Tres detenidos en el registro de un centro de menores migrantes en el Puerto de la Cruz

La Policía Canaria registró este martes por la mañana el Hotel MyCity, ubicado en el Puerto de la Cruz y reconvertido en centro de acogida temporal para menores migrantes gestionado por la ONG Quorum Social 77. La operación policial se enmarca dentro de la investigación judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que mantiene bajo secreto gran parte de las actuaciones practicadas en el sumario.

Las diligencias de investigación fueron abiertas tras las denuncias presentadas en 2024 y 2025 por menores que habrían sido víctimas de presuntos malos tratos en distintos recursos de acogida y atención gestionados por esta entidad social en el Archipiélago.

Trabajadores apartados

En el caso concreto del centro portuense, que alberga a 130 menores, el Gobierno de Canarias confirma que la operación policial se ha saldado con la detención de tres personas, antiguos trabajadores que ya habrían sido apartados el año pasado tras salir a la luz las denuncias de menores de este centro. No se descarta que en las próximas horas o días se produzcan nuevos arrestos relacionados con los hechos investigados en el Puerto de la Cruz.

Por el momento, el magistrado juez Tomás Martín, que instruye la causa, no ha dictado ninguna orden de cierre de este hotel reconvertido para la atención de menores no acompañados, como sí ocurrió con otros tres centros de atención gestionados por esta ONG en Gran Canaria y Fuerteventura.

Requerimiento a la entidad

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, afirmó este martes que esta actuación tiene que ver con “las investigaciones judiciales iniciadas a raíz de unas denuncias presentadas en abril de 2025 y una actuación de la Dirección General que se puso en conocimiento de la autoridad judicial”. Rodríguez confirma que desde la Dirección General se llevó a cabo “un requerimiento a la entidad para que apartara de manera cautelar a los trabajadores presuntamente implicados en los hechos denunciados”. Según la responsable de Infancia del Ejecutivo regional, "la entidad no solo apartó a esas personas de sus cometidos, sino que las despidió".

En el estado actual de la investigación, este centro del norte de Tenerife continúa abierto, según confirmó Rodríguez, quien añadió que “cualquier decisión adicional que se pueda adoptar dependerá del avance de la causa judicial”. Señaló que no se ha comunicado un posible cierre del mismo porque “funciona correctamente y las personas detenidas ya no estaban vinculadas con este recurso” desde el año pasado.

Siempre se pedirán responsabilidades

La directora general defendió la actuación del Gobierno de Canarias sobre este asunto y destacó que “cualquier acción que suponga un maltrato o vulneración de derechos de estos menores será puesto en conocimiento de la autoridad judicial que corresponda para que investigue y se pidan responsabilidades”.

En abril de 2025, varios menores acogidos en este dispositivo de atención del Puerto de la Cruz denunciaron ser víctimas de presuntas agresiones, amenazas y castigos severos como prácticas “correctivas” habituales desplegadas por algunos de los trabajadores, que, además, habrían utilizado habitaciones cerradas de plantas altas del hotel para aislar a los jóvenes. Aquellas declaraciones situaron a este centro de atención portuense dentro de la órbita de la investigación judicial.

Según datos de la Dirección General de Protección a la Infancia, la organización gestiona casi una veintena de centros con capacidad para cerca de 2.000 plazas, lo que representa aproximadamente el 35% del total de menores migrantes tutelados por la Comunidad Autónoma en los momentos de máxima presión migratoria.

Denuncias e investigación

Las primeras denuncias surgieron a partir de testimonios de menores y trabajadores, que alertaron de presuntos malos tratos físicos y psicológicos, castigos inadecuados y deficiencias en la atención. A raíz de esos hechos, la Fiscalía y el juzgado especializado de Las Palmas abrieron diligencias para determinar si los episodios denunciados eran aislados o respondían a un problema de gestión más amplio.

La investigación dio lugar a registros policiales e intervenciones judiciales en distintos centros gestionados por la ONG en julio de 2025. En Gran Canaria, la justicia ordenó la clausura de dos recursos, con el traslado de los menores que residían en ellos a otros dispositivos del sistema público. Posteriormente se llevó a cabo una nueva actuación en Fuerteventura.

En el desarrollo de esa operación fueron detenidas varias personas con cargos de responsabilidad de esta entidad, entre ellas Delia García, presidenta de Quorum Social 77, y Juan Enrique Quintana Ramos, director de Centros de la organización. Tras comparecer en el Juzgado que instruye la investigación, el magistrado juez Tomás Martín decidió ponerlos en libertad, pero con cargos. También se produjeron detenciones de trabajadores de base de los centros que presuntamente habrían sido señalados en las denuncias presentadas por menores.

La oenegé niega un maltrato estructural

Desde la organización se negó entonces la existencia de un patrón de maltrato estructural y se defendió que los centros cumplían los estándares exigidos por la Administración, atribuyendo los hechos investigados, en su caso, a conductas individuales.

El Ejecutivo autonómico confirmó que tenía conocimiento de quejas y denuncias relacionadas con algunos centros gestionados por Quorum Social 77, pero ha mantenido los conciertos con la entidad hasta ahora mientras avanza la investigación judicial y a la espera de una resolución firme que acredite, o no, responsabilidades penales.

El año pasado, tras la entrada y registro de los dos centros gestionados por esta organización en Gran Canaria, el Gobierno de Canarias señaló que el sistema de protección de menores opera bajo una presión continuada, con recursos habilitados al calor de la emergencia migratoria, y que cualquier decisión que pueda adoptarse desde sus competencias debe basarse en criterios jurídicos y técnicos.

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