sobreexplotación ha sido tal que algunos puntos acumulan descensos del nivel freático de hasta 700 metros».

La caída de la generación de agua ha sido constante desde 1965, cuando Tenerife alcanzó el pico de producción de las 1.500 galerías y pozos –hoy están activas 589 galerías y 180 pozos–, según recoge el ingeniero de obras públicas e hidrólogo Juan José Braojos en su libro Alumbramientos, agotamientos y fracasos. Aquel año, las explotaciones subterráneas extrajeron 255 hectómetros cúbicos (255.000 millones de litros). En 1985 fueron 212, ahora 188 y si se mantiene el ritmo actual no superarían los 130 en 2033. Hay que tener en cuenta que estas minas de H2O son vitales para Tenerife pues aportan el 73% del agua que consume la Isla.

Otro problema tiene que ver con la escasa capacidad de aprovechamiento de precipitaciones y nevadas. Solo se recogen tres de cada diez litros... y no todos llegan al grifo, pues un 40% se pierde en las canalizaciones. De los 858.000 millones de litros que caen cada año de media en la Isla –que llenarían 1.100 embalses como el de Montaña de Taco, en Buenavista, el mayor de Tenerife–, 588.000 millones (68%) se pierden por la evopiración y a través de los barrancos, y solo 270.000 millones (32%) son recogidos por las 23 balsas o se infiltran en el acuífero y pasan al caudal susceptible de explotación. Lo advierte de forma rotunda el Consejo Insular de Aguas (CIATF), entidad dependiente del Cabildo, en un informe de 2025. «La tendencia a una disminución sostenida en la disponibilidad de agua subterránea responde a la alta dependencia histórica de captaciones subterráneas, en un territorio con complejidades hidrogeológicas, marcada irregularidad pluviométrica y limitada capacidad de recarga natural». Esta reducción progresiva del ‘maná’ del fondo de las montañas pone de manifiesto, según el CIATF, «una transición hacia un modelo hídrico cada vez más sustentado en el incremento de la desalación y la reutilización».

El papel vital de la desalación

El plan de más de 500 millones de euros nace para regatear estas mermas y garantizar el servicio a particulares y empresas a corto y medio plazo. El mayor incremento en la generación vendrá de la mano de la desalación. La consejera insular de Medio Natural explica que ya están en proceso cinco actuaciones: la construcción de plantas desaladoras en el Valle de Güímar, Valle de Guerra (La Laguna), Puerto de la Cruz y la Isla Baja (municipios de Buenavista del Norte, Garachico, Los Silos y El Tanque), y una nueva ampliación de la que se encuentra en Cueva Bermeja (Santa Cruz).

De esta manera, las factorías que convierten el agua de mar en potable pasarán de generar casi 40.000 millones de litros al año a superar los 60.000 en los próximos años, gracias a un convenio con Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), empresa pública del Ministerio para la Transición Ecológica especializada en desaladoras.

Tenerife aprovecha tres de cada 10 litros del agua de lluvia; siete se pierden por la evaporización y a través de los barrancos

El segundo eje es el más avanzado. Tenerife acaba de alcanzar su máximo histórico en capacidad de reutilización de sus aguas residuales gracias a la puesta en marcha de dos grandes depuradoras, Los Letrados (Granadilla de Abona) y la estación Oeste (Guía de Isora). Las infraestructuras existentes no pasaban de los 25.000 millones de litros en 2019, es decir, el 40% de todo el caudal residual que genera Tenerife. Ahora ya tiene medios capaces de recibir más de 35.000 millones de litros, lo que supone más del 50% de todo este afluente. La cobertura se amplía exactamente en más de 80.000 habitantes, en una isla que roza el millón.

El incremento de agua reutilizable, que se destinará al riego de explotaciones agrícolas y jardines, será aún mayor en un breve plazo gracias a la inversión de 230 millones contemplada en el convenio con Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), sociedad del Ministerio para la Transición Ecológica especializada en depuradoras.

En este momento están en marcha dos proyectos más: la construcción de la planta de Montaña Reverón (Arona) y la ampliación de la de Buenos Aires (Santa Cruz). La idea es triplicar el aporte de agua depurada hasta alcanzar los 30.000 millones de litros al año. Estas infraestructuras, en especial las desaladoras, son muy caras pues consumen mucha energía. Las cinco principales que operan en la actualidad en la Isla se alimentan fundamentalmente de los derivados del petróleo, lo que las hace todavía más vulnerables a encarecimientos relacionados con las crisis del mercado. Es justo lo que está ocurriendo ahora con el conflicto bélico en Oriente Próximo.

Sin ir más lejos, lo expuso el miércoles el consejero de Política Territorial y Aguas del Gobierno canario, Manuel Miranda. En un foro organizado por Prensa Ibérica, advirtió que «la subida de los precios del petróleo afectará a los costes de producción de agua desalada».

La Consejería de Medio Natural tiene una alternativa a este problema: surtir a las plantas de energías renovables. «Ya los estamos colocando en algunas infraestructuras y el propósito es ir a más a medida que incorporemos las otras previstas», recuerda Blanca Pérez.

Las otras dos medidas tienen que ver con un sistema único en el mundo que inventaron los agricultores isleños en el siglo XIX ante la falta de afluentes superficiales y la necesidad de garantizar el riego con la gran expansión agraria que comenzó en esa época y alcanzó su máxima expresión en los años 50 y 60 del siglo pasado. Por un lado, la corporación ha multiplicado por cuatro la inversión en las galerías y pozos, la compleja red de cavidades que pincha el acuífero y que está en manos de más de 20.000 isleños, reunidos en 200 comunidades.

«Tenerife no se puede permitir el lujo de prescindir de estas explotaciones subterráneas», subraya la consejera insular, que añade: «Van a seguir siendo vitales en el ciclo del agua y por eso hemos decidido incrementar los auxilios económicos para minimizar la caída de la producción». Blanca Pérez precisa que ha bajado no solo por la disminución del acuífero, sino también por la incertidumbre que afrontan en la actualidad estas comunidades.

Cambio en la Ley de Aguas

Aquí entra en juego el cuarto eje del plan. El Cabildo pide un cambio en la Ley de Aguas de Canarias para mantener el modelo de Tenerife y extender el plazo de las autorizaciones a las comunidades. La corporación ya ha iniciado las conversaciones con los grupos parlamentarios. «La modificación está en marcha», aclara Blanca Pérez.

La ley, aprobada hace 35 años (1990), establece que estos propietarios tienen hasta 2040 (16 años) para mantener la explotación de los recursos hídricos subterráneos. A partir de ese año pasarán a manos públicas y serán las administraciones las que tomen la titularidad y la gestión. «Este límite ha sembrado dudas sobre la amortización del dinero que ponen estas comunidades», señala la consejera, para matizar: «Algunas han dejado de invertir, lo que provoca un descenso de la producción. No lo podemos permitir, porque se pone en peligro un servicio básico y un sistema que lleva funcionando más de un siglo y que no tiene por qué cambiarse».

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