La multimillonaria concesión del agua parte al gobierno de Puerto de la Cruz

El multimillonario contrato de aguas y saneamiento aprobado el martes genera la primera fricción en el seno de la coalición del gobierno municipal de Puerto de la Cruz entre el Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Asamblea Ciudadana Portuense (ACP). El concejal de ACP y primer teniente de alcalde, David Hernández, se opone a la concesión por 40 años del mayor contrato público del Ayuntamiento, la gestión del ciclo integral del agua, por 420 millones de euros.

Votación inusual

La concesión, que tras la aprobación en el pleno saldrá a concurso público, recibió el apoyo mayoritario gracias a los votos de PP, CC y el principal partido de la oposición, el PSOE. El otro componente del tripartito, ACP, clave en la moción de censura que desalojó a los socialistas del gobierno local en agosto de 2024, se desmarcó del contrato.

Unanimidad en ACP

En realidad solo dio el "no" uno de los dos ediles de ACP, David Hernández. El otro concejal de Asamblea, Alberto Cobo, responsable de las áreas de Empleo, Deportes y Promoción de la Salud, se ausentó del pleno, según fuentes del partido por razones personales. Estas mismas aclararon que hay unanimidad en ACP a la hora de rechazar las nuevas condiciones del abastecimiento y tratamiento del agua en la ciudad turística.

Desacuerdo en la duración

La negativa de Asamblea Ciudadana Portuense se centra en la duración de la concesión administrativa. «No responde a un posicionamiento político coyuntural, sino a un criterio estrictamente técnico y jurídico», puntualiza David Hernández.

Oficina Nacional de Evaluación

El primer teniente de alcalde portuense y responsable de las áreas de Urbanismo, Participación Ciudadana e Igualdad, se apoya en un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda cuya intervención es preceptiva en contratos concesionales de esta magnitud.

Hernández recuerda que en este dictamen, la ONE concluye que el periodo razonable de duración de la concesión de un contrato como el que acaba de aprobar el Consistorio de Puerto de la Cruz se sitúa en 24 años, en coherencia con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, y no de 40 años, que es casi el doble.

Normativa clara

«ACP entiende que la normativa es clara: la duración de una concesión no puede exceder el tiempo necesario para que el concesionario recupere la inversión y obtenga una rentabilidad razonable en función de los objetivos del contrato», asegura el teniente de alcalde, que añade: «No se trata de una decisión discrecional. Para ACP, ampliar el plazo hasta 40 años , 16 más de los estimados en el informe técnico estatal, exige una justificación que no se ha aclarado de la forma necesaria, y que puede favorecer los intereses de la empresa que resulte ganadora por encima del bolsillo de los y las portuenses».

Fórmula elegida

La fórmula elegida puede tener incluso problemas legales. Según Asamblea, el informe de la Oficina Nacional de Evaluación también advierte de la necesidad de acreditar adecuadamente la transferencia del riesgo operacional al concesionario, elemento esencial para que jurídicamente el contrato pueda configurarse como concesión administrativa. «Esto resulta especialmente relevante, ya que afecta al encaje legal del modelo elegido y a la seguridad jurídica del procedimiento», detalla Hernández.

Un pero muy importante

«Claro que defendemos que salga esta concesión lo antes posible», matiza el responsable de Urbanismo, «pero también con las mayores garantías para defender los intereses de la ciudadanía». «Nos asombra que el PSOE, a la hora de la verdad, cuando hay que tomar decisiones importantes, se ponga del lado de los suculentos beneficios de las grandes empresas», concluye.

ACP presentó una enmienda en la que propuso dejar el expediente de la nueva concesión de aguas sobre la mesa y constituir una comisión de estudio con participación de todas las fuerzas políticas y asesoramiento técnico especializado.

Reminiscencia de Playa Jardín

Uno de los puntos clave del nuevo contrato está en el saneamiento del barrio costero de Punta Brava, donde están la depuradora y el emisario que provocaron el cierre de Playa Jardín durante casi un año por la aparición de aguas fecales.

Por este caso, seis cargos públicos, entre ellos David Hernández y Alberto Cabo Padrón (ACP), están imputados por un delito contra el medio ambiente. Junto a ellos también están investigados el exalcalde socialista, Marco González, la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez (Coalición Canaria), el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), Javier Davara, y el exconsejero de Turismo de la institución insular, Alberto Bernabé. El proceso judicial ya está en la fase de instrucción tras la declaración de los imputados.

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