Un recurso frena la dotación de 26 plazas de agente de Medio Ambiente en Tenerife

El recurso de alzada de uno de los aspirantes que no superó la prueba selectiva frena la dotación de 26 plazas de Agente de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Los funcionarios de carrera estaban llamados a ocupar sus puestos de trabajo en los parques naturales de Teno y Anaga, entre otros lugares, así como en labores relacionadas con la gestión forestal. El recurrente presentó su escrito en tiempo y forma el pasado 16 de febrero.

El proceso queda paralizado hasta que se resuelvan las alegaciones, cuyo plazo de presentación culmina en diez días a partir de la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Así lo refleja el escrito firmado por el director insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital, Juan Manuel Santana Pérez.

En otro Boletín Oficial de la Provincia, el del pasado 16 de enero, se hizo pública la lista definitiva de la relación de aspirantes que había superado el proceso selectivo para la cobertura por funcionarios de carrera de las 26 plazas de Agente de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, incluidas en la Oferta Pública de Empleo (OPE)de los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2023.

Solo 20 pesonas frente a 26 plazas

Esa lista definitiva de aprobados la integraban solo 20 personas frente a las 26 plazas convocadas. La razón es que el tribunal calificador entendió que debían declarar desiertas seis «al ser menor el número de aspirantes que han superado el proceso selectivo que el de plazas ofertadas». La veintena a ocupar se distribuyen tres para la zona norte de la Isla y otras tantas en el sur, cuatro a los Parques Rurales de Teno y Anaga (dos en cada uno) y siete destinadas a la Gestión Forestal en distintos centros de la geografía insular, entre ellos Aguamansa, en La Orotava, o Vilaflor. Completaban la relación de puestos de trabajo tres reservados al apoyo directo a la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias.

Este recurso supone un freno temporal al nuevo modelo que el área de Medio Natural pretende desarrollar en los espacios naturales y que potencia la figura de los agentes de Medio Ambiente.

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería que dirige Blanca Pérez, presentó a finales del pasado mes de enero el nuevo modelo de vigilancia y control de los espacios naturales de la Isla. El sistema, entre otras cosas, integra el Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, con sus miradores incluidos, como un solo ámbito de actuación. Los agentes tendrán asignadas distintas funciones y quedarán a su cargo como personal auxiliar los guardas rurales, así como los informadores y educadores. A su vez, se garantiza que siempre trabajarán coordinados y en colaboración con la Policía Canaria, las policías locales y la Guardia Civil.

En concreto, se anunciaba que en el Parque Nacional de Teide se multiplicaría el número de agentes de Medio Ambiente. La plantilla en el principal espacio natural protegido de Tenerife y de Canarias pasará inicialmente de dos a siete efectivos, con el objetivo de alcanzar los 13 para garantizar la protección del entorno tras recibir la transferencia plena de las competencias del Gobierno de Canarias a principios de año.

Además, el nuevo proyecto creará la figura del inspector de agentes de Medio Ambiente, que será el encargado de protocolizar las acciones de guarda y gestionar el contrato de personal auxiliar, así como de coordinarse con los cuerpos y fuerzas de seguridad. El área afirma su intención de potenciar la figura en el control y la vigilancia, pero también en la conservación del territorio. El Gobierno insular pretende impulsar «una mejor gestión de los recursos de los que disponemos, reforzar la vigilancia y el control de los espacios y la protección integral del territorio y de su naturaleza».

Refuerzo de la plantilla de agentes

El refuerzo de la plantilla de agentes se propone para toda la Isla y, en este sentido, hay que entender el proceso selectivo que ahora se recurre. Sin embargo, se pone un foco especial en el Parque Nacional del Teide, «donde hacía mucha falta» en base a la demanda ciudadana. La clave para el Cabildo es «la apuesta por la figura del agente de Medio Ambiente» y reforzar el papel que desempeña no solo en la vigilancia, sino en la conservación de la naturaleza de Tenerife.

Sin embargo, mientras se consolidan plazas y agentes, el Cabildo defiende la opción de destinar al control y la vigilancia en los espacios naturales protegidos al servicio de seguridad privada que representan los guardas rurales. Una medida contestada tanto desde el ámbito sindical o de los colectivos ecologistas como de las posiciones políticas. Este último es el caso del PSOE y también de Izquierda Unida Canaria (IUC), que eleva al Congreso la que califica de «privatización» de la vigilancia en el Parque Nacional del Teide.

IUC anuncia el registro de una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de España denunciando la licitación para contratar servicios de seguridad privada en el Teide. Para IUC, esta decisión del Gobierno insular constituye un «trasvase injustificado de dinero público a manos privadas» y un paso más en el desmantelamiento de los servicios forestales públicos.

El Tribunal Calificador aprueba a solo 20 de los aspirantes al empleo, por lo que quedan sin cubrir seis de las plazas

Aunque el presupuesto base de la licitación es de 3,5 millones de euros, el valor estimado del contrato asciende a los 5,8 millones. El contrato es por tres años, prorrogable por dos. El servicio de vigilancia contempla la incorporación de 11 guardas rurales desde el próximo uno de abril ante la «enorme presión» que generan en el frágil entorno los millones de visitantes (5,2 el último año) que recibe.

El Cabildo de Tenerife sigue adelante con el proceso, pese a todas la críticas recibidas, que también incluyen a la representación sindical en la Corporación insular y en las policías locales de la Isla, así como a la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente, Afmacan. Todos estos colectivos registraron hace unos días un escrito dirigido a la presidenta del Cabildo, Rosa Davila –el PSOE también ha solicitado su comparecencia en pleno para que ofrezca explicaciones–, en el que expresan su queja de que los guardas rurales «usurpan las funciones públicas».

La Mesa de Contratación del correspondiente al concurso para el servicio de seguridad privada en el Parque Nacional del Teide remitió la propuesta de adjudicación a la empresa Segurmaximo, la única que se presentó a la licitación con una oferta cuyo importe supera los 3,3 millones de euros.

Fin a la víaadministrativa

El recurso de alzada es un procedimiento obligatorio para impugnar resoluciones de órganos inferiores, como es el caso. Agota la vía administrativa solicitando su revisión por el superior jerárquico, en este caso la presidenta del Cabildo de Tenerife. Se basa en la Ley 39/2015, que estipula un plazo de resolución de tres meses. Contra la adjudicación definitiva de las plazas cabía interponer este recurso en un mes contando desde el día siguiente al de su publicación en el BOP, el pasado día 16 de enero.