¿Seguridad privada en el Teide? Los agentes forestales la rechazan por ilegal

La Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan) califica de «ilegal» el uso de seguridad privada en el Parque Nacional del Teide. El colectivo entiende el anunciado del despliegue de 16 guardias rurales en este espacio natural como «una usurpación de funciones públicas». Así se lo trasladaron a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, a través de un documento que registraron el pasado jueves.

Además de Afmacan y como «ejemplo de la unidad de acción», el escrito lo firmaron los sindicatos con representación en la CorporacióLan insular, tanto de la Junta de Personal (funcionarios)como de Comité de Empresa (personal laboral), CCOO, CGT, Sepca y UGT. También el CSIF, Intersindical Canarias y UGT, con delegados en las policías locales de los municipios que abarca y que prestan servicio en el Parque Nacional del Teide. Todos estos colectivos coinciden en la «ilegalidad» y en «la usurpación de funciones públicas» que supone la contratación de una empresa privada para ejercer la vigilancia y el control, en este caso los guardas rurales.

Para los guardas forestales, la presencia de guardas rurales en el espacio natural protegido es «una infracción de la normativa vigente» e insisten en que se trata de «una vulneración de los derechos y competencias del funcionariado público».

Reuniones infructuosas

Portavoces de la asociación explican que han mantenido varias reuniones con representantes del Cabildo de Tenerife en las que han mostrado su desacuerdo con la medida e informado de que se está cometiendo una ilegalidad. Además, apuntan que «hemos presentado escrito técnico y jurídico para argumentar nuestra posición al respecto».

Entre esas razones esgrimidas hay dos valoradas como fundamentales. Por un lado, que «el Parque Nacional del Teide no se ajusta a la tipología de finca rústica, explotación agraria o coto de caza», por lo que «no se cumplen los requisitos legales para la presencia de guardas rurales en dicho espacio».

Por otra parte, «la Ley de Seguridad Privada no confiere legitimidad a los guardas rurales para ejercer funciones de vigilancia y control en parques nacionales», por lo que «su actuación carece de cobertura legal».

No son sus competencias

Los representantes de la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias han detectado que «los guardas rurales están asumiendo competencias propias de los agentes de la autoridad», tales como «la ordenación y regulación del tráfico» así como «la incoación de denuncias relacionadas asimismo con el tráfico», siempre «mostrando la apariencia de agentes de la autoridad», lo que constituye «una usurpación de funciones públicas» y «una vulneración del artículo 87.2 de la Ley de Seguridad Vial».

Este colectivo entiende que «las funciones de vigilancia, custodia y control ambiental en el Parque Nacional del Teide deben ser desempeñadas exclusivamente por funcionarios públicos legalmente habilitados», en particular por los Agentes Forestales y Medioambientales.

Por otro lado, proponen «la implementación de modelos alternativos y conocidos de gestión en el acceso a los senderos», limitados a funciones de información, orientación y control de aforos, que sean compatibles con el marco legal vigente y que, además, no supongan una invasión de las competencias atribuidas a los agentes de Medio Ambiente y los policías locales.

A juicio de la asociación, la situación actual «puede generar una inseguridad jurídica para la ciudadanía y la propia Administración Pública». Incluso, algunos de los colectivos que rubricaron el documento dirigido a Rosa Dávila se están planteando acudir a la vía judicial para denunciar la situación.

Afmacan es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a agentes forestales y de Medio Ambiente de todas las administraciones públicas en el Archipiélago: Estado, Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos. Sus objetivos, según se publicita, son, entre otros, velar por la conservación del medio ambiente en las Isla y potenciar la protección y el desarrollo profesional de los agentes e informar a la sociedad sobre las funciones y el trabajo de los profesionales. Busca un avance en el desarrollo sostenible en Canarias a través de la formación, la información y la defensa de los intereses de sus asociados.

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