Expertas del ámbito judicial abogan por un frente común para 'salvar' a los menores de la violencia vicaria

Más recursos, capacitación e implicación institucional para proteger a los menores frente a la violencia de género. Esa es una de las principales reivindicaciones de las expertas del ámbito jurídico que participaron esta mañana en el encuentro Hijas del Miedo: La violencia de género a través de los ojos de la infancia, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL). La jornada, organizada por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la ULL (IUEM) en colaboración con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), sirvió para que juezas, magistradas y especialistas de toda España analizaran las distintas manifestaciones de la violencia de género en mujeres y menores.

Más de 600 personas acudieron al evento, celebrado en medio de un trágico repunte de los casos de menores asesinados a manos de sus progenitores, como el ocurrido el pasado 13 de febrero en el que un padre mató a su hijo en Arona (Tenerife). «Este tipo de encuentros permiten reforzar el conocimiento en torno a la violencia de género –desde distintos ámbitos institucionales– y favorecen el diálogo entre la academia, las administraciones públicas y las entidades que trabajan con las víctimas», señaló la directora del IUEM, Carina González. Y explicó que forma parte de la labor de transferencia de conocimiento que desarrolla la universidad y que contribuye a la sensibilización social.

Primera mesa de debate

Durante la primera mesa de debate, dedicada a la violencia de género en la infancia, adolescencia y violencia vicaria, la jueza Isabel Aguilar recordó que el Estado, sus órganos y las autoridades tienen la obligación de proteger a los menores frente a la violencia. «Y para eso no solo hace falta formar a estos agentes, sino capacitarlos», señaló. En este sentido, propuso la realización de test psicotécnicos a las personas que intervienen en este tipo de casos para garantizar su profesionalidad. «Sería conveniente realizar estos exámenes para asegurarnos que quienes participan en estos procedimientos no ponen palos en las ruedas», añadió.

Por otro lado, Jiménez, que también forma parte de la Comisión de Expertas del Ministerio de Juventud e Infancia, reveló que ya se está trabajando en la ampliación de la ley orgánica de Infancia y Adolescencia para dotarla de más eficacia. «Estamos intentando facilitar la normativa para que los textos legales a los que los puristas nos remitimos estén completos», añadió. Asimismo, señaló que es necesario continuar avanzando en la ley de Violencia Vicaria, ya que va «de la mano» con las otras normas que abordan esta problemática.

El papel de los juzgados de Familia

La jueza recordó que cuando un caso de este tipo se archiva –porque no hay pruebas suficientes o porque la mujer decide interrumpir el procedimiento– y termina en los juzgados de Familia, ellos también tienen la obligación de resolver las cuestiones de violencia. «Pensamos que un juzgado de instrucción es solo para acuerdos y divorcios, pero ya el derecho internacional recoge que cualquier jurisdicción tiene el deber de atender las situaciones de violencia», señaló.

De lo contrario, se estaría produciendo un caso de violencia institucional. «Si hay indicios de violencia lo principal es proteger al menor con medidas cautelares –un instrumento legal que permite la suspensión de la guardia y custodia o visitas–, y ya luego continuar con el procedimiento», indicó. Es decir, investigar y dar una solución en base a los hechos contrastados. «Es algo que está estipulado, pero que se debería de llevar más a la práctica en los casos con antecedentes de violencia que se tratan en los juzgados de familia», añadió.

En esta línea, la jueza Margarita Rodríguez, que intervino en la segunda mesa –dedicada a la violencia de género institucional, sexual y económica–, mostró también su preocupación por determinadas dinámicas institucionales que puedan generar situaciones de violencia cuando las víctimas no reciben el trato adecuado. «Quienes acuden a la justicia deben poder hacerlo con la seguridad de que serán escuchados y tratados con respeto, independientemente del resultado del proceso», alegó.

Acciones académicas

Por su parte, la jueza Cristina Meré pidió promover actuaciones de tipo académico para prevenir la violencia de género en los adolescentes. «Y es más importante no obstaculizar a los que sí ponen de su parte para sacar estas iniciativas adelante», agregó. Asimismo, la psicóloga forense Sonia Vaccaro aseguró que cuando antes se brinde este tipo de formaciones y se comience a hablar del tema, mejor. «Desde el momento en el que un niño entra en un colegio y comienza su periodo educativo está preparado para recibir información», explicó.

Durante la jornada, las expertas también presentaron el libro Hijas del Miedo, que aglutina precisamente las reflexiones de numerosas juristas en torno a esta temática.

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