La central hidroeléctrica de Güímar arrancará antes de seis meses

La central hidroeléctrica de bombeode Güímar iniciará su tramitación definitiva antes de seis meses, según el calendario de trabajo acordado entre el Cabildo de Tenerife y Red Eléctrica de España tras la reunión mantenida el pasado miércoles. El objetivo es que, una vez evacuados los informes preceptivos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Gobierno de Canarias, el Ministerio para la Transición Ecológica dicte la orden ministerial que permita comenzar la redacción del proyecto y activar el proceso de su construcción.

El Cabildo enmarca el desarrollo de esta infraestructura como una actuación clave para reforzar la seguridad eléctrica de la Isla, aumentar la penetración de energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La instalación, que superará los 200 megavatios de potencia, funcionará como una gran batería. Junto al sistema antiapagones y la repotenciación de los aerogeneradores del ITER, permitirá almacenar hasta 3.200 megavatios, una capacidad equivalente a cerca de un tercio de la demanda eléctrica diaria de Tenerife.

Un coste de 1.000 millones

La Corporación insular subraya, además, que se trata de una inversión estratégica, con un coste previsto superior a los 1.000 millones de euros, y que permitirá reducir tanto las emisiones de CO2 como la dependencia energética exterior. En este sentido, recuerda que el Ministerio ya dio el pasado 26 de febrero un primer paso formal al poner en marcha la tramitación del proyecto, después de recibir la documentación del operador del sistema que justifica la necesidad de construir esta central.

El emplazamiento previsto es el Barranco de Badajoz, en el municipio de Güímar, en un espacio natural ya alterado y sobre el que existe, según se indicó, una respuesta judicial firme que avala avanzar en esta alternativa. Desde el Cabildo defienden que, además de su valor energético, el proyecto permitirá intervenir en una zona degradada y contribuir, por lo tanto, a su regeneración paisajística. En este sentido, la presidenta insular, Rosa Dávila, a la que acompañaron varios consejeros a la reunión con Red Eléctrica, anuncia que los empresarios condenados al pago de 185 millones de euros por extraer árido de forma ilegal en este entorno y que presentaron recurso ante el Tribunal Supremo en 2022 "van a asumir la sentencia firme", por lo que el proceso quedará desbloqueado.

Aunque su redacción no está encargada, el desarrollo del proyecto de central hidroeléctrica reversible precisará de dos de las canteras formadas durante la extracción del árido, la emplazada junto a la carretera general del Sur (TF-28) y la que linda con la autopista del Sur (TF-1).

Entre seis y ocho años

Aunque la construcción de la infraestructura requerirá entre seis y ocho años según los cálculos, Rosa Dávila insiste en la necesidad de acelerar ahora los pasos administrativos para que la Isla pueda disponer cuanto antes de una instalación que considera esencial para su futuro energético. Una vez el Gobierno central emita la orden ministerial comenzará el proceso de redacción de la evaluación del impacto ambiental de la instalación.

La central hidroeléctrica de Güímar se sumará a otras actuaciones recientes dirigidas a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico en la Isla. Una estrategia destinada a ganar capacidad de almacenamiento, mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo y avanzar hacia un modelo más seguro y sostenible.