Los socialistas acusan a Rosa Dávila de "hacer negocio" con el Teide

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife acusa a la presidenta insular, Rosa Dávila, de «hacer negocio» con el Teide. El principal grupo de la oposición rechaza la contratación de seguridad privada para acometer funciones de vigilancia en el parque nacional. El portavoz del PSOE, Aarón Afonso, se muestra «en contra de la privatización de un símbolo de la Isla», porque «no se puede hacer negocio con algo tan sensible como es la vigilancia de nuestra joya de la corona». Apunta el consejero que la medida «nos parece una falta de respeto» a los trabajadores y trabajadoras de la corporación y «a cientos de personas que se presentan a procesos selectivos públicos invirtiendo tiempo y dinero».

Afonso sostiene que, «además de manifestarnos totalmente en contra» de que se estén privatizando determinados servicios como en el Parque Nacional del Teide, algo que «ni entendemos ni compartimos», la contratación de seguridad privada «es una más de CC y PP no solo en el Cabildo, sino en el Gobierno regional», en esa «hoja de ruta de todo el mandato para privatizar servicios».

Segundo caso

Recuerda que el pasado enero «fuimos muy críticos» con el encargo a la empresa pública Gesplan de la gestión de las áreas recreativas de la Isla, porque «existían listas de reserva vigentes de agentes de medio ambiente para poder llevar a cabo estas tareas». En la actualidad «está pasando algo parecido». Se refiere a que en octubre del año pasado el Cabildo decidió que Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental SA asumiera el servicio de información y de vigilancia del Parque Nacional del Teide hasta el 31 de marzo de próximo. De ahí que el PSOE considere que «no procede» que «en enero convoquen una licitación de casi 5,8 millones de euros para externalizar, a través de empresas de seguridad privada, la vigilancia del parque nacional para los próximos cinco años».

No le pasa inadvertido al consejero que la propia Corporación insular «celebra en este momento un proceso selectivo, convocado desde el verano pasado, para constituir una lista de reserva de agentes de medio ambiente». Las notas, asegura Afonso, se publicaron ayer y faltan las pruebas físicas para completar esta convocatoria. Asegura que más de 200 aspirantes han superado las pruebas teóricas «y vamos a tener una lista de personal formado del que podría nutrirse el Cabildo para prestar estos servicios de seguridad».

El portavoz del PSOE advierte que el rechazo a que las empresas de seguridad privada desempeñen cualquier labor en el Parque Nacional del Teide «es un clamor» entre las organizaciones sindicales, especialmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y de las policías locales.

Los socialistas entienden que contando con recursos públicos, incluidas listas de reserva de agentes de medio ambiente, «esa es la vía» que el Cabildo debe seguir para «cubrir las plazas vacantes de agentes con destino en el parque nacional». Explica que «si no son suficientes para efectuar las labores de vigilancia que en este momento requiere, porque la situación es crítica, se pueden poner en marcha programas de carácter temporal para los próximos tres años con nombramientos de interinos para reforzar con personal preparado, cualificado y que cumpla las exigencias de la ley».

Los guardas rurales

Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, reconoce que los guardas rurales no son agentes de la autoridad, pero advierte de que «si proponemos una nueva regulación hay que aplicarla y poner a alguien que la haga cumplir». Ese, señala, «es el papel del guarda rural que está en el sendero comprobando que la persona lleva su documentación y que sus datos son correctos». Labor que realizan «también por las noches». Recuerda que desde finales del año pasado, «los botellones desaparecieron del parque nacional».

Sentencia la consejera que «no vamos a suplir a los agentes de medio ambiente, lo que tenemos son auxiliares». Los guardias rurales empezaron a actuar en el Parque Nacional del Teide desde octubre del año pasado a través de la modificación de una encomienda a Gesplan, a partir de la primera regulación de acceso al estratovolcán.

La consejera Blanca Pérez destaca que «desde que hay guardas rurales se acabaron los botellones en el parque»

Admite la consejera que se trata de seguridad privada, pero «controlada por la Guardia Civil y con funciones propias». Pone el ejemplo de los aeropuertos donde en el control están los agentes de la autoridad, los guardias civiles, «pero ni revisan las maletas ni comprueban si se lleva la vestimenta adecuada. Eso lo hacen los auxiliares y, en este caso, es igual».

Incide en que «hasta que no cubramos las plazas de agentes de medioambiente en marcha no teníamos a nadie en el parque por la tarde y necesitábamos garantizar la seguridad y la protección del espacio natural». Al no disponer de la transferencia de las competencias completas en la gestión hasta el comienzo de este año, «no podíamos aumentar la plantilla», con el handicap de que «somos el único organismo que no tiene policía».

Blanca Pérez apunta que los guardas rurales no son agentes de la autoridad y carecen de capacidad sancionadora. Cuando no haya esa autoridad en el parque y un vehículo esté mal estacionado, pueden realizar una denuncia voluntaria, como cualquier ciudadano. Si hay una infracción, deben avisar a los agentes o a la Guardia Civil.

Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, considera que «emplear agentes de seguridad privada para realizar funciones que no les corresponden en el Parque Nacional del Teide es del todo irregular». Entendería «lógica» su utilización en los centros de visitantes o museos, pero, subraya, «no en las funciones que se les asignan ahora», porque «quienes pueden realizarlas son los agentes de medio ambiente y la policía».

Entiende Coello que «con este dinero podrían sacarse muchas más plazas». Matiza que «el Cabildo no soluciona el verdadero problema en el Teide, que es la enorme afluencia de visitantes». A su juicio, «un agente de seguridad privada no puede actuar ante una infracción administrativa; en todo caso, debe llamar a uno de medio ambiente para que levante acta». Concluye que se trata de «un despilfarro de dinero público, un sinsentido y una ilegalidad».

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