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Pensionistas convocan una manifestación en Santa Cruz para exigir un sistema público “fuerte y suficiente”

La movilización se celebrará el próximo lunes 23 de febrero en el Reloj de Flores del Parque García Sanabria

Imagen de archivo de una movilización de pensionistas celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

Imagen de archivo de una movilización de pensionistas celebrada en Santa Cruz de Tenerife. / ED

Santa Cruz de Tenerife

Los pensionistas volverán a movilizarse en Santa Cruz de Tenerife para reclamar la protección y el refuerzo del sistema público de pensiones. La concentración, convocada por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, se celebrará el próximo lunes 23 de febrero a las 11.30 horas junto al Reloj de Flores del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife.

El sindicato CCOO Canarias ha anunciado que se sumará a la convocatoria para respaldar la defensa de unas pensiones que califican como “fuertes, suficientes y garantizadas”.

Una movilización en defensa del sistema público

La protesta tiene como objetivo reivindicar la solidez del sistema público y exigir que se preserve el poder adquisitivo de los jubilados. Desde el colectivo convocante y el sindicato recuerdan que las pensiones constituyen un derecho consolidado tras décadas de cotización y trabajo, y no deben verse afectadas por disputas políticas.

El papel social de los pensionistas

Desde CCOO Canarias subrayan que el colectivo de pensionistas desempeña un papel clave en la cohesión social. Más allá de haber contribuido durante décadas al desarrollo económico, muchos jubilados sostienen hoy a sus familias debido a la precariedad laboral y el aumento del coste de la vida.

En numerosos hogares, explican, las pensiones son una fuente esencial de ingresos que permite afrontar gastos básicos, apoyar a hijos y nietos o asumir tareas de cuidado.

Revalorización y estabilidad, ejes de la reivindicación

Uno de los puntos centrales de la movilización es la defensa de la revalorización anual de las pensiones. Las organizaciones consideran “inadmisible” que su actualización pueda verse comprometida por bloqueos o enfrentamientos partidistas.

El mensaje que trasladan es claro: las pensiones no deben convertirse en un instrumento de confrontación política, sino en una prioridad institucional basada en el consenso y la responsabilidad.

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